Los principales puntos del polémico informe sobre la situación del Sename

Un fuerte reproche a la gestión de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, críticas a los proyectos del gobierno y 64 propuestas, forman parte del contenido del informe que la comisión investigadora II por la situación del Sename evacuó a la Cámara de Diputados y que ayer fue rechazado por el hemiciclo.

El documento de 535 páginas, expone las conclusiones de los parlamentarios tras indagar la forma en que las autoridades atendieron las propuestas planteadas por la primera comisión investigadora sobre la materia en 2014, y la situación de los menores carentes de cuidado parental.

Entre las definiciones de los legisladores, se acusan "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a la infancia vulnerada". Además, se expone que tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Sename fueron advertidos y tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas.

"Quienes se encontraban a la cabeza de las distintas carteras de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en la última década, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas", señala el texto.

"La misión específica de cautelar y dar protección a niños, niñas y adolescentes que le corresponde al Ministerio de Justicia y al Sename, es algo en lo que se fracasó, y en la que ambos servicios comparten responsabilidades", añade.

En este sentido, el informe sostiene que "la gestión de la ex Ministra Javiera Blanco no puede evaluarse desvinculada de sus acciones y reacciones respecto de los trágicos hechos que ocurrieron bajo su dirección ministerial, frente a los cuales era exigible un estándar más elevado de diligencia, conforme a la gravedad de lo acontecido. Por lo mismo, la adopción de las medidas y las propuestas evacuadas por la Comisión Sename I resultaban más urgentes de implementar, porque representaban y siguen representando una hoja de ruta para todo el aparato del Estado en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país".

"De tal modo -añade el texto- la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename".

En este contexto, el documento señala que entre los aspectos que develó el caso de Lissette Villa, estuvo el continuo ingreso y egreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) de los diversos programas del Sename, así como problemas estructurales y fallas graves de coordinación y trabajo intersectorial entre organismos públicos y entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, los diputados critican el actuar de la ex titular de Justicia cuando evitó dar a conocer la cifra total de menores fallecidos en los centros del Sename.

"Según señaló a esta comisión investigadora la ex Ministra de Justicia Javiera Blanco en realidad no podía entregar una cifra definitiva de los niños fallecidos, generándose así una espiral de incertidumbre sobre esta situación. En este orden de ideas, la otrora funcionaria de gobierno declaró '(…) yo no puedo dar una cifra que después tenga que entrar a corregir, quiero decir que nosotros hoy día con responsabilidad estamos trabajando para dar esa información', declaración que realizó posterior a la entrega de una cifra incorrecta de niños fallecidos, lo que evidentemente constituyó un actuar negligente e inexcusable de su parte".

La comisión también dijo constatar la existencia de una "cultura de desprotección de derechos" al interior del Sename y de los organismos colaboradores y de los órganos públicos que tienen dentro de sus competencias la atención de NNA vulnerados en sus derechos; y discriminación en las modalidades de atención de NNA provenientes de familias de escasos recursos.

Finalmente, la instancia critica la actitud de las autoridades frente a los hechos. "Como comisión hemos llegado al convencimiento, que, durante el trabajo de la misma, las autoridades han querido dejar instalada la idea de que los casos de vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes ocurridos en programas al amparo del Servicio Nacional de Menores, 'son hechos aislados'. En este sentido, es nuestro deber hacer presente que durante el transcurso del funcionamiento de esta instancia algunos personeros de Gobierno, no aportaron datos precisos o relevantes sobre lo que en los centros dependientes del SENAME realmente ocurría".

"Se ha desviado constantemente la atención a cuestiones que, siendo importantes, son accesorias ("se repararon las llaves de los baños, se repusieron los vidrios, se arregló la gotera del techo, etc."), y no esenciales (...) Es decir, se establece con certeza y sin ambigüedad, que el Estado ha sido incapaz de crear condiciones mínimas para los niños que tiene a su cargo", acota el documento.

PROPUESTAS

Al término del texto, la comisión investigadora presenta un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema.

Según detalla la Cámara de Diputados, la primera de ellas apuntaba a solicitar al Estado de Chile el reconocimiento oficial por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.

Luego, se propone la creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituyera en la "Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia", a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en contra de NNA cometidas por el Estado. Junto con lo anterior, se planteaba que la referida comisión estableciera medidas de reparación a favor de las víctimas y sus familias.

Asimismo, el informe postulaba variadas reformas en el ámbito normativo, desde el reglamentario al constitucional, así como la definición de urgencia para el despacho de iniciativas en trámite en el Congreso que abordan la temática del niño y, en particular, para la protección de sus derechos.

También se plantean medidas en el área administrativa y de recursos asignados, de modo de mejorar las condiciones de las instituciones del Sename, de aquellas que sean sus herederas (en caso de la concreción de la reforma en curso) y de las privadas relacionadas.

Por último, se exponen acciones de mayor fiscalización; capacitación del personal; un presupuesto prioritario para la niñez vulnerada; garantías en materia de educación y atendimiento de salud de los menores; y la separación adecuada entre niños vulnerados y niños infractores de leyes, imputables e inimputables, entre otras.

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