Un importante contingente de efectivos de Carabineros llegará durante esta jornada a la Región de Los Ríos. El objetivo será reforzar la vigilancia en la zona, donde la madrugada del lunes 29 camiones de la empresa Sotraser fueron incendiados por un grupo de encapuchados. En total, serán 60 carabineros y ocho vehículos policiales los que hoy arribarán desde Santiago a la XIV Región.
El objetivo de la policía uniformada es incrementar su presencia en el denominado "triángulo de riesgo" de la región, el cual está conformado por las comunas de Panguipulli, San José de la Mariquina y Máfil.
El trabajo que harán los 60 efectivos de la policía uniformada que llegarán a Los Ríos, y también a la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía, será realizar controles de identidad preventivos y vigilancias periódicas en los lugares más vulnerables, además de llevar a cabo patrullajes y monitoreos en las diversas rutas que unen a esas comunas.
La importancia de inyectar más recursos policiales para la prevención de delitos en la zona radica en que Carabineros identificó 11 centros de acopio de camiones y maquinarias en la Región de Los Ríos, los que albergan entre 10 y hasta 70 vehículos de carga en algunos casos. En La Araucanía, en tanto, existen 358 recintos destinados a albergar transportes dedicados a trasladar diversos productos.
Además, esta semana deberá llegar el helicóptero de Carabineros que opera en la macrozona norte del país, al sur, para realizar vuelos entre La Araucanía y Los Ríos. La aeronave contará con un plan de viaje diurno y nocturno.
Pero para prevenir situaciones de riesgo, el Ejecutivo y la policía uniformada enviaron efectivos del OS-10 -departamento encargado de fiscalizar la seguridad privada- a Los Ríos para analizar las condiciones de resguardo que tienen los recintos que albergan camiones y maquinarias.
A partir de las características de las dependencias de cada empresa, la policía le sugerirá las medidas preventivas, según su nivel de riesgo. Sin embargo, advirtieron fuentes de gobierno, el estándar que se busca es que, por ejemplo, se cuente con un cerco iluminado, cámaras de seguridad y se busque una manera de dar aviso inmediato a Carabineros.
El trabajo del OS-10 en la zona será utilizado y analizado por la mesa de trabajo que mantiene la Subsecretaría del Interior con la policía para evaluar la posibilidad de decretar a las empresas de transportes de cargas, entidades obligadas. Es decir, que se rijan por un decreto que haga que estas firmas cuenten con medidas de seguridad elevadas y sean fiscalizadas por la policía. Algo similar a lo que pasó con las entidades financieras, luego de que fueran víctimas recurrentes de robos a cajeros automáticos.
Si bien la empresa Sotraser desestimó haber sido advertida por Carabineros sobre sus medidas de seguridad, fuentes de la institución señalaron que el lunes 21 de agosto, un subcomisario de San José de la Mariquina visitó tres empresas que tienen camiones, entre ellas la afectada, para decirles verbalmente que debían contar con mejores medidas de resguardo. Respecto de los reclamos y críticas de diversos sectores productivos, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, insistió ayer en que "el gobierno ha sido enfático para condenar los actos delictuales ocurridos en la macrozona sur".
Además, señaló la autoridad, "se han presentado las querellas correspondientes y cuando existen antecedentes para calificar un hecho como terrorista, así lo hemos hecho. A nivel país, ha sido en 23 ocasiones. De hecho, los últimos dos atentados fueron calificados como terroristas por este gobierno".
Pero ese no fue el único foco que desató el atentado del lunes. Tras permanecer reunidos por más de ocho horas, representantes de la Confederación Nacional de Transportes de Carga y Chiletransporte indicaron que entregarán un petitorio al gobierno solicitándole: crear una unidad de elite para investigar los "actos de terrorismo". Además, solicitarán un delegado presidencial por la quema de camiones, implementar un sistema de vigilancia en las zonas de descanso de los camioneros y dar urgencia a la modificación de la Ley Antiterrorista. En caso de no obtener respuesta, los transportistas realizarán una movilización nacional en siete días más.