Hasta la semana pasada, las defensas de las autoridades de la administración de Michelle Bachelet formalizadas por el caso 27/F esperaban meridianamente confiadas la segunda audiencia de formalización del próximo 25 de marzo, donde se va a resolver la solicitud de sobreseimiento de la causa del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi Carmen Fernández. Todas las fichas estaban puestas en exculparlos y sacarlos del juicio, lo que descomprime el escenario para Bachelet en los días en que se prevé que regrese al país y anuncie su candidatura.
La fiscal Solange Huerta, sin embargo, modificó el escenario: pidió la reformalización de todos los imputados el mismo 25 de marzo, con el fin de entregar nuevos antecedentes sobre lo ocurrido en el terremoto y maremoto del 27/F. La decisión implica que frente a la posibilidad de ser sobreseídos, la fiscalía apostó por formalizar nuevamente a Rosende y Fernández y aportar más datos en su contra.
El anuncio de Huerta molestó al equipo jurídico y comunicacional que monitorea la causa, integrado por el ex ministro Enrique Correa y el principal asesor de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, además de los abogados Samuel Donoso (defensor de Rosende) y Luciano Fouillioux (abogado de Fernández y el ex ministro Edmundo Pérez Yoma). Fouillioux abrió los fuegos la semana pasada y en esta entrevista endurece sus críticas.
La fiscal pidió la reformalización de los imputados por el caso 27/F. ¿Qué le pareció esa decisión?
Es un derecho que tiene el Ministerio Público. Lo que nos llama mucho la atención es la oportunidad que se eligió para esto: dentro de una campaña comunicacional que ha existido en el país con ocasión del tercer aniversario del terremoto. No es lo más oportuno. Acerca del contenido de la reformalización, lo desconocemos. La fiscalía no nos ha informado nada sobre su contenido, lo que a las defensas en general y a mí no sólo nos llama la atención, sino que produce contrariedad para la mejor transparencia del procedimiento. De alguna manera atenta contra el debido proceso.
¿A qué lo atribuye?
Desconozco las razones privadas que ella pueda haber tenido, pero no había necesidad de entremezclar una situación tan trágica como la que hemos vivido en el país con una decisión jurisdiccional de esta naturaleza. Le resta independencia al actuar de la fiscalía cuando al otro lado tenemos un desarrollo comunicacional de parte de algunos querellantes y del gobierno tendiente a responsabilizar política y judicialmente a los formalizados y a las autoridades en general.
El gobierno ha bajado el tono a las críticas contra Bachelet.
Era necesario que comenzara a suceder, porque es muy injusto que durante tres años se esté acosando a la ex Presidenta y más injusto aún cuando estamos viviendo un clima político que podría eventualmente tenerla a ella como candidata, lo que ensucia y contamina todo el escenario de la situación.
La defensa de Patricio Rosende afirmó que la fiscal está buscando "reforzar" la primera formalización porque estaba "mal hecha", ¿comparte ese juicio?
Si así fuera, sería paradojal que después de tres años de investigación hoy día todavía no se tenga claro completamente lo que está investigando. Habla de la debilidad de la investigación, y estratégicamente se busca neutralizar el debate sobre el sobreseimiento que hemos pedido. Tanto es así, que se pide que esto se haga en la misma audiencia en que nosotros queremos plantear (...) Creemos que lo que la fiscalía pretende contaminar la discusión de sobreseimiento con una reformalización, es una cuestión meramente estratégica.
¿Qué recurso judicial van a presentar? Una opción es la cautela de garantías (para forzar a que la fiscalía presente sus argumentos antes del 25 de marzo).
Es una de las alternativas que estamos barajando. No vamos a entrar en un juego provocativo de este tipo que la fiscalía quiere realizar. Vamos a ejercer todos los recursos que la ley nos permite.
¿Cuánto puede alargarse el caso si el sobreseimiento de Rosende y Fernández no prospera?
Cualquiera sea el resultado del juzgado de garantía, esto tiene otra instancia que es la Corte de Apelaciones. Si no prospera el sobreseimiento que hemos pedido, del que estamos convencidos de que jurídicamente Carmen Fernández y Patricio Rosende no tienen responsabilidades penales ni legales, el proceso continúa adelante respecto de ellos y de los otros formalizados y vamos a la etapa procesal del cierre de la investigación, preparación del juicio oral y juicio oral. Eso es muy largo.
¿El caso se cruzaría con la campaña presidencial?
Absolutamente.
¿Se buscará evitar eso?
No sé lo que busca la fiscalía. Si el Ministerio Público, los querellantes, quieren continuar con este proceso adelante en los términos en que está planteado, indudablemente que se va a conseguir ese objetivo. Por el contrario, si logramos establecer el sobreseimiento de nuestros defendidos, el juicio se termina para ellos y se puede descomprimir políticamente, no completamente. Siempre van a haber interesados que van a seguir insistiendo con los acosos políticos.
En su segunda declaración, Bachelet asumió el mando político en la Onemi el 27/F. ¿Qué efectos judiciales tiene esta declaración?
Respecto de mi representada, no tiene ninguno, porque nunca tuvo ningún mando técnico ni político, sino un mando de coordinación. Sobre otras autoridades probablemente podría tenerlo, y respecto de ella misma, indudablemente sí: ella fija efectivamente la línea que tuvo y que le correspondió esa noche.
¿Se podría formalizar al ex ministro Edmundo Pérez Yoma?
Me parece que no, porque no estaba en Santiago a la hora en que se mantuvo vigente la alerta de tsunami, de tal manera que no tuvo vinculación con estos hechos.
¿Han tomado contacto usted y el abogado Donoso con Enrique Correa, Juan Pablo Hermosilla y Rodrigo Peñailillo tras conocerse el anuncio de la reformalización?
Nosotros mantenemos un contacto fluido siempre y particularmente con Samuel Donoso ciertamente hemos estado en contacto durante los últimos días a propósito de la audiencia del 25 de marzo.
¿Qué rol cumple Rodrigo Peñailillo en este equipo?
No lo sé, yo soy defensa de la señora Fernández, pero él tiene naturalmente un interés en el seguimiento porque hay ex funcionarios cercanos a la ex Presidenta que están vinculados.
