Esta tarde, el Presidente Sebastián Piñera recibió -en el Salón de Audiencias del Palacio de La Moneda- la segunda versión del informe de la Comisión Valech sobre Prisión Política y Tortura.

En una audiencia privada, Piñera recibió el documento de manos de la vicepresidenta ejecutiva de la reabierta Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, luego de 18 meses de trabajo. En la ocasión, también estuvo presente el ministro de Jusitica, Teodoro Ribera.

Se recibieron 32.000 solicitudes, de las que fueron certificadas 9.800 que corresponden a casos de tortura y 30 respecto a desapariciones o ejecuciones.

En relación con los casos rechazados, Sepúlveda dijo que se trata de personas "que estaban fuera de mandato por no ser víctimas directas", y que en otros casos "no se pudo probar la motivación política o hubo falta de pruebas para acreditar la información presentada".

La cifra de certificaciones, sin embargo, fue calificada de "aberrante" por Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), por cuanto supone apenas un tercio de los casos presentados, según dijo en declaraciones a la agencia EFE. "Son cifras aberrantes. Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, ilógico", cuestionó.

Por su parte, el titular de Justicia dijo que "esperamos que este informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación", junto con manifestar que el Mandatario "agradece y valora el trabajo que ha realizado la comisión".

La instancia, en su reapertura -a fines del gobierno de Michelle Bachelet-, recogió los testimonios de víctimas que no fueron ingresados en el informe anterior, entregado en junio de 2005 al entonces Mandatario Ricardo Lagos.

En esa oportunidad, el documento incluyó a unas 29 mil personas, entre las que se contabilizaron a 87 menores de edad.

El secretario general de la Comisión Valech, Claudio Herrera, comentó hace algunos días que la idea de la segunda versión es entregar reparación a aquellas personas que no alcanzaron a ser ingresadas durante el período anterior, y reconsiderar aquellos casos que no fueron  acogidos.

Los 32 mil nuevos casos excedieron todas las expectativas, razón por la que la instancia solicitó una prórroga de seis meses en febrero pasado, mes en el que vencía el plazo para la entrega del informe.

El documento es considerado el cierre del proceso que se inició en 1990 con el Informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que estableció un total de 2.279 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.