Con el senador UDI Iván Moreira ya desaforado, el equipo de fiscales del caso Penta se apronta a cerrar la etapa investigativa, volver a acusar y llevar después de tres años a juicio oral la emblemática causa sobre financiamiento ilegal de la política.

A 24 horas de conocido el veredicto del pleno de la Corte Suprema, que en estrecha decisión, por nueve votos a favor y ocho en contra, validó las investigaciones contra políticos por aportes irregulares a campañas, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, valora la resolución, pues asegura que, "sin lugar a dudas, este es un precedente valioso que probablemente se va a considerar en las restantes investigaciones que afectan a otros personeros políticos".

Es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia sobre si los políticos cometieron o no delito, ¿Qué le pareció el resultado?

Estamos satisfechos, creemos que la decisión se ajusta a derecho en el sentido de que efectivamente determina que hay mérito para proceder a perseguir la responsabilidad penal que, a nuestro juicio, le asiste al senador Iván Moreira. Además se corrobora la existencia del delito de facilitación de documentos tributarios falsos, delito en el que él tiene una participación activa como autor.

Pese a que fue casi un empate técnico, ¿sienten un respaldo de la justicia a su postura?

Para nosotros es relevante que por primera vez la Corte Suprema se pronuncie sobre el particular. Anteriormente lo había hecho respecto de otros delitos por los que se había solicitado desafuero, pero no había pronunciamiento expreso de esta figura de facilitador en materia tributaria, que es la que se le atribuye al político que pidió a terceros boletas o facturas para empresas a cambio de aportes a campaña. No sólo es relevante para mí, y los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, sino para el Ministerio Público. Por eso estamos esperando con atención los fundamentos del fallo.

¿El que haya una postura tan dividida en la Corte Suprema también llama la atención?

La verdad es que no, porque lo que se discute es una discrepancia jurídica en la cual sabemos que va a haber controversia, ya que siempre la ha habido. Nosotros tenemos una hipótesis que estimamos tenemos cómo justificar y que se ampara con el verdadero sentido de la ley. La defensa tiene todo el derecho de plantear algo distinto y entendemos que esto genera discrepancias en el foro judicial, pero será el tribunal oral el llamado a conocer las pruebas y determinar si existió o no una conducta dolosa. Nos estamos preparando para ese momento, esa discusión del fondo, que es lo que ahora se viene para enjuiciar las conductas que llevaron a cambiar el sistema de financiamiento de la política.

¿Les preocupa que tres de los cinco jueces que integran la sala penal, a donde puede llegar su caso, estimaran que no se configura delito?

No conocemos los fundamentos del fallo, no nos podemos pronunciar anticipadamente, es meramente especulación lo que ha trascendido. No obstante aquello, este es un juicio de desafuero con determinado estándar, donde también se tiene acceso a determinados antecedentes y no se examina toda la prueba que se ha reunido, por lo tanto no nos preocupa, porque son cosas distintas. La Suprema no conoce todos los antecedentes que existen respecto de la participación culpable del señor Moreira y, por ende, yo creo que sería muy anticipado en función de eso decir que ellos van a absolver sí o sí.

Pero podría leerse como una señal de la Sala Penal...

No creo que sea una señal, hay que interpretarlo restrictivamente, esto tiene efecto en el caso concreto y no hay que extenderlo más allá del proceso de desafuero. Ahora empiezo un partido nuevo, un partido de juicio, en el que se va a determinar si hay culpabilidad o no y obviamente que se fijan estándares diversos.

¿Está la fiscalía "criminalizando la política" como dijo el senador Moreira tras su desafuero?

¿Nosotros?, en absoluto. Yo creo que la fiscalía no ha criminalizado la política, fueron los políticos que cometieron delito. Al Ministerio Público lo que le corresponde es investigar hechos que son constitutivos de delito más allá de quién los cometa, y en estos casos se trata circunstancialmente de personas que se dedican a la política. El que sean políticos es una coyuntura especial, que no buscó ni quiso la fiscalía, así que estamos acostumbrados a ese argumento, pero la verdad es que nos parece que no tiene ningún asidero.

¿Acostumbrados a las críticas?

A ese tipo de argumento. Lo relevante del fallo de la Corte Suprema es que señala que la posición del Ministerio Público es plausible, no se trata de una actuación arbitraria, ni ilegal, ni como se ha pretendido decir que estas imputaciones a políticos son un capricho del Ministerio Público, sino que tiene un fundamento material y jurídico sólido y eso es lo relevante.