El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, oficializó este lunes su solicitud de referendo para la Carta Magna que surja de la Asamblea Constituyente, sin lograr desactivar las protestas de la oposición, de nuevo dispersadas por las fuerzas de seguridad.
Militares enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos de opositores que se concentraron en varios puntos de Caracas para sumarse a un plantón en la principal autopista, donde hubo disturbios en los que los diputados Miguel Pizarro y Juan Requesens denunciaron haber sido golpeados por militares de la Guardia Nacional.
En rueda de prensa de la oposición tras las protestas, el diputado Juan Andrés Mejía denunció que los militares "golpearon y robaron" a manifestantes, periodistas y dirigentes.
El Parlamento, de mayoría opositora, citó para el martes al ministro de Interior, Néstor Reverol, para que responda "por la represión", y convoco a una marcha a las sedes del poder electoral en
Caracas y todos los estados del país el miércoles, en rechazo a la Constituyente.
"Señores de la Guardia Nacional, si quieren volver a reprimir, vamos a volver a resistir", dijo Requesens.
Las manifestaciones, que dejan 65 muertos y más de un millar de heridos desde que estallaron el 1 de abril, exigen la salida de Maduro mediante elecciones generales y rechazan la Constituyente, en medio de una grave crisis económica.
Venezuela, que sufre el desplome de los precios del petróleo -fuente de 96% de sus divisas-, vive una escasez crónica de alimentos y medicinas y una inflación que podría llegar a 720% en 2017, según el FMI.
En la noche se registraban disturbios en Caracas. En el acomodado barrio de Altamira (este) un grupo de supuestos manifestantes quemó un bus.
Mientras las fuerzas de seguridad y los manifestantes se enfrentaban en el este y oeste de Caracas, en el centro altos funcionarios del gobierno presentaban en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el documento que prevé el referendo.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien recibió el texto, propuso el 30 de julio para la elección de la Constituyente, que tendrá un sistema de votación territorial y por sectores sociales que, según la oposición, es "fraudulento" porque garantizará que el chavismo gane la mayoría de los 545 asambleístas.
La oposición decidió no participar por estimar que Maduro pretende perpetuarse en el poder con decisiones de la Constituyente, que según el mandatario será un "suprapoder" por encima de la ley.
El dirigente chavista Jorge Rodríguez, quien entregó el documento al CNE, dijo estar seguro de que "la gran mayoría del pueblo" aprobará la nueva Constitución.
En medio de la crisis, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) anunció que se reunirá el jueves con el Papa Francisco en el Vaticano para "explicarle grave situación".
Maduro, quien asegura que la Constituyente reforzará la Carta Magna de 1999 con mayor poder popular y ayudará a restablecer la paz y estabilidad económica, propuso el referendo ante fuertes críticas incluso del chavismo.
La fiscal general, Luisa Ortega -de línea chavista-, pidió a Maduro retirar la convocatoria a la Constituyente por considerar que agravará la crisis y que es un "retroceso" en derechos humanos y democracia.
Su postura le ha valido ataques por parte del gobierno y sus seguidores. El diputado oficialista Pedro Carreño aseguró este lunes que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, que evalúe la "insania mental" de Ortega para que sea destituida.
La ex magistrada Blanca Rosa Mármol explicó a la AFP que solo el Parlamento puede destituir a la fiscal. No obstante, el TSJ, que declaró en desacato al Legislativo, ha tomado decisiones que corresponden a ese poder.
Ortega, quien interpuso ante el TSJ una acción contra la Constituyente, estima que su convocatoria también debió someterse a consulta popular.
