En la recta final entró el proyecto de reforma laboral del gobierno. La iniciativa será presentada mañana por la Presidenta Miche-lle Bachelet, para luego ser enviada de inmediato al Congreso, donde comenzará a ser debatida por los legisladores desde el lunes 5 de enero.

El gobierno trabaja contra el reloj y, por lo mismo, durante toda la jornada de ayer continuaron las reuniones para terminar de afinar la redacción del proyecto y la gradualidad de su implementación. Los equipos técnicos de Hacienda y Trabajo estuvieron encabezados por Macarena Lobos y Roberto Godoy, respectivamente, quienes mantuvieron permanente diálogo con representantes de los trabajadores y de los empresarios. Los contactos con la CUT se hicieron a través del consejero nacional de la organización, Guillermo Salinas, mientras que por la CPC el interlocutor fue Fernando Alvear, gerente general de la entidad.

LO QUE INCLUYE EL PROYECTO

Mientras el Ejecutivo ultima los detalles de su propuesta, el Ministerio del Trabajo, encabezado por la  ministra Javiera Blanco, se reunió ayer con los secretarios regionales ministeriales (seremis) de la cartera y los directores regionales del Trabajo de todo el país, para explicarles los contenidos del proyecto de ley.

"Hemos llegado a la convicción de que lo que estamos presentando es un proyecto bueno para el país. Este no es un proyecto de uno contra otros, no es para unos pocos; es un proyecto para Chile, es para la clase media, que hoy quiere llegar a su trabajo tranquila, que la escuchen, a tener una contraprestación justa. Este proyecto va a dar respuesta a muchas de esas necesidades", aseguró  la secretaria de Estado.

En el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, y el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza.

Uno de los aspectos que considera el proyecto del Ejecutivo es el reconocimiento a la titularidad sindical. La ministra confirmó ayer que la iniciativa propondrá que si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores que no están sindicalizados, debe hacerlo con la anuencia del sindicato. "Lo que hemos señalado y que hemos conversado con distintos actores y que es parte también de esta propuesta es que cuando hay beneficios que han sido acordados entre un empleador y un sindicato, se entiende que son ambos quienes son titulares de esos beneficios y, por lo tanto, será con mutuo acuerdo del sindicato y del empleador que esos beneficios puedan ser extendidos", indicó Blanco, al tiempo que descartó que la iniciativa obligue a los trabajadores a sindicalizarse. "Nosotros reconocemos en los trabajadores la libertad para tomar la decisión de afiliarse o desafiliarse a un sindicato. Estamos absolutamente en sintonía con lo que señalan las convenciones internacionales, y la libertad sindical existe y seguirá existiendo en nuestro país", aseguró la autoridad.

Otro tema zanjado por el gobierno es el referido al artículo 161 del Código del Trabajo, que alude al término del contrato de trabajo invocando "necesidades de la empresa. El Ejecutivo ya descartó eliminarlo. El proyecto sí incorporará la anulación de ese despido, si se demuestra que ha sido utilizado como práctica antisindical.

El proyecto de reforma laboral tampoco abordará el artículo 159, que se refiere a los seis casos de término de contrato de trabajo previstos en el Código: por mutuo acuerdo de las partes, por renuncia del trabajador -dando aviso al empleador con 30 días de anticipación, por muerte del trabajador, por vencimiento del plazo convenido, por término del trabajo o servicio que originó el contrato y por caso fortuito o fuerza mayor.

Si bien esos temas están en la carpeta de los check, hay otras materias pendientes que todavía permanecen en la mesa de discusión.

PUNTOS EN DISCUSIÓN

Una materia de alta sensibilidad para la CUT y los empresarios es la eliminación de la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de los empleados en huelga con trabajadores propios o externos de la empresa. El gobierno ha  planteado el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los "servicios mínimos" en caso de huelga. En caso contrario, la empresa podría tomar las medidas necesarias para ello, certificándose ese hecho por la Dirección del Trabajo.

El piso de la negociación es otro tema en el que las partes están buscando un acuerdo. Acá se regularía -considerando la situación económica de la empresa- que la negociación tenga como base las condiciones de la negociación colectiva anterior.

La ampliación de las materias a negociar también es un aspecto clave en la propuesta que elabora el gobierno. El Ejecutivo se ha abierto a otorgar amplia autonomía para negociar pactos de adaptabilidad. Estos sólo podrían aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo y podrán referirse a materias como: distribución de la jornada y descansos, bolsa de horas extraordinarias, pactos sobre reducción de la jornada, acuerdos de conciliación de trabajo y vida familiar, y planes de capacitación y reconversión productiva.

La ampliación del derecho a información de los sindicatos es otro aspecto que evalúa el Ejecutivo. Lo que se busca es que el empleador proporcione a sus sindicatos información financiera de la empresa en forma periódica, así como también durante la preparación del proceso de negociación colectiva. Acá se está considerando que el estándar de información a entregar sea adaptado a la realidad de las pequeñas y microempresas.

La simplificación del procedimiento de negociación colectiva y la ampliación de los permisos sindicales son otras de las materias que forman parte del debate. Lo que se ha planteado, en el primer caso, es fortalecer los instrumentos y opciones de mediación, mientras que el segundo aspecto que se ha conversado es ampliar las horas de trabajo sindical en las grandes empresas, estableciendo un pago proporcional de las mismas, y extender las horas de trabajo sindical durante la negociación.