Rodeado de un enorme despliegue de seguridad y acompañado de importantes figuras del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellas la destituida ex Presidenta Dilma Rousseff, el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuvo este miércoles su primer cara a cara en Curitiba con el juez federal que preside la investigación de Lava Jato, Sergio Moro, para testificar sobre denuncias que lo acusan de recibir un lujoso departamento en el balneario paulista de Guarujá de parte de la empresa de construcción OAS a cambio de "ventajas indebidas".

El ex sindicalista y cofundador del PT, vestido de traje oscuro y corbata con los colores de Brasil, ingresó a las 13:45 a la sede de la Justicia Federal, 15 minutos antes de la hora en la que estaba fijada la audiencia. Antes de ingresar en el juzgado, el ex Presidente de 71 años se reunió con un grupo de simpatizantes que lo esperaban en las proximidades entre vítores. "¡Lula guerrero del pueblo brasileño!", corearon. Sin embargo, los manifestantes no pudieron aproximarse a la corte, custodiada por centenares de policías. Según O Estado de Sao Paulo, más de la mitad de los 58 diputados petistas y ocho de sus nueve senadores se encontraban en Curitiba para acompañar a Lula.

La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas y sólo el Poder Judicial fue autorizado por Moro para filmar el testimonio de Lula, cuyo contenido sería liberado horas después de finalizada la comparecencia del ex mandatario. El magistrado incluso prohibió la entrada de celulares a la sala de audiencia para evitar la difusión del contenido de las declaraciones del petista, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Después de prestar testimonio por cinco horas -una de las audiencias más largas en lo que va de la Lava Jato, según O Globo-, Lula abandonó el tribunal y se encaminó al centro de Curitiba para participar en un acto con sus partidarios, mientras sus abogados ofrecerían una conferencia de prensa sobre el interrogatorio.

Lula debía responder por una de las cinco causas en las que está procesado, resultado de la Operación Lava Jato, que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El ex mandatario (2003-2010) está acusado de haber recibido de la constructora OAS -una de las principales involucradas en el petrolão- sobornos en especie por más de un millón de dólares, los que además del departamento tríplex en Guarujá, incluirían la reforma y decoración del inmueble, y el pago del depósito para almacenar sus bienes desde que dejó la Presidencia. Lula refuta las acusaciones. "Nuestra expectativa es que él reafirme su inocencia", dijo antes de la audiencia el senador petista Humerto Costa.

Sin embargo, hace dos semanas el ex titular de OAS, Leo Pinheiro, afirmó al propio juez Moro que el departamento había sido regalado al ex jefe de Estado, pero éste le pidió no ponerlo a su nombre hasta que se disiparan las investigaciones del Lava Jato.

La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque analistas apuntan que podría ser en apenas un mes. El expediente, conocido como el "departamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año. Por mientras, su futuro político parece estar en manos del juez Moro.