La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, estuvo en Italia invitado para exponer en una reunión del G7 -las siete mayores economías del mundo- dedicada, entre otros, a abordar el impacto del cambio climático y los desafíos de éste para las políticas públicas. Aunque para Mena se trata de un tema central en la agenda global, tiene claro que las prioridades al mando de su cartera para lo que resta de administración apuntan en buena medida al destino de algunos proyectos de inversión emblemáticos, y polémicos, como el de minera Dominga, que espera el pronunciamiento del comité de ministros y respecto del que el secretario de Estado anuncia su intención de resolver antes de marzo, aunque sin comprometer un plazo más acotado, si para este o el próximo año. El titular de medio ambiente defiende la gestión del gobierno y dice que la institucionalidad ha actuado con la necesaria celeridad.

Además, dice que ve con preocupación lo que considera una escasez de propuestas profundas en materia ambiental de los aspirantes a La Moneda.

El sector privado ha criticado muchas veces que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) termina frenando proyectos y obstaculizando la materialización de la inversión ¿Qué opina de esa visión?

Si uno mira el registro del SEA de este período versus el del período anterior advierte que este Servicio sí toma decisiones. No traspasamos decisiones de un gobierno a otro. Nos encontramos con cerca de 79 recursos por resolver y vamos a dejar este gobierno con menos de 10. Además, el nivel de judicialización ha sido significativamente menor al pasado. De un total de 2.500 proyectos que hemos visto, en torno a 60 de ellos han sido judicializados, de los cuales se han perdido tres. Es decir, el SEA ha hecho su trabajo. Pero siempre se puede mejorar y por eso lo hemos reestructurado para implementar las recomendaciones que la mesa presidencial hizo en este sentido.

¿Considera que son injustas las críticas?

En general, si uno mira en detalle, muchas veces tienen que ver con ideas base que se han levantado mal, participaciones ciudadanas que no se quisieron hacer, y decisiones que tienen que ver con no agotar las instancias de validación con la ciudadanía. Algunos ven la consulta indígena como una barrera. Muchos titulares han realizado un excelente trabajo y no se ha escuchado de sus conflictos porque no tuvieron, sino que tuvieron una relación virtuosa con la comunidad.

¿Cómo se ven los proyectos que van llegando al comité de ministros, por orden de llegada?

No. Hay plazos obligatorios y una cierta cantidad de reclamaciones que se dan y algunas veces se requieren más antecedentes para poder fallar, pero en general tratamos de abordarlos. Hemos sesionado cerca de 22 veces y en el gobierno pasado fueron cerca de cuatro. Hemos hecho la pega. No esperamos que esto pase a otro gobierno. Nosotros no postergamos las decisiones sobre Hidroaysén, ni Punta Alcalde, ni Mediterráneo ni la central Cuervo, sino que lo tomamos y tomamos decisiones que son difíciles, pero que son necesarias para dar garantía a los actores de que este es un servicio independiente que se apega a la institucionalidad ambiental.

¿Y van a resolver el futuro de Dominga durante este gobierno?

Si, nuestra intención es resolver sobre minera Dominga en este gobierno. Creemos que hay que tomar decisiones, y ese ha sido el sello de este gobierno.

Cambios en el SEA

¿La reforma al SEA no responde también a una mirada crítica suya sobre el Servicio?

El SEA se hace cargo de problemas de falta de planificación en general. Por ejemplo, si no se coordinan los proyectos mineros territorialmente, si cada uno hace su puerto, su central eléctrica, su desaladora, cuando no comparten infraestructura esto multiplica los conflictos posibles. Las críticas que van al SEA es que se hace cargo de problemas que tienen que ver con la falta de planificación en otros aspectos.

¿A esto responde la salida de Jorge Troncoso y la reestructuración del equipo?

Si, tiene que ver con una visión de cómo poder agotar las instancias para que se mantengan dentro de la institucionalidad ambiental todas las decisiones que puedan tener conflicto. Queremos que el comité de ministros funcione, y que los proyectos no se vayan hacia el Poder Judicial.

¿Habrá más cambios en el SEA?

Son estos fundamentalmente. Sí habrá otros cambios operativos de gestión que vamos a implementar.

Se especuló que la salida de Troncoso tuvo que ver con el rechazo de Dominga…

No. Tiene que ver con una visión de cómo llevar a cabo una evaluación ambiental y la implementación de la reforma al SEA, no con un proyecto particular.

¿Y tiene que ver con la acumulación de proyectos en el comité de ministros?

Hubo ciertas diferencias con proyectos en particular que perdimos ante la Corte Suprema, donde yo tenía una opinión contraria. Y eso, de cierta forma, también fue un factor para mi decisión.

¿Como cuáles?

Mina Invierno, Doña Alicia, donde yo pensaba que teníamos que haber actuado distinto. Haber agotado la participación, o bien reconocer los fallos locales y no revertirlos necesariamente como es el caso de Doña Alicia.

¿Qué espera del próximo gobierno en materia medioambiental?

Me preocupa que se reduzca la atención por el tema ambiental. La política ambiental no está ni debería estar como un sector que solo resuelve problemas al final de la tubería. Cuando resolvemos los problemas en la chimenea es porque perdimos toda la oportunidad de hacer un desarrollo sustentable previo.

¿Cómo ve las propuestas de los candidatos en materia ambiental?

Creo que falta mucha profundidad. Creo que el acuerdo de París y el objetivo de desarrollo sustentable son cosas que no se pueden ignorar. Esto no se trata de poner más puntos limpios. Es pensar cómo hacemos en profundidad una economía que no ponga en tela de juicio el futuro de nuestros hijos.