En el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en una celda con otros cuatro internos, pasa sus días Rafael Garay. Quienes han tenido contacto con él indican que está notoriamente más delgado, viste ropa deportiva y que "debe andar con especial cuidado" cuando camina por los pasillos de los centros penitenciarios. Esto, explican, porque es catalogado como "ficha".
Dentro de la prisión, se les otorga este apodo a todos quienes son mediáticamente conocidos, y si son golpeados, el reo autor de la agresión recibe "puntos" dentro de la prisión. Garay, además, recibe pocas visitas, entre quienes se encuentran su hermana, su actual pareja y la madre de su hijo.
En el área procesal, ya ha contado con cuatro abogado. En primer lugar, fue representado por la Defensoría Penal Pública, ente que intentó oponerse a que fuera extraditado desde Rumania. Una vez en Chile, fue defendido por el abogado Reynerio García de la Pastora, quien lo acompañó durante la formalización y las dos declaraciones que prestó ante el Ministerio Público. Esta relación terminó hace menos de un mes y luego, por un plazo cercano a las tres semanas, estuvo a cargo del abogado Carlos Hidalgo. Desde fines de la semana pasada volvió a ser representado por defensores públicos.
Según el abogado querellante y ex fiscal nacional Sabas Chahuán, "la causa comenzó bastante compleja, porque hubo que solicitar la extradición a Rumania y ahí hubo una serie de incidencias planteadas por la defensa, pero se llevó a cabo en muy buena forma por la fiscalía". Añadió que "es una investigación en que se han hecho muchas diligencias, especialmente dedicadas a buscar los bienes de este estafador, pero por ahora no se ha logrado".
Chahuán también dijo que se interpondría una acción civil cuando en la causa se presente acusación y se llegue a juicio oral. "Así, en caso de que aparezcan bienes, se pueda hacer efectiva esa responsabilidad civil. Vamos a instar por todas las vías para que mis clientes sean reparados", aseguró.
En el marco de esta indagatoria, la PDI elaboró un análisis de los gastos e ingresos de Garay. Así, quedó establecido que entre octubre de 2011 y septiembre de 2016 recibió más de $ 1.661 millones y cerca de la mitad lo gastó en pagar presuntas rentabilidades a sus clientes.
Además, en mayo pasado, se autorizó que una de las víctimas recibiera $ 1 millón que el ingeniero había depositado en el tribunal. Esto, para buscar reparar el mal causado.
Si bien estaba contemplado que en los próximos días se realizara el cierre de esta indagatoria, el fiscal José Morales solicitó audiencia para ampliar el plazo. El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la discusión al respecto.
Entre los motivos que llevaron al persecutor a solicitar esta audiencia está que aún falta recibir información por parte de los bancos de algunas de las víctimas. Además, se debe dar curso a las solicitudes que presentaron las defensas
