"No creo ser tan pretencioso que estime que cambiarán todas las cosas a contar de este día, pero motivando a este tribunal de jueces y profesionales, es posible y necesario profundizar situaciones actuales y mejorar ostensiblemente en algunas de ellas". Con estas palabras y usando un tono marcado por el interés de impulsar diversas reformas, hoy asumió Haroldo Brito la presidencia de la Corte Suprema, en reemplazo del saliente Hugo Dolmestch.
En sus primeras palabras públicas, la nueva máxima autoridad del Poder Judicial destacó los avances que ha impulsado la judicatura durante los últimos años, aunque estimó que los mismos "aún son insuficientes".
En este sentido, durante su discurso ante el pleno de la Corte Suprema, así como en la reunión que mantuvo minutos después con los medios de comunicación, Brito enfatizó en la necesidad de impulsar tres reformas durante sus dos años de gestión: la creación de un Código Procesal Civil, un nuevo Código Penal y la actualización del sistema de ascensos del Poder Judicial.
Sin embargo, de todos las expectativas de cambios, en la que puso más énfasis fue en aquella ligada al código de procedimientos civiles, el cual, aseguró, "es absolutamente necesario".
Al respecto, consideró que "existe la necesidad de un nuevo Código Procesal Civil, que entregue fuertes garantías a las partes en cuanto a participación".
Pese a indicar que desconocía por qué se habían detenido las labores para materializar esta reforma, expresó su expectativa de retomar su tramitación. "Es un trabajo largo y no es fácil. Lo más importante es reiniciar los trabajos en las comisiones que correspondan y se entregue una definición a los plazos".
La actualización del Código Penal es otro de los puntos que Brito consideró necesarios. Para la nueva autoridad, "el siglo y medio" que posee el actual texto lo posiciona "fuera de tiempo". No obstante, expresó su optimismo al respecto, al entender que técnicamente "el tema del Código Penal está resuelto",
Sobre la percepción social de insuficiencia en el castigo ante algunos delitos, como el cohecho, el presidente del máximo tribunal explicó que las penas "corresponden con la gravedad y la valoración que se da a la inconducta en un momento determinado". En este sentido, aseveró que en una "sociedad que revaloraliza la función pública y que la entiende como una cosa vital para la marcha de la sociedad, la revaloración de conductas requiere un contenido de reacción mucho más fuerte que antaño".
La actualización del sistema de ascensos en el Poder Judicial fue la tercera preocupación expresada por Brito: "Los jueces nos expresan con bastante frecuencia la necesidad de alcanzar mayores criterios de objetividad a la hora de resolver los ascensos. Hay un nudo en la carrera muy apretado".
Según el magistrado, es necesario incorporar mayor objetividad a estos procedimientos, aunque advirtió que aún no existe consenso al respecto al interior de la propia Suprema y admitió que hay "un trabajo pendiente por hacer".
Consultado por las prácticas de "besamanos", en que postulantes mantienen reuniones privadas con aquellas autoridades encargadas de decidir los ascensos, Brito admitió que al pretender sumar objetividad a las designaciones "nos referimos a los mecanismos en que la audiencia directa no sea necesaria y carezca de trascendencia".
El ministro de Justicia, Jaime Campos, coincidió en la necesidad de impulsar estas reformas al sistema judicial chileno.
A su salida de la ceremonia, a la que también acudió el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, entre otros, el secretario de Estado valoró las palabras de Brito.
"Es un planteamiento compartido por este gobierno. Siempre la legislación se debe reformar, pero no es sencillo avanzar en materia legislativa", advirtió Campos, junto con considerar que para hacerlo "primero debe existir consenso en la academia".
Con la asunción de Brito a la presidencia, Hugo Dolmestch ocupará su lugar como miembro de la Cuarta Sala de la Corte Suprema. No obstante, los cambios en la magistratura no cesan por este año. A mitad de 2018 se retiran los ministros Milton Juica y Carlos Cerda, en un período que contempla el reemplazo de ocho magistrados en los próximos cuatro años.
