No sólo la tramitación del proyecto de Nueva Educación Pública, que a partir del próximo 2 de octubre comenzará a ser revisado en comisión mixta, preocupa al Ministerio de Educación por estos días. También inquietan los plazos que esto pueda demandar, ya que si bien la norma establece que el nuevo sistema escolar debe partir en 2018 en 10 comunas y 237 colegios, cualquier retraso podría hacer que los tiempos no calzaran y se tuviera que postergar en un año la puesta en marcha.
Uno de los propósitos de La Moneda es que la Presidenta Michelle Bachelet se despida en marzo del próximo año con una de sus reformas emblemáticas, la desmunicipalización, en funcionamiento.
Dentro de los cálculos que se han hecho en el Congreso, es que para que la puesta en marcha de los primeros cuatro servicios locales de educación (SLE) sea una realidad en marzo de 2018, se requiere que la estructura administrativa y las nuevas autoridades estén ya definidas en enero próximo, lo que no es una tarea sencilla.
El escrito que busca cambiar la administración de los colegios desde los municipios al Estado tiene que pasar por trámites en la Contraloría y en el Tribunal Constitucional (TC), lo que puede originar un retraso por más de un mes.
Para evitar cualquier dilación durante la tramitación a ley, el Ejecutivo ya está tomando medidas. "Esperamos que muy pronto se cumplan los plazos y pasos obligatorios, como es pasar por Contraloría. Conversaremos con quien sea necesario para poder acortar esos tiempos y poder tener la ley plenamente andando", aseguró la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
De acuerdo al diputado de la UDI e integrante de la comisión mixta, Jaime Bellolio, el gobierno se autoimpuso un plazo de 16 semanas a contar de estos días, para que durante los meses de enero a marzo se designen a las autoridades de los cuatro SLE y se organice a los funcionarios administrativos para comenzar a efectuar sus labores en marzo del próximo año.
"Han hablado de 16 semanas y que con una menos se les haría complicado, porque en enero debe estar todo listo para echar a andar el sistema y en la primera semana de marzo ingresen los colegios con los SLE ya instalados", explica.
La información del parlamentario de oposición es ratificada por el diputado del Partido Radical e integrante de la comisión mixta, Alberto Robles, quien manifiesta que la rapidez es para no poner en riesgo a los primeros SLE.
"El apuro tiene que ver con la gestión que hay que desarrollar para que se puedan implementar los primeros SLE. Para eso tiene que ser ley lo antes posible
o si no se pone en riesgo que los servicios no partan en la época cuando corresponda", sostiene.
En caso de contar con la aprobación rápida de los legisladores en la comisión mixta y llegar a acuerdo en los 11 puntos de tensión entre sectores de oposición y oficialismo, el gobierno podría llegar en buen plazo, sin contar con el retraso de más de un mes en Contraloría y el Tribunal Constitucional, donde se llegará por tener articulados de quórum calificado.
Puntos en discordia
Los temas más problemáticos de resolver a partir del 2 de octubre serán los relacionados con el acuerdo que hizo el gobierno con Chile Vamos. Entre ellos está la evaluación del sistema en 2021 a través de una comisión de expertos que visará los primeros años, la gradualidad en el traspaso de los colegios, que se aumentó de seis a ocho años, y el posterior ingreso al sistema de los municipios con buen desempeño.
Además de estos temas, desde la oposición plantearon que el traspaso de los inmuebles desde los municipios hacia los SLE podría ser un tema para recurrir al
Tribunal Constitucional (TC), ya que no se están considerando los pagos oportunos hacia los municipios.
"De todos modos van a tener problemas con el traspaso de los inmuebles, porque si no se modifica en el proyecto, se podría llegar a otras instancias", agrega el diputado UDI Jaime Bellolio.
