El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha sido uno de los protagonistas de las noticias de los últimos días. Mientras participaba en el acuerdo que puso fin al paro de los docentes de San Fernando, debió hacer frente a una nueva polémica entre profesores y alcaldes, esta vez debido a la deuda que reclaman por el no pago del bono de Subvención Adicional Especial (SAE). Una materia que el miércoles terminó con el edil de Copiapó, Marcos López, preso. Ante este escenario, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpín, respondió con dureza a los maestros: "Tenemos más de 100 municipios demandados. (...) Ellos saben que se les pagó (ese dinero), es muy poco ético y moral el ejemplo que están dando los encargados de formar a nuestros niños".
Aguilar apeló a su derecho a respuesta: "Me parece muy grave e irresponsable por parte del alcalde Delpín señalar una cosa incierta y genérica. Le puedo asegurar que el profesorado está reclamando este derecho porque tenemos absoluta certeza de que nos corresponde por ley. Las asignaciones que entrega el ministerio a los municipios deben ser únicamente a pagos salariales. Hay leyes laborales que dicen cómo deben hacerse, para dar cuenta de cada una de las asignaciones. Los alcaldes primero negaban que teníamos derecho al cobro de esta asignación, pero ahora que la Corte Suprema determina que existe ese derecho, ellos salen con que sí habían pagado. Es bien contradictorio. Hay una argumentación muy errática e inconsistente y que haga esa cita me parece muy irresponsable.
Según el edil, el error estaría en un instructivo del Mineduc del 2009...
Los municipios han dado esos argumentos a los tribunales y en ninguna comuna han ganado un juicio. La ley establece el destino de ese monto y cómo debe hacerse. Y ellos no lo han hecho, por eso no lo han podido acreditar. Es muy inconsistente y además está resuelto desde los tribunales, por eso es aquí donde yo digo ¿existe o no existe estado de derecho en Chile? En esta operación comunicacional del alcalde Delpín, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, hay un hecho sumamente peligroso: que puedan haber autoridades políticas que pretendan no respetar el Estado de derecho. Eso me parece grave, peligroso e inquietante.
Y sobre a las detenciones de los alcaldes, ¿cómo ven eso?
El objetivo nuestro no es meter presos a los alcaldes, ni tampoco embargar bienes municipales. Es reclamar un derecho remuneracional que no se nos ha cancelado. Por tanto, la decisión de que vaya preso el alcalde de Copiapó y otros a futuro, es una decisión de los jueces. No ha sido a solicitud nuestra.
El edil afirma que ya se les pagó el bono SAE y que estarían demandando por segunda vez. ¿Qué responde?
Él está acusando no solo a los profesores de poco morales por demandar algo supuestamente ya pagado, sino también a los jueces de la Corte Suprema, ya que ellos resolvieron la denuncia. Son declaraciones lamentables, porque en un Estado de derecho las contiendas se resuelven mediante los tribunales, y los tribunales han resuelto en favor nuestro. Yo encuentro poco ético pretender desconocerlo y buscar hacer presión política para no cumplir los fallos judiciales. Eso sí me parece poco ético.
El Mineduc establece que la solución es el proyecto de nueva educación pública
No es solución para estos casos. Por el contrario, agrega un elemento complejo al proyecto de desmunicipalización, porque no deja resuelto el problema de endeudamiento, y el peor de los casos sería que se hiciera un traspaso desde los municipios a la nueva institucionalidad sin que quede resuelto el tema de las deudas, porque eso origina una deuda histórica dos. Así de grave.
