La primera denuncia para investigar a los grupos políticos que operan dentro de Gendarmería se plasmó el 27 de mayo de 2015. El oficio número 53, presentado por cinco oficiales penitenciarios, pedía a la Contraloría indagar “la existencia de los autodenominados núcleos representantes de los partidos políticos de la Nueva Mayoría”. Por años estas agrupaciones funcionaron en la institución. Incluso, según el mismo oficio, dieron paso a la proliferación de “un conjunto de operadores políticos que presionan a la autoridad formal para favorecer sus propios intereses”.

En medio de la crisis en Gendarmería y los cuestionamientos por el pago de millonarias pensiones a trabajadores en retiro, La Tercera analizó a quiénes están detrás de estos “núcleos políticos” y la forma en que se coordinan para ganar influencia dentro de la entidad carcelaria.

El cruce de nombres, contratos y fechas de ingreso, bajo la modalidad de “planta”, “contrata” y “honorario”, evidenció que casi medio centenar de funcionarios se vincula abiertamente con partidos de gobierno. Desde el interior de Gendarmería estiman que estos casos superarían los 400.

Estas agrupaciones, llamadas internamente “brigadas”, funcionan de manera independiente a cada partido. Incluso los militantes de los partidos de la Nueva Mayoría realizan una suerte de “comité político”, símil de lo que se hace en La Moneda, en El Olímpico, un pequeño local de comida casera ubicado a pasos de la Dirección Nacional de calle Rosas, en pleno centro capitalino. La estructura orgánica es tal que en la discusión constitucional, los funcionarios de Gendarmería organizaron un encuentro local, el 23 de junio, en la sede del PS. “Ven con tus colegas”, decía el llamado de la denominada mesa Nueva Mayoría Genchi, que agrupa a seis partidos de la coalición. Solo faltó el MAS.

La integración de militantes y cercanos a partidos inclina la balanza hacia la Nueva Mayoría. Sin embargo, entre agosto de 2011 y septiembre de 2014, en el gobierno de Sebastián Piñera, la esposa del actual secretario general de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes, asumió la jefatura del Departamento de Reinserción Social de Gendarmería a cambio de una remuneración de $ 4,4 millones.

En el caso de los funcionarios afines a la coalición de gobierno destacan casos como el de I.A.A., asistente social vinculada al Partido Radical, quien asumió funciones de “apoyo en las tareas y compromisos de la unidad en que se desempeña”. Por esta labor se le pagaba $ 1,5 millones brutos.

Entre las colectividades que mantienen mayor presencia se encuentra el Partido Radical (PRSD), el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC). A esta última tienda era afín el renunciado director nacional de Gendarmería, Tulio Arce.

La influencia radical se enmarca en el interés del partido por asumir el Ministerio de Justicia, cartera de la cual depende Gendarmería y otros servicios como el Sename y el Registro Civil. Isidro Solís y Carlos Maldonado, ambos radicales, ocuparon este cargo durante el primer mandato de Michelle Bachelet. En su segundo período, en tanto, José Antonio Gómez asumió la cartera hasta 2015, cuando fue reasignado a Defensa.

Además del director nacional Jaime Rojas Flores (PPD), dentro de la repartición existen tres cargos estratégicos: la subdirección operativa, técnica y de administración y finanzas. Estos cargos se repartieron entre el partido de Izquierda Ciudadana (IC); Socialista y Radical, respectivamente.

En de la entidad carcelaria los nombres de los líderes de cada brigada son conocidos por los funcionarios. En el caso del Partido Radical, el abogado Zoran Sfeir sería el nexo del conglomerado con sus adeptos. En el PPD, el vínculo sería Armando Flores. En la DC, Fernando Flores actuaría como canalizador de las demandas de sus simpatizantes, mientras que por el Partido Comunista, José Ortega sería el líder de esa tienda. En el caso de la Izquierda Cristiana, Claudio Chandía oficiaría de nexo con el partido y en el Partido Socialista este rol lo asumiría Miriam Ortega.

Consultada al respecto, Ortega defendió la militancia de funcionarios dentro de la entidad: “Los políticos de esta institución no son los que han echado a perder esta institución, más bien somos un aporte a esta institución. Somos los que hemos entregado nuestros conocimientos, mayoritariamente los políticos son profesionales y desarrollan puestos profesionales”. Un cálculo preliminar del PS cifra en 70 los militantes que integran las filas de la entidad carcelaria. “Es completamente legítimo y legal que un funcionario de Gendarmería sea militante de un partido, siempre y cuando esa militancia no interfiera en sus labores profesionales. Y no diría que la institución está cooptada ni mucho menos, pero sí reconozco que al interior de Gendarmería hay grupos de poder vinculados a algunos partidos”, dice Pablo Velozo, Secretario General del PS.

Pagos y redes sociales

El análisis de las contrataciones permitió determinar que existen, al menos, 24 cupos con sueldos de entre $ 1 millón y $ 4,5 millones, que mantienen nexos con el PRSD. En el segundo grupo están los DC, partido cercano a la actual ministra Javiera Blanco. En la lista de esa tienda figuran otros 13 funcionarios con salarios de entre $ 900 mil y $ 2,4 millones.

Tras revisar las contrataciones de personal a honorario desde marzo de 2014, mes en que Michelle Bachelet asumió su segundo mandato, hasta diciembre del mismo año, se incorporaron 234 personas a Gendarmería. Esto significó un costo mensual para el Estado de $ 181 millones, según cifras de Transparencia. En la institución aseguran que “acercarse a un partido te abre las puertas para tener ascensos en tu carrera”.

Sin embargo, para el ex ministro de Justicia Isidro Solís (2006-2007), ligado al Partido Radical, “aunque a la gente le llame la atención, Gendarmería es un servicio de la administración del Estado. La militancia del personal uniformado en un partido político no es ilegal ni está prohibido en los reglamentos internos”. Una forma de mantener activa la participación partidista en Gendarmería es la creación de grupos en redes sociales. Es el caso de “Genchi DC”; “Brigada Genchi” y “Radicales de Genchi”, que agrupan a más de 120 personas.

El miércoles la presidenta de la DC, Carolina Goic, presentó un proyecto para modificar la fórmula de designación del director nacional de Gendarmería (que hoy es una atribución discrecional del ministro de Justicia) y prohibir la militancia en partidos políticos por parte de sus funcionarios. “La iniciativa busca que el director de la institución sea de las filas de Gendarmería y que se escoja dentro de las ocho mayores antiguedades de la institución”.