Manifestantes prendieron fuego este miércoles a la alcaldía de la ciudad mexicana de Iguala durante una protesta por la desaparición en esa ciudad de 43 estudiantes hace casi un mes. En tanto, el fiscal general mexicano acusó oficialmente al alcalde de dicha ciudad de haber ordenado atacar a los jóvenes, para no empañar un discurso que su esposa iba a dar esa noche.
Algunos de los miles de maestros y estudiantes que protestaban irrumpieron en el edificio, donde aparentemente no había trabajadores, y lo incendiaron sin que en el lugar hubiera agentes federales, que han asumido la seguridad de esa ciudad.
La sede de la alcaldía de Iguala, situada en el centro de esta ciudad de 140.000 habitantes, había sido prácticamente vaciada el pasado jueves cuando el sindicato de maestros de Guerrero y otras organizaciones sociales anunciaron que pensaban tomar el control de las 81 alcaldías de la región.
Guerrero, y el resto de México, sigue indignado por la falta de noticias sobre el paradero de los 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser tiroteados por policías locales de Iguala y sicarios de un cártel narcotraficante.
Este miércoles fue convocada una nueva jornada de protestas a nivel nacional para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que encuentre con vida a los jóvenes y castigue a los responsables del crimen.
MOVIL DEL ATAQUE
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo en una rueda de prensa que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue quien dio la orden de atacar a los estudiantes para evitar que intervinieran en un evento que estaba celebrando esa noche su esposa, María de los Ángeles Pineda, como presidenta del organismo defensor de la familia en Iguala.
Tras la detención del líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se ha podido descubrir que el crimen organizado estaba completamente infiltrado en el ayuntamiento, que recibía del cártel entre dos y tres millones de pesos mensuales (entre 148.000 y 222.000 dólares).
De los Ángeles Pineda era la encargada de distribuir este dinero, con la complicidad de su esposo, quien fue separado de su cargo el pasado 17 de octubre por el Congreso del estado de Guerrero, y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, afirmó Murillo.
