Ya se dilucidará si los votos en favor del candidato Sebastián Piñera, que afloraron en la segunda vuelta, fueron en la primera ronda a José Antonio Kast, Carolina Goic, o, incluso, a candidatos más distantes de Chile Vamos. Lo concreto es que, extinguido el triunfalismo con que la candidatura Piñera llegó a la primera vuelta, y reducidas a dos las opciones, el triunfo de aquella que representaba la mejor posibilidad de retomar el crecimiento y el progreso fue contundente, y ratificó lo que parecía un diagnóstico claro antes de la primera vuelta electoral: el país mayoritario no estaba dispuesto a sacrificar sus expectativas de progreso a una revisión ideológica del modelo que le había traído bienestar.

Ahora, porque le interesa a todo el país, y a la coalición entrante porque de ello depende su posibilidad de proyectarse más allá de un período de gobierno, es importante que el gobierno que llega restablezca prontamente las bases para el crecimiento que pudieran haber quedado vulneradas tras cuatro años de Nueva Mayoría. Eso supone identificar claramente las correcciones cruciales para retomar el crecimiento en el corto plazo. Y, lo más exigente, supone una disposición a incurrir en costos políticos para restablecer la capacidad de crecer de la economía.

Una clave para restaurar el crecimiento está en la corrección de la Reforma Laboral. El país ha quedado con una legislación que autoriza huelgas indefinidas (el vínculo laboral no se extingue si la huelga se prolonga), con trabajadores autorizados para contratarse en otra empresa mientras persiste la huelga en su empresa original, y con las empresas sin posibilidad de reemplazo interno ni externo de trabajadores en huelga. Los problemas se resolverán con pagos que serán percibidos como impuestos, difíciles de acotar en su monto, y de magnitud muy diferente según se trate de empresas intensivas en trabajo o capital. En definitiva, una grave limitación a las posibilidades de gestionar las empresas, que seguirá pesando sobre la inversión.

En materia tributaria, el proyecto de Chile Vamos solo promete volver -paulatinamente- a la integración completa del impuesto a empresas y personas, y una reducción de la tasa del impuesto a las empresas hacia la media observada en la OCDE. Esta propuesta parece insuficiente: Chile, con esas solas correcciones, tendrá el récord OCDE de recaudación por impuestos a las empresas, o, lo más probable, verá proliferar tratamientos especiales, que van a introducir ineficiencia y discriminaciones injustas.

Asimismo, si lo que afecta a la inversión son los cambios en la tasa de tributación en el país, respecto de la aplicada a las empresas en otros países, Chile, que perdió competitividad por las reformas durante este período, puede enfrentar una nueva desventaja por la reducción en estos tributos en Estados Unidos y otras plazas muy relevantes.

Naturalmente el gobierno entrante preferiría abordar con tranquilidad los problemas económicos heredados de la Nueva Mayoría, como una forma de mantener un buen entendimiento con la futura oposición. Siendo ello razonable, el riesgo de incurrir en un excesivo gradualismo, que en definitiva no dé seguridad sobre la restauración de las claves para crecer, podría a la larga frustrar las expectativas de recuperación de la pujanza de nuestra economía.