El 11 de abril de 2016, Lissette Villa falleció, a los 11 años de edad, al interior del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino. Su muerte destapó la crisis al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) y significó la renuncia de la ex directora del organismo, Marcela Labraña. Hoy, ya son ocho los formalizados en el caso y la fiscalía indaga otras 260 muertes de menores que se encontraban bajo el sistema de protección del Estado. El fiscal de Los Lagos, Marcos Emilfork, ha estado a cargo de estas investigaciones. En entrevista con La Tercera analizó lo que ha significado el caso de Lissette para el país.

A un año del fallecimiento, ¿qué opina sobre lo ocurrido a lo largo de este período?

Hoy estamos investigando otros 260 casos de fallecimientos de niños y adolescentes que se encontraban bajo la protección del sistema del Servicio Nacional de Menores. La muerte de Lissette desnudó una realidad muy conmovedora, que no conocíamos como país, respecto de la forma en que el Estado recibe, trata y protege a aquellos niños más vulnerables de nuestra sociedad, que se encuentran bajo su custodia. El fallecimiento de Lissette marca un antes y un después para la forma en que vemos y asumimos ese tema.

¿Ha sido la investigación del caso Lissette más compleja que otras?

La investigación ha sido extraordinariamente compleja. Las dificultades estaban dadas por distintos factores. Entre ellos, la dificultad de obtener información de lo que en realidad sucedía al interior del Cread Galvarino. Se cerraron puertas por parte de las mismas personas que trabajaban en el centro, quienes dieron información falsa sobre lo que había sucedido. Eso se fue develando con posterioridad, gracias al trabajo investigativo de la fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, el equipo del Servicio Médico Legal y los testimonios que hemos obtenido. Logramos pasar de la incerteza a una conclusión importante: Lissette falleció producto del ejercicio de violencia física por parte de personas que eran responsables de su cuidado. Es por eso que se formalizó a distintas personas.

¿Cómo avanza esa investigación?

La investigación muestra avances sustantivos y ya existen personas que están formalizadas por su responsabilidad en estos hechos. El plazo investigativo de siete meses se inició en marzo, por lo que todavía quedan varios meses para desarrollar ese proceso y lo estamos haciendo en este momento. Esperamos que sea la investigación la que nos vaya dando luces de los siguientes pasos, pero no descarto absolutamente nada de lo que podamos decidir en el futuro respecto de nuevas formalizaciones en relación al Cread Galvarino.

¿Por qué cree que el caso de la muerte de Lissette ha sido tan emblemático respecto del Sename?

Es donde se ve de forma más categórica lo que nosotros, como fiscalía, planteamos. Que el fallecimiento de Lissette es un caso de derechos humanos. Esa visión es vital. Si esto mismo hubiera ocurrido en una comisaría o una institución de Gendarmería, no cabría ninguna duda de que estamos frente a un caso de derechos humanos. En el caso de una niña de 11 años, que se encuentra a disposición permanente de funcionarios públicos, a quienes el Estado les paga una remuneración que no es baja, para que la cuiden, y termina falleciendo producto del ejercicio de violencia, ¿no es acaso un caso de derechos humanos? Nosotros como fiscalía no tenemos ninguna duda. Eso le da un matiz completamente distinto.

¿Considera que fue un error cuando se dijo que ella falleció por un cuadro de angustia?

Lissette no murió de pena. Eso está absolutamente acreditado. Como fiscales no podemos hacernos cargo de los dichos de terceros. Pero me parece que cuando hablamos de niños, y aún más, cuando hablamos de niños que están bajo la custodia del Estado, tenemos que ser muy cautelosos con la forma en que nos referimos a ellos.

¿ Se avanza en la dirección correcta para reformular el sistema?

Desde la perspectiva humana, no sólo como fiscal, por cierto que espero que la muerte de Lissette deje una repercusión importante en el país, para que se revise y se mejoren de una vez por todas las formas en que el Estado protege a los niños más vulnerables de nuestra sociedad.

Mencionó que actualmente la fiscalía está llevando a cabo 260 investigaciones similares al caso de Lissette. ¿Alguna vez habían llevado tal cantidad de investigaciones?

Es una investigación inédita. Nunca el Ministerio Público había desarrollado una investigación de esta magnitud, con las características que tiene. Se ha llevado a cabo una dispersión geográfica de Arica a Punta Arenas, y ha implicado también trabajar coordinadamente con fiscales que se encuentran en distintas fiscalías regionales. Es un desplazamiento enorme del equipo que yo lidero, que está integrado también por los fiscales Marcello Sambuceti, Patricio Poblete, Macarena Gallardo y Erika Vargas, además de un trabajo esencial de la PDI.

¿De qué forma ha ayudado esto a innovar la manera en que la fiscalía investigaba estos casos?

Nos ha ayudado a innovar desde distintas perspectivas, respecto del trabajo de la fiscalía. Es por eso, precisamente, que el fiscal nacional, a requerimiento mío, impuso que cada fiscalía regional designara un fiscal con dedicación preferente para tratar los delitos o cuasidelitos relacionados con niños o adolescentes del Sename. Es decir, esta investigación ha implicado una forma inédita de desarrollar una investigación, que es primera vez que se implementa, y ha demandado un esfuerzo muy grande de todo el equipo investigador.