La historia se cuenta así entre las familias que hoy se quedaron en Santa Olga: en los días inmediatamente posteriores al desastre que les consumió sus casas de forma completa, una familia se convirtió, para los medios de comunicación y quienes llegaban a ayudar, en símbolo de esperanza con su carpa al lado del camino. Daban declaraciones y recibían los aportes de quienes iban a auxiliar a los que habían perdido todo, siempre recalcando el sufrimiento que tenía la gente y lo importante de levantarse.
El único problema era que esa familia no era de allí, y que había llegado desde Santiago justo después del incendio para aprovechar la atención y las donaciones. Algo que consiguieron en su estadía de casi una semana a la vera de la carretera.
El caso es el ejemplo al que recurren los vecinos y las autoridades para ejemplificar uno de los problemas con los que han debido lidiar en estos seis meses: la presencia de un grupo importante de personas que están reclamando beneficios pese a no pertenecer a la comunidad de Santa Olga. Los llaman los "falsos damnificados".
El asunto ha llegado a tal punto que, hasta esta semana, 53 familias habían sido denunciadas ante la PDI por esta situación. Algo que, según explica el seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, ha sido un factor extra en el proceso de reconstrucción, por la necesidad de chequear cada beneficio definitivo que se está entregando. "Eso ya está en manos del Ministerio Público", indica.
Las separaciones
Es martes por la tarde, y en una oficina de Constitución hay un grupo de 15 dirigentes –casi todas mujeres- reunidas en torno a café y un queque. Es la cita semanal con las autoridades de Vivienda de la región para monitorear el proceso de reconstrucción.
Las dirigentes, de acuerdo al propio gobierno, han jugado un rol crucial en el tema de los "falsos damnificados": ellas se han encargado de revisar las listas y detectar posibles casos que no correspondan o que no hayan vivido en las localidades afectadas en el momento del incendio.
-Han sido los propios vecinos los que, al tener conocimiento del terreno donde vivían, los que nos apoyaron a identificar quiénes tenían derecho y quiénes no-, indica Rodrigo Sepúlveda.
Y son las propias jefas de los comités de reconstrucción de Santa Olga las que, como punto 2 de la tabla, colocan el tema de los "falsos damnificados". En su caso, no sólo quieren chequear que la Santa Olga 2.0 se levante con beneficios a quienes les corresponda, sino ver cómo resolver situaciones complicadas al interior de los propios vecinos.
Los dilemas son difíciles de resolver. Por ejemplo, en la reunión se conversa de cómo establecer un criterio para quienes están en proceso de divorcio.
Porque, aunque el espíritu del proceso es que las parejas que estaban en esa situación puedan aspirar a viviendas separadas, el tema ha derivado en un problema: según comentan las dirigentes y las autoridades, algunas familias han iniciado procesos de separación con el fin de obtener dos casas. Una muestra de las dificultades en el proceso de levantar de nuevo un pueblo desde cero.
