Los eventuales conflictos de interés que enfrentará el gabinete

El día antes de que Sebastián Piñera anunciara la composición de su gabinete, en medio de la sesión fotográfica que el mandatario electo instruyó se tomaran los 23 futuros ministros, un equipo de expertos en administración pública aprovechó de interrogar a varios de los próximos secretarios de Estado.

Según describen, a solas y por cerca de media hora con cada uno, los expertos -provenientes de la Fundación LyD- preguntaban acerca de posibles conflictos de interés entre sus negocios y su cartera asignada. También sobre si habría en el pasado hechos vinculados a violencia intrafamiliar. O bien, si habría algo que debiera tenerse en cuenta sobre su vida privada.

Desde el equipo del presidente electo afirman que la idea fue sostener largas conversaciones con las autoridades y, a la vez, instruirlos sobre la nueva ley de probidad y las disposiciones sobre inhabilidades, mandatos o declaración de intereses y patrimonio.

Testigos dicen que ese fue un último paso de un exhaustivo proceso de chequeo y cruce de información realizado sobre los ministros. También describen que tanto la vocera Cecilia Pérez como el futuro titular Segpres, Gonzalo Blumel, estuvieron involucrados en el trabajo que incluyó revisión de redes sociales, Dicom, causas judiciales y Diario Oficial.

"Con esa información en mano se tomaron las decisiones", dice una alta fuente del próximo gobierno, asegurando que la información fue determinante.

La nueva ley de probidad es una de las prioridades de estudio del nuevo gabinete. De hecho, a los futuros secretarios de Estado se les han realizado capacitaciones sobre los alcances de la normativa.

"Hoy existe toda una normativa en la materia, existen distintos cuerpos legales, desde la ley de bases de administración del Estado hasta leyes más recientes, como la de probidad pública o ley de lobby, que garantizan un mejor abordaje de distintas materias", dice el director ejecutivo de Avanza Chile, Blumel.

A diferencia del primer gobierno, Piñera espera cerrar flancos sobre cuestionamientos, así como solucionar a través de la misma ley los potenciales conflictos que incluyen inhabilidades, obliga- ciones y hasta el reconocimiento de conflictos. En ese sentido, la ley da un plazo de 90 días desde que los nuevos ministros asuman, para que estos conformen un mandato a terceros o enajenen acciones que posean en sociedades anónimas abiertas por un monto superior a 25 mil UF. A su vez, el 11 de abril todos deben tener su declaración de patrimonio e intereses entregada, donde se detallan potenciales conflictos.

Algunos de los casos en que se podrían cruzar los intereses privados con los públicos, y que deberían ser resueltos, se cuentan los vínculos societarios que mantiene Gerardo Varela, el nuevo titular de Educación. También la labor como gestora de intereses de Gloria Hutt, designada en Transportes -en relación a su trabajo con TurBus-. Y además los lazos del próximo ministro de Salud, Emilio Santelices, con Clínica Las Condes. Y un caso que tuvo especial atención fue el de la nueva ministra de Energía, Susana Jiménez, cuyo esposo, Marcos Comparini, está vinculado al caso Penta y, además, debió renunciar a la empresa eléctrica Enlasa. b

El mismo día en que fue formalizado el ex administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, el 1 de octubre de 2015 también se leyeron cargos por delitos tributarios contra un alto ejecutivo de las empresas Penta, Marcos Comparini Fontecilla, marido de la próxima ministra de Energía, Susana Jiménez. Su vínculo familiar fue revisado mientras se tomaron las decisiones para componer el gabinete. Sin embargo, desde el piñerismo se enfatiza: "Ella es ella, él es él". De hecho, quienes no visualizan un problema para el gobierno, explican que quienes lo hacen caen en apreciaciones "sexistas". Sin embargo, más allá de la causa judicial, quienes advierten un conflicto señalan que podría abrirse un flanco en relación a Minera Dominga -de la familia Délano. Esto, porque su cartera es parte del Comité de Ministros que podría volver a ver el caso, según lo que falle el Tribunal Ambiental. En tanto, y para evitar otros cuestionamientos, Comparini renunció el martes al directorio de la empresa Energía Latina (Enlasa).

El nombramiento de Gerardo Varela como futuro ministro de Educación fue una de las mayores sorpresas del nuevo gabinete de Sebastián Piñera. Y si bien su nombre es cuestionado por profesores y agrupaciones de estudiantes, sus 28 años de ejercicio como abogado corporativo le han abierto camino en el mundo empresarial. En este ámbito, resalta su designación como presidente del directorio de Soprole o su cargo de vicepresidente de Iansa, hasta 2016. Pero Varela también incursionó en el mundo de los negocios propios: según registros de Diario Oficial e información comercial, mantuvo participación en, al menos, 10 sociedades y posee propiedades avaluadas en $ 1.600 millones.

Entre las sociedades en las que participa está "Progreso Regional Aquinas S.A.", la cual está dedicada a desarrollar "proyectos educativos en cualquier ámbito de la formación educacional". En la vereda del derecho, en tanto, Varela asesoró a Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica, en la venta de Canal 13 al grupo Luksic. También defendió a altos ejecutivos de Larraín Vial implicados en el caso cascadas.

"Sociedad de inversiones y consultoría Quiz SPA" es el nombre de la empresa que en junio de 2014, justo después de dejar la Subsecretaría de Transportes, formó Gloria Hutt junto al ex titular de esa cartera, Pedro Pablo Errázuriz. Fue a través de esta firma que Hutt se reunió en 2016 con funcionarios de Transportes, en calidad de "gestora de intereses", a fin de conocer los "proyectos de inversión portuarios" que el ministerio tenía en carpeta. La cita se realizó en el edificio de calle Amunátegui 139, las mismas oficinas que serán su nuevo despacho a partir de marzo, cuando asuma como ministra del ramo. Su última actividad como gestora de intereses data del 22 de mayo de 2017, cuando se reunió con la ministra Paola Tapia. Además hasta diciembre pasado, Hutt asesoró al consejo directivo de TurBus, empresa que busca ganar la licitación de tres tramos del Transantiago entre 2018 y 2028.

"Me voy a atener a todo lo que dice la ley en este sentido, y no me moveré ni una coma de ello. Lo que sea correcto, jurídicamente impecable y transparente", aseguró ayer Emilio Santelices Cuevas, recién designado ministro de Salud, al ser consultado sobre su participación en la Clínica Las Condes, donde posee acciones por menos del 1% de la propiedad.

Pero, además de estas acciones, Santelices registra otras sociedades vinculadas al área de la salud. Es así como desde los años 90 ha formado parte de, al menos, cinco sociedades médicas mediante las cuales prestaba servicios de salud, pero también arrendaba o enajenaba propiedades. Es así como el 4 de abril de 2017 Santelices, junto a cuatro socios, formó "Inversiones Estoril Salud SpA", dedicada a la "adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios".

Un tema obligado en el nuevo equipo de gobierno fue el de los alcances de la Ley 20.880, que rige desde 2016 sobre prevención de conflictos de interés de las autoridades. La norma obliga que los ministros que dispongan de más de 25.000 UF ($ 670 millones) en acciones a enajenarlas o entregarlas en mandato a una institución financiera con prohibición de tener información posterior sobre el manejo de los fondos. Varios de los miembros del gabinete están estudiando la ley para ver si se someten a fideicomiso. El próximo titular de Hacienda, Felipe Larraín, y el de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, firmarían un mandato, tal como lo hicieron en el gobierno anterior. José Ramón Valente, futuro ministro de Economía, está estudiando si le corresponde, al igual que Juan Andrés Fontaine, de Obras Públicas, y Pauline Kantor, de Deportes.

Los seis parlamentarios que el 11 de marzo pasarán de sus labores en el Congreso a ocupar un cargo en el gabinete ya tuvieron que hacer, en virtud de sus cargos, declaraciones de patrimonio e intereses con los estándares que exige la nueva ley. En ellas, se puede observar que el senador Baldo Prokurica declara participación en las sociedades agrícolas Longomilla y Konavle. Hernán Larraín declara la consultora en educación Asses, que se encuentra sin actividad e informa que Inversiones Los Peumos y Transportes Vaal terminaron su giro. Nicolás Monckeberg señala que su sociedad de servicios jurídicos Monckeberg Cruz Ltda. se encuentra sin movimiento desde 2016. Felipe Ward participa en Ediciones y Marketing Limitada. Alberto Espina es socio de Inversiones y Rentas El Peral e Inversiones La Colina, a través de las cuales tiene bienes raíces.