En medio de la conmemoración oficial del 90° aniversario de la Contraloría General de la República, la cabeza del organismo, el contralor Jorge Bermúdez, se refirió a la denuncia que interpusieron ante la fiscalía que tiene relación con "negociaciones incompatibles" de cinco jefes de finanzas de servicios públicos como el MOP y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y que el domingo fue dada a conocer por La Tercera.

"Son cinco casos pero estamos en un periodo que es de investigación desformalizada, esa investigación tiene carácter de secreto, porque o si no se frustraría, y estaría yo mismo cometiendo un ilícito si divulgase los nombres" de los involucrados, dijo Bermúdez, aclarando que el hecho que los alertó fueron negociaciones incompatibles. "Para el sentido común parece extraño que la persona que toma las decisiones de compra en el servicio, le compre a su vez a la empresa donde él es socio, o donde su cónyuge es socio", indicó.

Así, añadió que la negociación incompatible está penada pero "puede que un juez diga otra cosa, puede que encuentre otros delitos, o puede que no encuentre nada. Lo que hizo la Contraloría fue ponerlo en conocimiento". Aunque advirtió que se trata de un "primer barrido" hecho a los servicios públicos donde hay mayor cantidad de patrimonio público que se está invirtiendo, por lo cual, después del viernes 31 -cuando vence el plazo para hacer las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos- se tendrá la información completa que permita hacer un cruce de datos "en plenitud".

El contralor de esta manera, comentó los hechos que fueron descubiertos en las reparticiones públicas indagadas.

"Hemos encontrado que algunos funcionarios, a pesar de tener buenas remuneraciones, no tienen nada a su nombre y tampoco su cónyuge. Una persona que tiene cuatro millones de renta, por lo menos tiene un auto a su nombre y eso parece raro".

"En segundo lugar nos parece raro que una persona que vive de un sueldo de la escala única de remuneraciones, tenga un auto de lujo o un patrimonio por sobre los 200 millones. Nos parece raro, además, que el cónyuge de un funcionario tenga más de dos mil millones en bienes inmuebles de avalúo fiscal".

En cuanto a posibles acciones penales, Bermúdez sostuvo que se esperará a la determinación que haga el Consejo de Defensa del Estado. "Ellos son los primeros que deben hacerlo. Si el Consejo la ejerce, nosotros nos vamos a abstraer", manifestó.