Mientras el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, anunciaba en La Moneda que retirarían la ley exprés con la que pretendían corregir el error del padrón electoral, el director del Registro Civil, Luis Acevedo, declaraba en calidad de testigo en la Fiscalía Centro Norte.

Eran pasadas las 10 de la mañana y los rumores de que Acevedo había renunciado aumentaban a cada minuto, pero ni él ni el gobierno lo confirmaban. Más aún, un poco más tarde, tanto el Ejecutivo como la DC, donde milita Acevedo, salieron a desmentirlo.

Internamente, el director del Registro Civil es un dirigente bien evaluado dentro de la DC, tanto por su capacidad de gestión como por su relación con los gremios. Además, si bien es asociado a la corriente interna de Jorge Pizarro y Gabriel Silber, tiene redes transversales en la colectividad.

Previendo la posibilidad de que se le responsabilizara por la crisis, el partido había activado una ofensiva días antes, cuando varios dirigentes -tanto de la mesa directiva como del mundo parlamentario- se encargaron de advertir a los ministros del comité político que el partido no iba a permitir que, una vez más, el gobierno resolviera una situación compleja cortando el hilo por lo más delgado. En este caso, por un militante de sus filas.

Los casos de Tulio Arce -cercano a la DC-, en Gendarmería, y Hugo Herrera -militante-, en el Sename, eran precedentes lamentables para la colectividad. En ambas ocasiones, varios habían comentado que la titular de Justicia, Javiera Blanco, parecía dispuesta a "sacrificar" a todos los jefes de servicio con tal de salvarse ella. En esta oportunidad, varios llegaron a plantear que si el gobierno quería remover a Acevedo, le exigirían antes la cabeza de algunos ministros. El primero, el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.

Los pocos dirigentes del partido que hablaron con el director del Registro Civil durante la crisis comentan que él solo hizo una petición: quería defenderse. Les dijo que estaba seguro de que el error en el padrón no era su responsabilidad, y que en las instancias en que correspondiera, y fuera cual fuera su suerte, quería garantías de poder entregar su versión.

En la colectividad cierran filas en torno a Acevedo, basándose, principalmente, en una reunión que tuvo lugar en julio, en La Moneda, y en la que estuvieron, además de Acevedo, representantes de la Segpres y del Servicio Electoral (Servel).

En ese encuentro, Acevedo habría advertido el problema que se produciría por los cambios de domicilio electoral y habría ofrecido, incluso, la ayuda del servicio para solucionarlos. Según la misma versión, el Servel habría desechado esta ayuda -bajo la lógica de que es un servicio que goza de autonomía constitucional-, y el Ejecutivo, por su parte, le habría bajado el perfil al problema.

Además, en la DC aseguran que sería injusto removerlo del cargo, pues desde que asumió la dirección del Registro Civil -en octubre pasado, cuando el servicio cumplía casi un mes en paro-, Acevedo no solo logró solucionar esa crisis, sino que, además, logró mejorar la relación con la presidenta de la Asociación de Empleados, Nelly Díaz.

En el partido resienten que, además de evadir las responsabilidades que competen a los integrantes del gabinete, en este episodio se omita la responsabilidad del Servel. Remarcan que el servicio permanece sin un director y que la directora subrogante, Elizabeth Cabrera, ya ha protagonizado varios incidentes con la propia Nueva Mayoría, desde que está en el cargo. Los dos más relevantes -dicen-, el momento en que Cabrera rehusó inscribir al bloque oficialista para las primarias municipales, amparándose en un tecnicismo según el cual, a su criterio, la timonel PS, Isabel Allende, debía estar físicamente en el lugar para inscribir al pacto. El segundo, el intento por prohibir publicidad en redes sociales