Después de semanas de suspenso, el primer ministro francés, Edouard Philippe, reveló este jueves la ambiciosa reforma para flexibilizar el mercado laboral prometida por el Presidente Emmanuel Macron durante su campaña. Confiado en que la iniciativa permitirá atraer inversiones y reducir el desempleo (9,5%), el gobierno apuesta a aprobarla por decreto en menos de un mes. Sin embargo, algunos sindicatos y la izquierda radical no piensan lo mismo y ya convocaron protestas.

La reforma laboral, en opinión de Radio Francia Internacional (RFI), será el primer gran desafío político de la Presidencia de Macron. Con ella, el joven Presidente centrista de 39 años aspira a dar a las empresas mayor flexibilidad, siguiendo el modelo de Alemania y los países escandinavos. Al mismo tiempo busca frenar el desempleo.

Edouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, fueron los encargados de detallar algunas de las 36 medidas con las que se pretende, entre otras cosas, clarificar y simplificar las reglas laborales para los inversionistas, de forma que las empresas puedan ajustarse más rápido a los vaivenes coyunturales.

Si bien el premier galo admitió que la actual legislación laboral "no es la primera causa del desempleo en Francia", apuntó que en la práctica "no protege eficazmente" a los asalariados y no favorece la contratación porque para los empresarios es "un freno" por su incertidumbre.

"Nuestro objetivo es hacer más claras y más seguras las reglas que se aplican", así como ofrecer "simplicidad" a los inversionistas que se quejan de "las incertidumbres" del derecho laboral francés, señaló Philippe al precisar los cinco decretos que el Consejo de Ministros adoptará el 22 de septiembre para su entrada en vigor a finales de mes. La reforma será aprobada mediante ordenanzas para evitar un largo debate legislativo. Con todo, Macron, quien subrayó el carácter "ambicioso" y "eficaz" de la reforma para "bajar el desempleo masivo", admitió que tardará de 18 a 24 meses en dar resultados.

En opinión de RFI, la reforma privilegia a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 84% de las empresas del país y emplean cerca del 50% de la mano de obra nacional. La flexibilización propuesta cambia fundamentalmente dos ejes: los criterios de las negociaciones entre empleadores y empleados y las indemnizaciones en caso de despido abusivo.

En ese sentido, Pénicaud destacó "medidas operativas" como la que permitirá que las empresas busquen un acuerdo mayoritario con sus trabajadores, al margen de los convenios sectoriales. Eso permitirá modificar -con el visto bueno de una mayoría de los representantes del personal- el tiempo de trabajo, algunos aspectos de la remuneración o la movilidad. En el caso de las pymes de menos de 50 empleados, señaló EFE, se podrán negociar esos asuntos con los representantes de los trabajadores incluso si éstos no están sindicalizados y, para las de menos de 20 donde no existen esos delegados, los empresarios podrán organizar un referéndum entre la plantilla.

Otro de los puntos más polémicos es el establecimiento de una tabla de indemnizaciones en caso de despido improcedente. En la práctica, esas indemnizaciones serán como máximo de un mes de sueldo, hasta un año de antigüedad, y un mes más por cada año adicional hasta 10. A partir de ahí, el incremento será de medio mes de salario por cada año, con un tope de 20 meses.

Si bien la nueva legislación es fruto de varias semanas de conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales, varios líderes sindicales se mostraron poco entusiastas. "Se han confirmado todos nuestros temores (...). Es el fin del contrato de trabajo", declaró el secretario general de la CGT, uno de los principales sindicatos franceses, Philippe Martinez, quien llamó a los "trabajadores, jubilados y jóvenes" a manifestarse el 12 de septiembre. Por su parte, el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, dijo que estaba "profundamente decepcionado" por algunos puntos de la reforma, pero no convocó manifestaciones.

No así el partido de izquierda radical Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, que llamó a "tomar" París contra este "golpe de Estado social" el 12 y 23 de septiembre.

Esta reforma llega en un momento delicado para Macron, cuya popularidad se ha desplomado. Un sondeo reciente mostró que sólo el 40% de los franceses está satisfecho con su labor. Pero tal como dijo el propio Presidente hace una semana, Francia es un país que "detesta las reformas".