No han sido semanas fáciles para el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC). Luego de asegurar que en la Región de La Araucanía "no existe terrorismo", el gobierno enfrentó críticas y diferencias internas que, incluso, llevaron a que el subsecretario Mahmud Aleuy hiciera un receso laboral a sólo cinco meses del término del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Y es en medio de esta polémica que Barraza asumirá una de las tareas más complejas desde que arribó a la cartera, en mayo de 2015: realizar la Consulta Constituyente Indígena en su fase nacional.

¿Cuán representativa de los pueblos indígenas es esta consulta?

No sólo por mi opinión, también por datos objetivos, es la instancia de participación indígena más alta que ha existido en la historia más contemporánea de Chile. Hay un hito histórico, que es el Acuerdo de Nueva Imperial. Sin embargo, un hito de participación social indígena como este no tiene precedentes.

De todas formas, hay comunidades que se restaron del proceso.

En general, en estos procesos hay personas que participan y otras que no participan. En general, indistintamente que puedan existir personas que no estén de acuerdo, la inmensa mayoría de los pueblos indígenas ve en esto un camino político para que sus derechos estén cristalizados en la nueva Constitución.

¿Cree que el reconocimiento constitucional y la participación política sean la salida a un conflicto que se ha prolongado por años?

Evidentemente, el proceso constituyente indígena en su etapa de consulta es un camino político que no es automático, pero que nos permite como país tener una relación de equivalencia en materia de derechos con los pueblos indígenas. Establecer que los pueblos tienen derechos colectivos y que son anteriores a la conformación del Estado de Chile significa reconocer que los pueblos indígenas tienen derechos económicos, culturales, sociales y políticos de rango constitucional.

Sin embargo, se espera un duro debate, principalmente en materia de reconocimiento territorial.

Es parte de la discusión. Las medidas que se han propuesto son sustantivas, tienen densidad política. Lo digo porque estamos reconociendo que los pueblos indígenas tienen una existencia anterior al Estado de Chile. Y, entre otras cosas, hablamos de territorios especiales indígenas. Son medidas sustantivas que tienen que ver con las demandas históricas de los pueblos. Ciertamente, hay un ejercicio de diálogo y discusión que nos tiene que llevar a tener puntos de encuentro más precisos.

¿Cuán vinculante será lo que se resuelva la próxima semana?

El Convenio 169 de la OIT dispone que es el Estado el que establece acuerdo con los pueblos indígenas. En consecuencia, estamos trabajando con este grado de celeridad porque cuando se presente el proyecto de nueva Constitución, necesariamente se requiere tener esta consulta resuelta.

¿Los resultados obtenidos se van a plasmar directamente en el proyecto de nueva Constitución o se abrirá un proceso intermedio a través de otros ministerios que modifique lo acordado?

Los acuerdos que se alcancen tienen que tener expresión en el nuevo proyecto. Algunos tendrán expresión también en leyes, porque no todo va en la Constitución. Pero lo importante es que el Estado se compromete con los pueblos.

¿Pero habrá un filtro previo a su ingreso al Congreso?

Cuando hay acuerdo es vinculante para ambos.

Usted dijo que en La Araucanía no hay terrorismo y hace críticas a la Ley Antiterrorista. ¿Eso fue un guiño para las comunidades que no participaron de esta consulta?

Lo importante es que estamos ante una consulta que es histórica. Lo otro son debates accesorios.

¿Pero no intentó con esas declaraciones acercarse a los grupos más radicales?

Nosotros tenemos una participación activa del proceso constituyente que se ha mantenido y ciertamente estamos optimistas en que podamos tener acuerdos.

¿Habría preferido que los grupos más radicales participaran?

Aquí participan aquellos que creen en el diálogo, no en la violencia. Todos quienes se incorporaron a este proceso constituyente indígena creen en la democracia y en la participación, no en la violencia.

¿A qué aspira el gobierno en cuanto a la representación política de los pueblos indígenas en el Congreso?

Aspiramos a lograr un acuerdo que signifique representación política idealmente mediante escaños reservados en el Parlamento.

¿Se contempla algún porcentaje mínimo de dirigentes indígenas en el Congreso?

Los porcentajes son parte de la discusión que debemos tener con los pueblos.