Los movimientos de la Fiscalía en la nueva arista del "caso Cascadas"

Dos tomos ha acumulado la Fiscalía Centro Norte en la carpeta investigativa de la nueva arista que abrió a fines del año pasado en el caso Cascadas, esta vez contra Julio Ponce y otros 11 involucrados en lo que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) llamó un "esquema" bursátil, para que relacionados al controlador de SQM ganaran dinero con compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que controlan la minera.

La indagatoria, liderada por el fiscal regional, Andrés Montes, fue separada el 21 de diciembre de 2016, a seis días de que venciera el plazo para investigar el caso, y donde hasta ahora solo han sido formalizados Claudia Morales, secretaria de actas de los directorios, y Aldo Motta, ex gerente de las sociedades, en la primera causa, que data de 2014. Solo Motta está ad portas de enfrentar un juicio oral, que debería comenzar a prepararse en agosto.

Por lo mismo, el fiscal Montes y el equipo de alta complejidad han realizado gestiones principalmente bancarias y notariales para identificar los movimientos de las firmas y de las personas detrás de los multados por la SVS en 2014.

En cuanto a declaraciones, en el primer tomo hay una declaración del actual superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, realizada el 27 de diciembre del año pasado a las 15.30 horas en la Fiscalía. Ante la consulta de la fiscal Tania Sironvalle de si en su paso como jefe del Área de Cumplimiento de Mercado (Acme), antes de ser superintentente, trabajó en el caso, dijo que no. "Hasta el momento de mi renuncia para asumir en la SBIF no se había configurado el caso tal y como se abordó en el procedimiento sancionador que se inició en septiembre de 2013", pero aclaró que, como parte de sus funciones de entonces, envío "algunos requerimientos" en 2012 a corredores de bolsa por operaciones bursátiles de las cascadas.

Asimismo, el regulador relató que apenas asumió el cargo, en 2014, pidió conocer todas las causas que estaban en curso, y ahí estaba cascadas. "Mi antecesor había emitido todos los oficios de formulación de cargos (...) A partir del 11 de marzo de 2014 y en paralelo al desarrollo de las causas, tomé conocimiento de los procedimientos, estudié los antecedentes (...) Y una vez que estuvieron agotadas todas las diligencias agotadas, me aboqué al estudio de las resoluciones de cierre de cada uno de los procesos".

Asimismo, confirmó que "desde el punto de vista administrativo, los casos están cerrados, y sólo está pendiente la resolución por parte de los Tribunales de Justicia de las demandas presentadas por los sancionados", declaró . Y fue ese mismo interrogatorio el que impugnó la defensa de Julio Ponce, liderada por el abogado Jorge Bofill, el 19 de enero de este año. En el escrito, alegó que el Ministerio Público faltó al deber de registro al no incluir en la carpeta del caso la citación a declarar a Pavez. El fiscal Montes desestimó la acusación.

Otro de los documentos de la carpeta es un escrito presentado por el abogado de Moneda, René García, descartando que, tal como lo había acusado la defensa de Ponce, ellos y la AFP Habitat se hubiesen beneficiado financieramente con las operaciones bursátiles cuestionadas. "El carácter delictivo de una operación no desaparece porque otros hayan hecho 'exactamente lo mismo', es necesario tener presente que (...) Se encuentra plenamente establecido que las víctimas actuaron de manera diametralmente distinta a como lo hicieron los imputados". Y agrega que "Moneda AGF y sus fondos no formaban parte del 'esquema criminal' (...) No estaban concertadas con el controlador de las cascadas para extraer liquidez de éstas a través de diversas transacciones fraudulentas".

Otra de las declaraciones que se registran es una de María Luz Schachtebeck, coordinadora legal de la SVS en enero de este año. En ella relata que "nos interesaba establecer el vínculo con el señor Julio Ponce, para saber si efectivamente Aldo Motta tomaba decisiones o terminaba haciendo lo que le decía Ponce.

Dentro de las últimas diligencias figuran informe policial solicitado a la PDI y que el pasado 2 de junio fue declarado secreto por 40 días.