El pasado miércoles, la Presidenta Michelle Bachelet puso fin a casi seis años de incertidumbre respecto a la ubicación que tendría el Puerto de Gran Escala (PGE), también conocido como "megapuerto", anunciando que este se emplazará en la ciudad de San Antonio.

La iniciativa, que requerirá una inversión de US$ 3.300 millones y que entraría en operación en 2026, es todo un desafío para la Empresa Portuaria de San Antonio, señalan el presidente de la empresa, José Luis Mardones, y su gerente general, Daniel Roth, aunque desde 2014 la empresa estatal maneja un cronograma que han ido ejecutando paso a paso.

Tras el anuncio, el trabajo se dividirá por varios carriles. Uno de ellos es la búsqueda de recursos para el financiamiento de los 3.900 metros de molo de abrigo, que tendrá un costo de US$ 700 millones, y que deberá ser licitada a mediados de 2019, y su construcción iniciada en 2020. En la empresa señalan que estos recursos se pagarán mediante el cobro de la tarifa de uso de puerto y cobro por el uso de la infraestructura existente.

Respecto de la modalidad de financiamiento, la empresa se encuentra barajando alternativas como la colocación de un bono o la solicitud de un crédito. "Hemos estado intercambiando opiniones con la Dirección de Presupuestos y tenemos contemplado durante el año 2018 trabajar ese tema, tanto con la Dirección de Presupuestos como con el asesor financiero que se va a contratar para este propósito", dijo Mardones y agregó que este asesor financiero deberá estar definido en la primera parte del año.

Ingreso al SEA

Otro camino que iniciará la empresa es la tramitación del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para lo que ingresará a mediados de año un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se hará cargo tanto del rompeolas como de la evaluación de futuros terminales. Con las comunidades de la provincia de San Antonio comenzará el diálogo en abril y se extenderá hasta junio.

"El objetivo es que la comunidad completa pueda tener una comprensión del proyecto y sus implicancias, tanto las positivas como las negativas", explicó Roth.

Tanto Mardones como Roth acogen las críticas de algunos concesionarios tras el anuncio en cuanto a la necesidad de mejorar los accesos a los terminales. Respecto del incremento del flujo vehícular que traería esta obra, señalaron que el proyecto contempla la ampliación del acceso al puerto. Además, la empresa sostiene conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas para que en la próxima relicitación de la ruta 78 se incluyan aspectos relacionados con el puerto.

Desde 2014 que la firma estatal mantiene además conversaciones con Efe para permitir la construcción de una línea férrea entre el recinto portuario y una estación intermodal en las cercanías de Santiago, que a largo plazo tendría un costo de US$ 1.100 millones.