"¿Por qué la homoparentalidad es altamente cuestionable y no debiera legitimarse? Porque las parejas con atracción hacia el mismo sexo son propensas a la disolución; porque tienen una grandísima sucesión de parejas y no logran fidelidad ni exclusividad sexual, debido a que tienen mayor violencia en su interacción a raíz de sus excesos; porque tienen muchísima más alta tasa de trastornos psiquiátricos, afectivos, ansiosos, alimentarios y hasta de suicidios; porque tienen 400 veces más riesgo de VIH; y porque tienen una vida media 20 años más corta"; "Esto es un matrimonio impostor jurel tipo salmón".
Estas frases están consignadas en las actas de la Comisión de Constitución de la Cámara, que recopila las presentaciones que realizaron agrupaciones "pro familia" durante la discusión del proyecto que regula las uniones civiles entre parejas de igual o distinto sexo que conviven. La iniciativa será votada el próximo jueves en la Sala de la corporación, antes de regresar en su tercer trámite al Senado. Y el objetivo es despacharlo durante este mes.
Para las organizaciones que defienden la diversidad sexual, como la Fundación Iguales y el Movilh, ese tipo de argumentos demuestran el bajo nivel del debate que se produjo en las últimas sesiones, de las que, incluso, muchos de los parlamentarios se ausentaron. A juicio de estos grupos, la tramitación fue "caótica", con indicaciones presentadas a altas horas de la noche, en medio de un confuso debate.
Casi de forma inadvertida, el martes, pasadas las 21 horas, un grupo de diputados oficialistas intentó incluir un cambio de última hora: la posibilidad de adopción. La alerta se encendió en la oposición, y el presidente de la instancia, Ricardo Rincón (DC), tuvo que declararla inadmisible. Pero, en paralelo, otros dos cambios sí prosperaron, generando críticas cruzadas de la Nueva Mayoría y la Alianza.
En el primer sector miraban extrañados una unión de fuerzas entre el PS y la UDI, que votaron a favor de una indicación que coarta la opción de que los convivientes puedan encargarse del cuidado personal de un niño, si sus padres biológicos han fallecido o se encuentran inhabilitados para hacerlo. Y en el segundo sector reprochaban que se reconociera en Chile los matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero, otorgándoles en nuestro país los mismos derechos que los que establece el proyecto de uniones civiles.
Todo lo anterior, sumado a escenas como las protagonizadas a mediados de diciembre por un pastor evangélico que insultó a los legisladores que apoyan la iniciativa, configuró un trámite diametralmente opuesto al que se vivió durante el primer trámite en el Senado, en el que se posibilitaron varias modificaciones que perfeccionaron y profundizaron los alcances del proyecto que inicialmente presentó en 2011 el gobierno de Sebastián Piñera.
EL ORIGEN Y LA CONFUSIÓN
La idea había sido propiciada años antes por Andrés Allamand (RN), durante su período como senador previo a su frustrada carrera presidencial. Acuerdo de Vida en Común (AVC) era la denominación inicial, hasta que Piñera tomó la idea y la presentó como Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), abriendo uno de los tantos conflictos que lo enfrentó a la UDI durante los dos primeros años de su administración. Incluso, por esos días hubo quienes en el gremialismo dijeron públicamente que les daba "vergüenza" tener a Piñera como jefe de Estado.
Desde entonces, la iniciativa ha experimentado, para bien y para mal, varias modificaciones. La más llamativa es el cambio de nombre a Pacto de Unión Civil (PUC). En privado, las bromas entre los parlamentarios surgieron de inmediato cuando se concretó esa modificación en la Comisión de Constitución de la Cámara, para muchos con una inentendible falta de previsión por el alcance de las siglas con la Universidad Católica. De hecho, el rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez, pidió públicamente que se rectificara el nombre del proyecto.
LA TRANSFORMACIÓN
Antes de eso, estos fueron los principales cambios que se habían concretado en la Cámara Alta, en relación con el texto original: se estableció un parentesco por afinidad con los parientes de la pareja que contraiga la unión civil; el contrato se establecerá en el Registro Civil, no en una notaría privada, como se planteaba inicialmente; el término de la convivencia se deberá notificar personalmente, no mediante una carta certificada, como estaba estipulado en el proyecto inicial; la herencia se igualó a la que hoy tienen los cónyuges de un matrimonio; y se creó un nuevo estado civil para estas personas, que se denominará "conviviente civil". Así, serán los tribunales de familia, y no los juzgados civiles, los que tendrán la competencia para resolver cualquier aspecto legal.
EL LOBBY
Entre el segundo semestre de 2013 y marzo de 2014, los líderes de la Fundación Iguales y el Movilh, Luis Larraín y Rolando Jiménez, respectivamente, sostuvieron reuniones de forma individual con los entonces miembros de la Comisión de Constitución para definir los perfeccionamientos que se impulsarían: Hernán Larraín (UDI), Alberto Espina (RN), Patricio Walker (DC) y Soledad Alvear (DC). La primera etapa resultó dificultosa. Las visiones de los representantes de la falange no diferían mucho de las posturas que planteaba la Alianza. Y el otro integrante de esa instancia, Carlos Larraín (RN), nunca los recibió ni respondió los correos electrónicos que le enviaban.
Pero, al final, a excepción de la intención del senador gremialista Hernán Larraín de acotar el proyecto sólo a parejas homosexuales -postura en la que la UDI insiste, sin éxito, hasta el día de hoy-, él y el resto apoyaron las propuestas de las organizaciones que defienden la diversidad sexual. Y el trabajo se reforzó con la llegada a la comisión, en marzo de 2014, de senadores con ideas más liberales: Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD) y Pedro Araya (independiente).
Las gestiones fueron trascendentales para orientar el proyecto hacia una lógica "familiar", modificando el diseño inicial de Piñera, que, a juicio de las organizaciones de diversidad sexual, tenía un carácter netamente "patrimonial". Si bien en la fundamentación del texto del gobierno anterior se reconocía la existencia de "distintos tipos de familia", en los artículos del proyecto ese criterio no se plasmó.
Sin embargo, pese al lobby, hubo un aspecto que quedó excluido: los sistemas de previsión de las FF.AA. -como Capredena o Dipreca- en la ley, ya que actualmente sólo se consideran a las AFP o cajas de previsión. Esto era visto como imposible en el gobierno. El 16 de diciembre pasado, el ministro Álvaro Elizalde (Segegob) se reunió con Iguales y el Movilh en La Moneda, y les entregó un recado del Ministerio de Hacienda: "Es mucha plata".
En medio de este escenario, mañana se reunirán las organizaciones con un grupo de diputados, entre ellos Hugo Gutiérrez (PC), para conocer cómo votarán los parlamentarios el próximo jueves. Y es que existe la opción de rechazar ciertos cambios que se introdujeron en la Cámara, para retornar a la postura inicial -más favorable, a juicio de ellos- que había en el Senado.
