El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que los 33 magistrados nombrados el viernes como tales por el Parlamento para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo que considera "ilegítimos" irán presos "uno por uno" y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias.

"Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender", afirmó Maduro durante su programa semanal en la televisión pública.

Uno de estos magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido ayer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en una acción que ha sido calificada de "terrorismo de Estado" por el Parlamento, de mayoría opositora, y que ha acusado a los jueces en ejercicio del TSJ de ser el brazo judicial del Gobierno.

"Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos", agregó Maduro en alusión a los nombramientos del Parlamento.

La oposición venezolana aprobó el viernes las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.

Los jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento chavista en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.

Con su intento de sustituir a estos magistrados, la oposición busca iniciar el restablecimiento de "la constitucionalidad" en el país, comprometida, según los detractores del Gobierno, por varias sentencias del Supremo que castigaban al Parlamento tras haber declarado a la Cámara "en desacato".

Justo después de la elección por el Parlamento de los 33 jueces paralelos, los magistrados en ejercicio del Supremo emitieron un pronunciamiento en el que advertían a los recién nombrados de que estaban incurriendo en "delitos de traición a la patria" contemplados por la justicia militar.

La declaración del Supremo pedía asimismo "medidas de coerción" contra todos los que participaron en los supuestos delitos.