Un pacto tenebroso entre un alcalde, su esposa, policías y criminales que causó la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de fosas clandestinas en México han puesto en una encrucijada al presidente Enrique Peña Nieto, y al país frente al espejo.

Después de dos años del actual gobierno, cuando ya casi se hablaba de México sólo por sus profundas reformas estructurales y por un moderno proyecto de aeropuerto para la capital, el país ha vuelto a los titulares por la violencia y las evidencias de fragilidad institucional, que nunca se habían ido.

El caso Iguala mostró la otra cara: la corrupción y la impunidad, que permitieron al alcalde de una ciudad de 140.000 habitantes situada a menos de 200 kilómetros de la capital hacer mancuerna con un cártel de las drogas y mandar a la policía y a sicarios a disparar y perseguir a estudiantes para que no arruinaran un acto de su esposa.

En México "tiene que haber un antes y un después de estos hechos, y el Estado tendría que demostrar su compromiso con los derechos humanos porque ha fallado", dijo Perseo Quiroz, representante de la organización Amnistía Internacional en México, a la prensa. "Si no hay un viraje, vamos a seguir recogiendo cadáveres", añadió.

El alcalde prófugo José Luis Abarca, miembro del Partido de la Revolución Democrática (opositor, de centroizquierda), bailaba en una plaza cuando el 26 de septiembre llegaron a Iguala unos 80 estudiantes de la escuela del magisterio "Raúl Isidro Burgos", conocida como la Normal de Ayotzinapa.

Su esposa y aspirante a sucederlo en el cargo,

María de los Ángeles Pineda Villa

, hermana de tres ex operadores del cártel de los Beltrán Leyva, encabezaba ahí una celebración con motivo de su informe de labores como titular del organismo gubernamental para la familia.

Policías municipales y "halcones" (informantes) de Guerreros Unidos, cartel para el cual trabajaban el alcalde y su esposa según la fiscalía, alertaron sobre la presencia de los jóvenes en cuanto notaron su llegada. Eso preocupó al alcalde, que dio la orden de bloquearles el paso. 

Los "normalistas" de Ayotzinapa, alumnos de comunidades pobres que estudian bajo régimen de internado para ser maestros de primaria, tienen una tradición combativa con acciones como bloqueos callejeros y toma de casetas de autopistas.

Un año antes habían participado en incidentes contra la alcaldía de Iguala en protesta por el asesinato de un líder social, del cual se acusa también a Abarca.

Así que el alcalde decidió actuar rápido. Ordenó a la policía que les impidiera llegar. Los policías bloquearon la carretera, abrieron fuego y persiguieron a los estudiantes. Confundieron el autobús de un equipo de fútbol de tercera división con los jóvenes perseguidos. También les dispararon.

Hubo seis muertos: tres alumnos de Ayotzinapa, un futbolista de 15 años, el chofer del equipo y una mujer que iba en taxi. Uno de los alumnos no sólo fue asesinado, sino que además le fue arrancada la piel de la cara y le sacaron los ojos.

Después del tiroteo, los agentes se llevaron a los estudiantes de un autobús y los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, que dieron por hecho que eran integrantes del grupo rival de Los Rojos.

¿Qué pasó después? No se sabe. Los llevaron en una camioneta hasta un paraje cercano. Dos criminales detenidos dijeron que ellos habían matado a 17 y que los habían enterrado en fosas clandestinas en un cerro. Hay 52 arrestados. 

Se encontraron nueve fosas con 30 cadáveres, pero aún no se sabe quiénes son esos muertos porque los estudios de ADN de la fiscalía y de la policía federal dieron negativo y se está a la espera de resultados independientes de peritos argentinos, designados por las familias. La fiscalía no descarta que puedan dar otros resultados.

"Creo que mi hijo está con vida y aquí lo estaré esperando", dijo a dpa la madre de uno de los desaparecidos, Margarita Zacarías, en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, en una de las tantas marchas que se han realizado para exigir la aparición con vida de los estudiantes.

Aunque cada vez parecen desvancerse más las esperanzas, padres y hermanos no se resignan a pensar que puedan estar muertos, como tampoco los familiares de otros 22.000 desaparecidos en México en los últimos años, en medio de la lucha contra los cárteles de las drogas y el goteo continuo de cadáveres que aparecen en fosas clandestinas.

"Este evento pone en discusión toda la narrativa que el gobierno federal ha tenido sobre los éxitos en materia de combate a los delitos", dijo a dpa Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano sobre la seguridad.

Podría servir para algo pero sólo "si lo entienden no como un evento aislado", afirmó. "Es una excelente oportunidad para el gobierno para sentarse y replantear si existe o no existe una estrategia profunda para reconstruir las instituciones".