Implacable, severo o "juez de hierro" son algunos de los calificativos que se ha ganado Mario Cortés, juez de policía local de Casablanca, quien se ha hecho conocido en el país por las multas que ha impuesto a parlamentarios por excesos de velocidad en la Ruta 68. El último episodio ocurrió hace unas semanas, cuando suspendió indefinidamente la licencia de conducir del presidente de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Felipe Letelier (PPD), y cuya resolución fue "incapacidad psíquica o moral sobreviniente" del parlamentario, "que hace peligrosa su conducción de vehículos motorizados".
Cortés, serio y solemne, de aspecto sobrio y voz pausada, rehúsa tajantemente la notoriedad pública que ha adquirido y comenta qué criterios aplica a la hora de evaluar este tipo de casos.
¿A qué atribuye el revuelo mediático del cumplimiento de su función?
La verdad es que me parece un fenómeno sorprendente y lamentable, porque sanciones relacionadas con el tránsito ocurren todos los días a miles de chilenos, y si uno acepta que vive en un Estado de derecho, donde la ley debe aplicarse a todos por igual, no debieran existir motivos para considerar que una sanción a una autoridad es algo especial, digno de reconocimiento público o de ser destacado.
Casos como los que usted ha visto contribuyen a la mala imagen que tiene la gente de los políticos.
Las razones van más allá y son de fondo. Episodios como los "jubilazos", viajes de turismo con cargo a fondos públicos, viáticos parlamentarios cuestionables, el desconocimiento al mérito en la educación o la rotativa de nombres en la designación de cargos públicos, contribuyen a eso. La ciudadanía siente que muchas de estas conductas resultan impunes y eso hiere profundamente el sentimiento de igualdad ante la ley. Todo ello es lamentable y requiere que la clase política se esmere en hacer un real esfuerzo para revertirlo.
A la ciudadanía le sorprende que personas con poder reciban infracciones o incluso se les quite la licencia ¿Siente que ha marcado un precedente?
Sin referirme a un caso concreto, tal como he señalado en otras ocasiones, es ya tradicional que en Casablanca la ley se cumpla a cabalidad. Se aplica como corresponde a todos por igual, ya sea que se trate de un ciudadano común o de una autoridad. Ese precedente no deviene de ningún caso particular, sino que de la consistencia y perseverancia en el tiempo para que así sea.
¿Cómo evalúa que alguien es un peligro y no merece tener licencia de conducir?
Todos estamos expuestos a cometer infracciones ocasionales. Pero, sin referirme a nadie en particular, quien presente un historial reiterado a lo largo de varios años, de conductas irresponsables en la vía o que desafía y desprecia abiertamente la normativa vigente porque se siente fuera de la misma, evidentemente es un peligro para los demás en la vía pública. La cancelación de licencia no es más que la sanción legítima que la sociedad impone a quien se convierte en un peligro público. La idoneidad psíquica de una persona calificada en esta categoría no se juzga con el límite temporal de 12 meses, es algo obvio que no merece mayor comentario.
¿A qué atribuye que parlamentarios en ejercicio cometan infracciones? ¿Falta conciencia de que siendo legisladores no debiesen incurrir en estas faltas?
Parece evidente que la ciudadanía tiene una actitud de desconfianza hacia la clase política. Uno de mis hijos es dirigente estudiantil universitario y le hago bromas con que tenga cuidado si quiere entrar a ese "club", porque la censura ciudadana es evidente. Me parece que a esto nos referimos cuando se habla de "crisis de representatividad". Nuestra clase política no se ha planteado hasta ahora que lo que la gente reprueba son sus actitudes, y no necesariamente sus ideas. Es una tarea pendiente que requiere un cambio de fondo, y uno de sus componentes es aumentar los estándares éticos. Debe entenderse que muchas de las conductas en que incurren hieren abiertamente el sentimiento de igualdad ante la ley, algo profundamente arraigado en el alma nacional.
¿Ha recibido algún tipo de presión a lo largo de su carrera durante el ejercicio de su función sancionatoria?
En los últimos tiempos afortunadamente no ha ocurrido. Años atrás, recién instalado el Congreso en Valparaíso, el Juzgado de Casablanca fue el primero en sancionar a los parlamentarios, fundado en que el fuero parlamentario no cubre las conductas infraccionales, como muchos pretendían. Eso provocó reacciones airadas y amenazas que fueron de conocimiento público, incluso recurrieron a la Contraloría General de la República, formulando reclamos administrativos en mi contra. Hoy está superado y es indiscutible que los parlamentarios están sometidos a la ley y responden como cualquier ciudadano, sin privilegios.
¿Qué respondería a quienes critican su estilo? Le han llamado juez de hierro…
Eso es una creación periodística. Aplicar la igualdad ante la ley al ciudadano común y las autoridades es ajeno a la idea de juez de hierro. Lo primero que hay que valorar cuando se trata de sanciones en dinero es la capacidad económica del infractor. Si se multa con $ 120.000 a quien gana $ 360.000 mensuales, corresponde a un tercio de su sueldo, y si se aplica la misma sanción a quien tiene ingresos por $ 2.400.000 equivale solo a un 5% de su remuneración. Ante la misma infracción, se estaría aplicando una sanción mayor al que gana menos. Es labor del juez velar por la justicia y proporcionalidad de las sanciones económicas. Los juzgados de policía local no son cajas recaudadoras municipales, a los denunciados hay que oírlos y resolver en consecuencia. Algunos no lo entienden.
