"El proyecto hidroeléctrico HidroAysén se declara rechazado", con estas palabras el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, selló un largo camino judicial y una postergada decisión del Comité de Ministros, que tuvo que enfrentar el megaproyecto hidroeléctrico, tras años de tramitación.
El proyecto, controlado en un 51% por Endesa Chile y un 49% por Colbún, comprendía la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con capacidad de 2.750 Mega Watts y una inversión de unos US$3.200 millones.
POLEMICO PROYECTO
HidroAysén fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coyhaique, instancia que entregó luz verde al Estudio de Impacto Ambiental, por 11 votos a favor y una abstención. Dicha decisión, provocó un amplio rechazo por parte de la ciudadanía, manifestado en diversas protestas en el país.
Tras su aprobación, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt admitió a trámite, el 20 de junio de 2011, los recursos de protección interpuestos por parlamentarios y organizaciones sociales en contra del proyecto, además de acoger una orden de no innovar, impidiendo así el inicio de los trabajos de construcción de las represas en la Patagonia chilena.
Sin embargo, tras el trámite, la misma corte rechazó los recursos, pasando todo a la Corte Suprema, institución que ratificó la decisión, dando luz verde al desarrollo del proyecto el 4 de abril de 2012.
"NO ESTAN LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO"
Tras la polémica decisión de la Corte Suprema, debido a un supuesto conflicto de interés del ministro Pedro Pierry, quien no se inhabilitó en la votación pese a tener más de 100 mil acciones en Endesa, y una decisión del Comité de Ministros que seguía aplazándose, la empresa Colbún recomendó el 30 mayo de 2012 no ingresar evaluación ambiental de la línea de transmisión del proyecto en forma indefinida debido a que en el país "no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad".
Finalmente, hoy, el Comité de Ministros resolvió admitir las 35 reclamaciones contra el proyecto hidroeléctrico, rechazando en forma definitiva la construcción de las represas en la Patagonia.
