En una decisión dividida de siete votos a favor y tres en contra, ayer por la mañana los miembros del Tribunal Constitucional (TC) declararon admisible el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales y que fue despachado del Congreso.
El miércoles pasado, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) junto a Francisco Chahuán (RN) llegaron al TC para presentar su escrito. Se trataba del primer requerimiento para frenar una iniciativa que la oposición ha catalogado como una "legalización del aborto".
Y ayer, casi a última hora de la tarde, los diputados UDI Claudia Nogueira y Jaime Bellolio llegaron al TC para presentar un segundo requerimiento. El lunes se había sondeado la opción de intentar retrasar el calendario fijado por el propio TC presentando el escrito de los diputados al filo del plazo, es decir, cumplido el quinto día luego del despacho de la iniciativa por el Parlamento. La estrategia apuntaba a que fuese el próximo presidente del tribunal, Iván Aróstica -quien asume el 28 de agosto y se le asocia con un perfil conservador-el que dirimiera la causa en caso de que se produjese un empate entre los diez miembros y no el actual presidente Carlos Carmona, ex funcionario de los gobiernos de la Concertación.
Pero nada de eso ocurrió. Pese a que algunos ministros buscaban esperar a que se presentara el documento de los diputados para pronunciarse sobre la admisibilidad de ambos escritos, finalmente se dirimió el de los senadores primero y luego -posiblemente mañana- será el turno del escrito de los diputados. Este, de todas maneras, se agruparía al de los senadores en una sola causa, con el fin de no afectar el calendario original que fija el veredicto para el 18 de agosto. La ley establece un plazo de 10 días para pronunciarse desde que se declara la admisibilidad y, en este escenario, será Carmona el voto dirimente en caso de empate.
Fueron los ministros Juan José Romero, Juan Ignacio Vásquez y Marisol Peña quienes votaron contra la admisibilidad del requerimiento de los senadores -con el argumento de verlo en conjunto con el de los diputados- mientras que Carmona, Aróstica, Domingo Hernández, Gonzalo García, María Luisa Brahm, Cristián Letelier y Nelson Pozo dieron el sí.
Con el inicio de la admisibilidad, las partes del alegato -el gobierno y la oposición- disponen de cinco días para presentar sus argumentaciones y antecedentes. El próximo lunes, asimismo, vence el plazo para que organizaciones se inscriban para participar de la audiencias que se realizarán el 16 y 17 de agosto. Ayer el secretario del TC, Rodrigo Pica, explicó que pueden asistir "entidades que tengan personalidad jurídica y que soliciten ser oídas sobre la base de una presentación".
Por estos días, organizaciones civiles y partidos se han estado preparando para ir a defender sus posturas. A favor del proyecto se inscribirían representantes del PC, el PS y el Frente Amplio. En el oficialismo dicen que la ex subsecretaria de la Segpres Patricia Silva acudiría a una audiencia. Esto, al alero del trabajo que ha preparado -desde el Instituto Igualdad, ligado al PS- el abogado Flavio Quezada, ex asesor del ministro Nicolás Eyzaguirre. Para entregar argumentos contra la constitucionalidad del proyecto asistirían organizaciones como IdeaPaís, ChileUnido, Maternitas, Justicia para Todos, Reivindica e Instituto de Estudios para la Sociedad, entre otros. Todos ellos tendrán lapsos de 10 minutos para exponer.
El proceso terminará el 18 de agosto con los alegatos de los abogados de las partes involucradas: el que representa al gobierno -Alfredo Etcheberry (DC)-, el que expondrá a nombre de los senadores de Chile Vamos -Miguel Ángel Fernández- y Ángela Vivanco, quien representará a los diputados.
Ese mismo día, los ministros del TC tienen previsto, en la tarde, deliberar y decidir el veredicto, el que sería dado a conocer ese mismo día. El fallo íntegro, en tanto, se difundirá días después, probablemente el 25 de agosto.
Serán diez días clave que sellarán la suerte de uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet. Y mientras parlamentarios de oposición han llamado al TC a fallar sobre el fondo jurídico y "sin presiones", la Presidenta ha defendido la iniciativa aprobada por el Congreso y ha señalado confiar en que "el TC acoja la voz de la mayoría". En el gobierno miran con atención lo que pueda ocurrir especialmente con la tercera causal sobre violación, pues, se cree que es la que podría generar mayor controversia en el debate.
Los dos requerimientos de Chile Vamos apuntan a las tres causales y coinciden en que el proyecto "legaliza el aborto como una prestación médica".
