Los litigios abiertos sobre la minera y sus controladores mantienen a SQM en el foco de atención, más allá de la venta de Pampa.

Por una parte, Julio Ponce, controlador de las cascadas e indirectamente de la minera, podría ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte en la arista penal del caso cascadas. Este martes, cuando se realizó la última extensión de plazo para la indagatoria que dirige el fiscal Andrés Montes, los persecu- tores argumentaron que están buscando indicios que vinculen a Aldo Motta, ex gerente de las cascadas y ya formalizado en la causa, con Ponce, en posibles manipulaciones bursátiles en la compra y venta de algunas de las acciones que multó la SVS en 2014. Para ello, están revisando correos electrónicos y movimientos en cuentas corrientes.

Sin embargo, hasta ahora, y tras cuatro años de indagatorias, la fiscalía no ha logrado dar con esa vinculación. De encontrarlos, Ponce y Motta podrían ser llevados a un mismo juicio oral.

Cercanos a la investigación comentan que no hay certeza de que ello ocurra y que la fiscalía, de hacerlo, lo hará solo una vez que esté altamente convencida.

La minera

Aunque SQM ha tratado este año de alejarse de la contingencia por casos judiciales y concentrarse en su operación minera y nuevos proyectos, no ha sido fácil.

Además de los dos juicios arbitrales que enfrenta con Corfo, quienes piden terminar el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama por "incumplimientos graves", la misma empresa pidió un tercer litigio este año para revisar todo el contrato entre ambas partes y con lo que Corfo debería devolver a SQM cerca de US$ 3,8 millones de rentas que pagaron de más.

Este mismo tema también es investigado por la Fiscalía Centro Norte, lo que podría abrir un nuevo escenario judicial.

Sin embargo, lo que más complica a SQM es la vinculación con el financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente a través de su ex gerente general Patricio Contesse. Esto también tiene implicancias en EE.UU., donde los accionistas demandaron por eventuales perjuicios a la compañía.

En los estados de resultados, la propia empresa comenta una querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez por "supuesto cohecho-soborno y lavado de activos invocando Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y otras normas".

A pesar de que SQM ha ligado toda la responsabilidad de los hechos a su ex ejecutivo, la empresa también se arriesga a responder como persona jurídica.

Y es el mismo Patricio Contesse el que mantiene otro flanco con su ex empleador.

El año pasado pidió más de $ 4.000 millones por indemnización por los 25 años de servicio y otros impagos estipulados en su contrato.

Aunque la minera trató de negociar directamente con el ex ejecutivo, no tuvo éxito, y tampoco su argumento de que la acción estaba prescrita, luego de que fuera la propia Corte de Apelaciones la que rechazara ese argumento, con lo que el juicio se reactivó en el tribunal laboral de primera instancia.