Patricio Contesse era un hombre con amplias atribuciones en la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Ocupó por más de 20 años el cargo de gerente general de la empresa, puesto que dejó el 16 de marzo pasado. Entre sus prerrogativas estaba el hecho de contar con un centro de costo para los gastos de la gerencia general, el cual -según declaraciones de altos ejecutivos a la fiscalía- ascendía a cerca de US$ 6,5 millones anuales que formaban parte del presupuesto de SQM.
El Minsterio Público y el Servicio de Impuestos Internos han acusado pagos irregulares, sin respaldo, por más de US$ 11 millones en el período 2009-2011. Todos esos pagos habrían provenido del centro de costos que manejaba Contesse.
En seis años, el ex gerente, autorizó el gasto de US$ 25,5 millones en asesorías, consultorías y honorarios. En 2009 pagó US$ 3,4 por este concepto y en 2012 gastó la mayor cantidad de dichos fondos: US$ 5,6 millones. En 2014, los pagos ascendieron a US$ 3,3 millones.
Estas millonarias cifras son parte de los antecedentes que el 17 de abril entregó a la fiscalía el abogado Carlos Cortés, quien representa al actual gerente general de la minera no metálica, Patricio de Solminihac y al vicepresidente de finanzas y desarrollo, Ricardo Ramos.
"Los montos de gastos de la gerencia general de la empresa SQM variaron de los años 2009 al 2014", dice Cortés en su informe.
A estos desembolsos realizados por Contesse, se suman US$ 1,5 millones en viajes y US$ 1 millón en publicidad y comunicaciones desde 2009 a 2014. En total, el ex ejecutivo gastó US$ 31,5 millones entre 2009 y 2014.
El documento detalla también los límites de aprobación por concepto de pagos en SQM, es decir, la cantidad de dinero que cada ejecutivo tiene permitido cancelar dependiendo de su cargo. Esto incluye pagos de créditos bancarios, según la función que se desempeñe dentro del organigrama de la empresa de SQM", dice el escrito. De acuerdo a los antecedentes, el gerente general tiene un límite de aprobación de US$ 300millones, los vicepresidentes de US$ 1.000.000 y los gerentes de proyectos US$ 200 mil. En tanto, los límites de aprobación de los gerentes asciende a US$ 50.000 y de los subgerentes, US$ 10.000.
Reunión de comité
El 3 de marzo pasado, a las 15.30, se reunió el comité ad-hoc de SQM en el piso seis de las oficinas ubicadas en calle El Trovador, en la comuna de Las Condes.
En esta tercera sesión del comité, que se constituyó el 26 de febrero, participaron los directores José María Eyzaguirre, Juan Antonio Guzmán y Wolf von Appen, y como invitado asistió Contesse. Según el acta de la reunión, en esa instancia, "Guzmán señaló que era de sumo interés del comité reunirse con don Patricio Contesse G., para que este último rindiera cuenta acerca de los gastos cuestionados y sobre los egresos en general, del centro de costos de la gerencia general en el marco de la investigación bajo la cual se encontraba en la actualidad la sociedad".
De acuerdo al documento, Contesse dijo que "por consejo de su asesor legal, procedía en ese mismo acto a ejercer su derecho a guardar silencio y por tanto a no entregar ningún tipo de información solicitada al comité, en atención a encontrarse personalmente implicado en los hechos que éste investiga".
Luego, según el acta (Contesse) aclaró que los gastos que se indagan estaban reconocidos "en el centro de costo de la gerencia general" y que todos los gastos de su cargo, con excepción de aquellos efectuado en su ausencia (previa delegación) "eran de su propia responsabilidad directa y de su exclusivo conocimiento".
Al final del acta, Eyzaguirre escribió a mano: "Este director expresó al señor gerente general (Contesse) que su actitud en esta sesión tornaba insostenible su permanencia a la cabeza de la sociedad, antes de que él abandonara la sala".
Contesse fue formalizado el 30 de abril por delitos tributarios.Ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la fiscalía presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un requerimiento apelando a las medidas cautelares determinadas por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que fijó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex gerente general.
