En junio de 2016, la venezolana Angela Vásquez, de 24 años, llegó a un hospital público en Barquisimeto, una ciudad en el estado de Lara, con fuertes dolores de estómago. Los médicos, que la diagnosticaron rápidamente de apendicitis aguda, le entregaron una lista a sus padres con los insumos que necesitaban para la operación. Sin mirarla demasiado, salieron rápidamente del hospital, hacia la primera farmacia que encontraron. Algo que parecería poco usual en el continente se ha convertido en una situación "normal" en las clínicas y hospitales en Venezuela. En el hospital de Barquisimeto y para esa operación los médicos necesitaban de suturas, solución intravenosa y herramientas quirúrgicas. Pero el convulsionado momento que atraviesa el país no sólo ha generado escasez de alimentos, sino que también de medicinas en los principales recintos médicos venezolanos.
El caso de Angela fue presenciado por la organización Human Rights Watch (HRW), que en su informe "Crisis humanitaria en Venezuela: la inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos", dado a conocer el lunes, detalla un panorama crítico que es omitido por el gobierno chavista de Nicolás Maduro. La falta de medicamentos básicos, como antibióticos y analgésicos, y algunos insumos vitales para cualquier procedimiento, como guantes estériles, gasa o alcohol, hacen que la salud en Venezuela sea una ruleta rusa.
En el caso de Angela, esa noche tuvo que aguantar fuertes dolores. Todas las farmacias ya estaban cerradas cuando sus padres salieron a buscar los insumos. A la mañana siguiente, finalmente pudo ser operada, pero bajo el riesgo de con-traer una infección tras la intervención: en ningún lugar pudieron conseguir los antibióticos indicados para evitar cualquier tipo de contagio.
Durante esos días se pudo observar en ese mismo hospital en Barquisimeto a un niño pequeño esperando ser atendido con una gran herida en su rostro, lo había mordido un perro. El hospital no tenía vacunas contra la rabia para aplicarle y su madre no logró conseguir una. Para realizar el informe, HRW entrevistó a más de 100 personas en junio de 2016 en Caracas y otros seis estados: Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia. Visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación ligada a la salud. Los casos recopilados por el organismo muestran una situación devastadora.
Centros psiquiátricos
En un hospital psiquiátrico en Trujillo, la situación con los enfermos mentales más graves se ha vuelto especialmente difícil. Según el equipo médico, durante 2016 el hospital no ha recibido medicamentos.
Los pacientes con mayores complicaciones, aquellos que presentan, por ejemplo, una conducta agresiva acentuada por la falta de medicinas, han tenido que ser encerrados de forma permanente en habitaciones que ya parecen celdas. "No tenemos fármacos antipsicóticos, no tenemos anticonvulsionantes, no tenemos absolutamente nada", dijo una profesional de la salud a HRW. "Por eso, la mayoría termina dentro del área de aislamiento para que no se escapen, para que no les hagan daño a los otros compañeros o a nosotros mismos", aseguró. Muchos de estos profesionales no dieron sus nombres reales. El informe también revela que criticar la crisis humanitaria puede costar caro: se ha castigado a profesionales de la salud, defensores de DD.HH. e incluso ciudadanos corrientes por cuestionar el desabastecimiento.
Los niños también están sufriendo por la falta de medicinas. María, de cuatro años, tiene asma. A menudo sufre fiebre y convulsiones por una neumonía recurrente. Dos semanas antes de ser visitada por los investigadores de HRW en su casa en Maracaibo, en Zulia, había sido internada. Fue tratada con antibióticos durante dos días y luego recibió el alta médica. El tratamiento, en el pasado, duraba una semana, pero ni su familia ni el hospital podían pagar el costo del antibiótico. El día en que HRW la visitó en su hogar, María tenía fiebre y convulsiones y sus familiares no sabían qué hacer. Ya no tenían dinero para el tratamiento. "Dejamos de comprar comida para poder comprar el antibiótico a la niña. Así es como tenemos que hacer ahorita los venezolanos", aseguró su abuela a HRW.
Noel Varela tiene 48 años y necesita dosis diarias de medicamentos antiepilépticos, como la carbamazepina. Una caja de 20 comprimidos le dura un poco más de tres días. En la ciudad de Valencia, en Carabobo, no ha logrado encontrar este medicamento desde mediados de 2015. En el mercado negro, una caja se vende a un valor 100 veces superior al precio regulado por el gobierno, y en Ecuador, donde lo consiguió una vez, a 1.700 veces el precio en Venezuela, lo que equivale a más de 25% de su sueldo. Según HRW, las redes sociales han sido vitales en esta búsqueda incesante de medicamentos. Es el caso de Carlos Sánchez, de 33 años, y que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en octubre de 2015. Sánchez, que vive en Maracay, en Aragua, utiliza WhatsApp, Instagram y Facebook para solicitar los medicamentos que necesita cada vez que tiene que operarse. Algunos de ellos son antibióticos, soluciones salinas y analgésicos. Lo mismo le sucede a Lizbeth Hurtado, de 30 años, y que tiene el mal de Cröhn, una enfermedad gastrointestinal crónica. Desde mediados de 2015, ha sufrido pérdidas de peso y cabello por la interrupción de su tratamiento. En Caracas, donde reside, ha creado una red de contactos a través de redes sociales para personas que padecen enfermedades similares. Cuando no puede conseguir medicinas en ningún lugar, contó a HRW, ha tomado comprimidos vencidos.
Los diabéticos también han tenido que organizarse. "Esa angustia, esa incertidumbre es un estrés diario", dijo la madre de Carol, una niña de nueve años en Valencia con esa enfermedad. No solo consiguen insulina desde distintos lugares de todo el país a través de las redes sociales, sino que también apoyan a otros padres en la misma búsqueda. Otros usan el trueque para intercambiar medicinas.
