Antes de recibir a La Tercera, Mario Fernández tuvo una larga reunión con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos. No entregó detalles del contenido del encuentro, pero sí respondió a los cuestionamientos que se le han hecho en su calidad de ministro del Interior por los cambios que faltan por hacer tras el millonario desfalco que afectó a la institución.

En el borrador de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en Carabineros se culpa a usted del poco avance que ha tenido la institución…

Eso es falso. Inmediatamente conocido el desfalco, le solicité al general director de Carabineros una reestructuración de la institución. En abril ya teníamos una propuesta de cambio de 27 medidas, 17 funcionales y 10 estructurales. Y en ese plan, que fue entregado a la comisión, por eso me extraña este informe, se especifica un cronograma que iba de 30 a 120 días para los efectos de que la institución entregara propuestas al gobierno.

¿En qué etapa está este proceso?

Las medidas más complejas de modificaciones legales fueron entregadas el 2 de octubre de este año, o sea se cumplió el cronograma. Ahora, el gobierno tiene el deber de examinarlas, porque se trata de cambios legislativos bien complicados, pero el próximo mes de noviembre todas estas propuestas estarán convertidas ya sea en decretos o en proyectos de ley que serán enviados al Parlamento.

¿La evaluación del general Villalobos ya está hecha?

La responsabilidad del general director para el gobierno no está vulnerada en ningún plano. Él cumplió la tarea de denunciar un hecho que le corresponde a todo funcionario público y este pasó a la justicia y la justicia no ha entregado ningún veredicto sobre su responsabilidad.

¿Y ustedes actuarán en función de lo que diga la justicia?

Si es que establece algún tipo de responsabilidad. Pero hay que recordar muy bien que el Artículo 76 (de la Constitución) establece la independencia del Poder Judicial y prohíbe a los otros poderes inmiscuirse en sus asuntos.

En otro tema, ¿cuál es la evaluación del gobierno después de haberse conocido que la justicia absolvió a 11 comuneros mapuches implicados en el caso Luchsinger?

Es un veredicto de un tribunal de justicia que debe ser respetado. Ahora, como no se conoce el detalle del mismo, que entiendo será publicado en noviembre, ahí veremos qué pasos hay que seguir.

¿Se sorprendieron?

Yo soy abogado viejo y, además, fui juez, por tanto, ya tiendo a no sorprenderme con los fallos judiciales.

Los empresarios sostienen que en La Araucanía la justicia no funciona. ¿Qué les diría?

Esto de valorar la justicia por un fallo favorable a lo que uno cree no es correcto. Una cosa es la responsabilidad de quienes son imputados por ese delito, pero el delito mismo es calificado por la justicia en el fallo del miércoles como grave. Ahora, hay que recordar que se trata de un delito que se cometió a principios del año 13 (2013).

¿Por qué lo coloca sobre la mesa?

Porque hay algunas voces que establecen un vínculo entre este delito, la violencia en La Araucanía y el gobierno. Este delito ocurrió -que es el más grave que ha ocurrido de violencia en La Araucanía, porque hay dos muertes- en el gobierno anterior, eso no quiere decir que nos desliguemos pero esto da cuenta de que la violencia en La Araucanía es un tema que atraviesa a todos los gobiernos.

Los dirigentes empresariales dicen que el Estado les ha fallado a las víctimas…

Es posible que sea cierto lo que ellos señalan en el sentido de que después de tanto tiempo el aparato del Estado no haya estado en condiciones de imputar responsabilidades a partir de las pruebas que se entregan.

¿Hubo errores de la fiscalía?

No sé, tengo que ver el fallo completo.

¿Pero cómo lo interpreta usted?

Nada tiene que ver la gravedad del hecho con que se absuelva a personas que, según los jueces han señalado, sus acusaciones no estaban respaldadas lo suficientemente de acuerdo al estándar que solicitan las pruebas y así es el Estado de derecho. Me sorprende que las mismas personas que reclaman porque no hay Estado de derecho se sorprendan también cuando el Estado de derecho dicta determinadas resoluciones; entonces, ¿en qué quedamos?

Si se mira este hecho en un contexto más general, sí hay ciertas cosas que se repiten, como la calidad de las pruebas o como la reversión de la prisión preventiva en el caso de la Operación Huracán. ¿Qué está haciendo el gobierno?

Hace poco me referí a dos normas jurídicas defectuosas: la prisión preventiva y la Ley Antiterrorista. Hemos ya iniciado la elaboración de los proyectos de ley para cambiar las dos medidas. Estamos constituyendo equipos para abordar esto y, además, quiero señalar muy claramente que este esfuerzo en algún punto, cuando tengamos una formulación más acabada, debe convertirse en un asunto consensuado en el Parlamento. He tenido ya algunas conversaciones informales con miembros del Congreso de la oposición para, en un momento determinado, cuando tengamos la propuesta más clara, ir a buscar un consenso, porque a todos nos compete.

¿Cuándo lo van a mandar?

En cuanto lo tengamos, lo intentaremos muy pronto, porque es un asunto bien serio, pero también es un asunto bien acotado.

¿Cuáles serán los posibles cambios a la prisión preventiva?

La prisión preventiva en cualquier país del mundo está regulada en el tiempo, pero no solo eso sino que está regulada en las responsabilidades que el Estado tiene al equivocarse, acá no existe eso. En nuestro ordenamiento procesal, la prisión preventiva está defectuosamente establecida, especialmente en su dimensión temporal.

¿Qué se busca en la Ley Antiterrorista?

Es necesario que las conductas punibles que están establecidas en la Ley Antiterrorista se trasladen al Código Penal, concordando desde luego esa figura con el código mismo, ubicándolas bien.

¿La ley como tal desaparecerá?

Claro, desaparece, porque esa ley no tendrá más contenido. O sea, lo sustantivo pasa al Código Penal y lo procedimental al Código Procesal Penal. La Ley Antiterrorista tiene un defecto de origen; a pesar de todas las reformas que ha tenido en democracia, el origen no es democrático y hay otros problemas técnicos jurídicos que tiene la ley que hay que abordar. Pero esto no tiene nada que ver con el combate al terrorismo. Si justamente por lo serio que es el terrorismo en el mundo de hoy es que exige tener los mejores instrumentos jurídicos para enfrentarlo.

Hubo una crítica muy dura de Chile Vamos y del candidato presidencial del sector argumentado que no se dan garantías para que el Estado pueda defender a las víctimas.

No quiero dar opiniones electorales, pero los hechos hablan por sí mismos, por tanto es muy liviano referirse en términos tan duros respecto de las autoridades en esta materia. Ninguna autoridad, ni las actuales ni las anteriores, quiere que estos hechos queden sin castigo, son imputaciones irresponsables. Todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que perfeccionar sus mecanismos para esclarecer los hechos criminales y sancionarlos como corresponde.

El gobierno está a menos de cinco meses de terminar. ¿Quedará al debe con el conflicto de La Araucanía?

Al debe siempre se va a quedar respecto de conflictos tan complejos, pero se ha avanzado mucho. Por ejemplo, se ha abordado el tema globalmente avanzando en términos concretos tanto en la Ley Araucanía como en las medidas que se han tomado a raíz de la respuesta que dio la Presidenta a las propuestas de la mesa de diálogo. Ahora, en toda su magnitud, es una tarea del Estado en sucesivos gobiernos. No creo que quedemos al debe en lo que está de nuestra mano hacer, hemos avanzando mucho pero queda mucho por hacer.

Finalmente, ¿cuándo se enviará el proyecto de nueva Constitución al Parlamento?

Quiero aclarar que nunca se ha dado una fecha para enviar el proyecto. Nunca, ni la Presidenta ni el gobierno hablaron de fechas ni de meses. Por tanto, es un asunto que concierne a la Presidenta y ella determinará cuándo enviará el proyecto de nueva Constitución. Lo que sí está fijado es que la Presidenta enviará un proyecto durante su periodo.