En septiembre de 2010, María Corina Machado ganaba las elecciones parlamentarias en el Circuito 2 del estado de Miranda, siendo la diputada electa con mayor cantidad de votos en el país. Ayer, cuando se bajó del avión en el aeropuerto internacional de Maiquetía, regresaba a Venezuela luego de haber sido removida por la Asamblea Nacional de su puesto en el Congreso, acusada de haber representado a otro país en la asamblea de la OEA en Washington.

La oposición enfrenta un difícil momento. El eventual cese de actividades de Machado se suma a la destitución de tres generales, por su supuesto plan de "golpe de Estado", y a la destitución de los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Enzo Scarano, de San Diego.

En el caso de Ceballos, el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a 12 meses de prisión y lo destituyó por desacato al fallo judicial de no detener las barricadas -conocidas como "guarimbas"- en su región, la cual ha vivido las mayores concentraciones antigubernamentales. Scarano, en tanto, también fue sacado de su cargo y condenado a 10 meses de cárcel. El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin ir más lejos, anunció que el Consejo Nacional Electoral convocará "en las próximas horas" a elecciones en ambos municipios.

Estas tres medidas se dan en medio de la visita de 48 horas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a Caracas. El organismo internacional llegó a Venezuela con la intención de buscar una solución pacífica a la ola de protestas, que hasta la fecha ha dejado 32 muertos en el país. Pero hasta ahora esa intervención ha sido opacada por las duras medidas que ha tomado el oficialismo.

La sanción contra Machado fue anunciada por el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien ni siquiera consideró primero quitarle la inmunidad para realizar una investigación sobre su actuación.

PARTICIPACIÓN DE LA OEA

Pero Machado declaró que sólo "con la muerte, la renuncia, el revocatorio o una sentencia firme del tribunal" dejaría su cargo y sus derechos como diputada.

La sanción era esperada y conocida por Machado, quien viajó a Washington con la esperanza de exponer el caso de Venezuela ante la OEA como "participante alterna", haciendo uso del puesto que le concedió el embajador de Panamá, Arturo Vallerino. Desde entonces, su accionar ya era condenado por el gobierno de Maduro, que había iniciado antes una investigación por su presunta responsabilidad en los actos de violencia en las manifestaciones.

En tanto, el martes, Maduro reveló ante la comitiva de Unasur un intento de "golpe de Estado" por parte de tres generales de la Aviación, que fueron capturados y dispuestos "a las órdenes de los tribunales". No se dieron detalles al respecto, pero Maduro confirmó que la medida fue tomada luego de una acusación de los militares más jóvenes.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el diario El País, los expertos en temas militares coinciden en que la aviación venezolana no cuenta con las capacidades para liderar un golpe militar contra el gobierno.

Tres medidas que la analista política caraqueña Elsa Cardozo señaló a La Tercera como "una suerte de golpe de Estado desde el gobierno, un desconocimiento de los procesos constitucionales para todo. Desde la captura de los generales hasta la destitución de María Corina Machado y la prisión de estos alcaldes".

Ayer, la plataforma opositora venezolana, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), planteó a la Unasur su disposición a dialogar con el gobierno de Maduro. Esa es la instancia que Cardozo estima como necesaria y urgente en este momento. "Yo diría que fundamentalmente la actitud del gobierno -que tiene la capacidad de dar las señales más poderosas, más claras- ha sido dar señales opuestas a dialogar, con esta insistencia de descalificar a la oposición. No sólo descalificarla, sino que responsabilizar a otros de una situación muy compleja".

La crisis se inició en febrero en Venezuela, con las protestas de universitarios y opositores, en medio de una situación de creciente inseguridad en el país, desabastecimiento y alta inflación.

El gobierno de Nicolás Maduro rechaza las protestas y afirma que éstas son parte de un plan de los opositores, con la ayuda de Estados Unidos, para promover un golpe en el país.