La desaparición de los 43 estudiantes destapó el lazo entre el crimen organizado y las autoridades en el sur de México, cuando al encontrar numerosas fosas con cadáveres entre los que no se encontró ninguno de los jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa.

Más de 80 cadáveres encontrados en Iguala y sus alrededores hace preguntarse entonces ¿quiénes eran estas personas?.

María Guadalupe Orosco

todavía llora al recordar como su hijo

Francis

, de 32 años, desapareció junto a otros cinco amigos después de unas fiestas del  pueblo en 2010, según relata a la agencia France Press.

La mujer asegura que hay testigos que demuestran que fue el Ejército el que  se los llevó y, desde entonces, no se ha cansado de denunciar el caso, de tocar inútilmente a las puertas de todas las autoridades e, incluso, de husmear en  varias prisiones fingiendo llevar comida a los internos. 

"Porque tienen mucho tiempo de desaparecidos, ¿el dolor ya no existe?", se pregunta con rabia esta madre de cinco hijos indignada de que el gobierno, ante  el reciente hallazgo de 28 cadáveres en Iguala, se limitara a decir que entre ellos no hay estudiantes.

Esas personas "también tienen nombre y familia", lamenta.

Desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006 hay  22.322 personas oficialmente "no localizadas" en México, aunque muchos  familiares de víctimas se resisten a denunciar por miedo a la connivencia de autoridades con la criminalidad.

En el pequeño municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde la vida en las calles termina a las ocho de la noche, familiares  prefieren no elevar la voz  sobre sus desaparecidos creyendo que con el silencio hay más probabilidades de  recuperarlos con vida. 

Aún impactado por saber que la policía de Cocula también participó en la desaparición de los estudiantes, un vecino que no denunció el secuestro de su  sobrina se reafirma: "¿En manos de quiénes estamos?".

Habitantes de Cocula aseguran que han tenido que recolectar rescates de  hasta 15.000 dólares para liberar a secuestrados.

POLICÍA FEDERAL FRENTE A POLICÍA LOCAL

Luego que el caso de los estudiantes diera vuelta al mundo, la policía federal y el ejército tomó el control de 13 municipios en Guerrero, por supuestos nexos de sus policías con el crimen organizado.

Alcaldes de Guerrero, la región con más homicidios de México (63 por cada  100.000 habitantes en 2013), dan la bienvenida al apoyo federal esperando que  no sea temporal, pero lamentan que se hayan ignorado por tanto tiempo todas sus advertencias.

Por otro lado, el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que México atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos desde la matanza estudiantil de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

"LA PEOR CRISIS DE DDHH EN MÉXICO"

Según publicó el diario mexicano El Universal, Vivanco estima que "la crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de (Felipe) Calderón (2000-2006) a la fecha en materia de derechos humanos es la crisis más seria (...) desde los tiempos de Tlatelolco".

El activista criticó la primera reacción del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que calificó como una actitud de "lavarse las manos", porque el mandatario afirmó que su Gobierno no podía sustituir las responsabilidades y obligaciones de las autoridades estatales.

"El actual Gobierno considera que los temas de seguridad y de derechos humanos son tóxicos", que "generan más bien problemas" y "dan una imagen de país inseguro", por lo que deciden "no hablar de ellos y esconderlos bajo la alfombra", ignorarlos "deliberadamente y solo si hay escándalo de proporciones gigantescas e internacionales, hacer un control de daños", apuntó Vivanco.

"Al igual que el Gobierno anterior, parece que el actual no está dispuesto a hacer nada por alterar el estado de impunidad existente que es lo que explica lo de Iguala. Es la impunidad total", insistió el director ejecutivo para las Américas de HRW.

"Servidores públicos, policías y militares tienen la certeza de que no van a rendir cuentas si están ante un delito consumado", añadió.