Desafiando gases lacrimógenos, más de 200.000 personas salieron este sábado a las calles de Venezuela para exigir el fin del gobierno de Nicolás Maduro, tras casi dos meses de protestas que dejan 47 muertos.
En Caracas, más de 160.000 opositores -según los organizadores- se congregaron en la principal autopista e intentaron caminar, sin éxito, hacia el ministerio del Interior en el centro de la capital, portando gigantescas pancartas "¡Resistencia!", "¡Elecciones ya!" y la bandera tricolor venezolana.
Y más de 40.000 personas protestaron en la ciudad de San Cristóbal (según cálculos de la AFP), en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, hacia donde Maduro ordenó el envío de 2.600 militares tras disturbios y saqueos la semana pasada.
"Sigo aquí a pesar de todo esto, sin miedo, porque hay que apoyar y tumbar esto con resistencia", dijo a la AFP Leonard Quintero, un estilista de 40 años, en el centro de la capital venezolana.
La multitudinaria marcha de este sábado fue apenas menos concurrida que la del 19 de abril, que con cientos de miles de personas fue la más multitudinaria de esta ola de protestas que en siete semanas también ha dejado cientos de heridos y unos 2.200 detenidos.
"Esto ha sido una masacre contra el pueblo, pero a pesar de todo, mientras más represión, más resistencia y lucha por Venezuela", gritó enardecido el líder opositor Henrique Capriles, antes de iniciar la caminata hacia el ministerio del Interior.
"Invitamos a marchar todos los días que sea necesario hasta que haya un cambio en Venezuela", señaló Capriles, a quien esta semana el gobierno le impidió viajar a Nueva York, donde pretendía denunciar la "represión" en el país ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
"Bandido, corrupto, vas para afuera", indicó dirigiéndose a Maduro.
NEGOCIACIONES
En otra parte de la ciudad, se preveía que Maduro recibiera en el Palacio presidencial de Miraflores a más de dos mil trabajadores, también según cálculos de AFP, que cantando y bailando y vestidos de rojo, marcharon en respaldo a la Asamblea Constituyente "popular" convocada por el mandatario.
Pero el mandatario no acudió.
"Ellos (la oposición) tienen que tomar en cuenta esta multitud que esta aquí, somos mayoría y tienen que tomar en cuenta esta iniciativa del presidente", dijo a la AFP Giuseppe Setro.
El país está completamente dividido y casi paralizado, en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI escalará a 720% este año. Un cóctel que se complementa con altos índices de criminalidad.
La única salida para resolver la aguda crisis política es la realización de elecciones generales y para ello llegó el momento de la "negociación definitiva", afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Analistas coinciden en que el reto de la oposición es mantenerse en la calle y al mismo tiempo, que obtengan más apoyo de la comunidad internacional.
"La oposición debe continuar con las protestas, acrecentando la presión interna. Pero al mismo tiempo, el apoyo de la comunidad internacional y la presión de los organismos internacionales es clave", señaló a la AFP David Smilde, asesor principal de WOLA (Washington Office on Latin America), con especialización en Venezuela.
Maduro enfrenta el rechazo de siete de cada diez venezolanos, según sondeos privados, en medio de la devastación económica, que se acentuó con la caída de los precios del petróleo en 2014.
El principal apoyo de Maduro es la Fuerza Armada, con enorme poder político y económico, que en reiteradas ocasiones le ha expresado su "lealtad incondicional".
VIOLENCIA
Esta nueva oleada de marchas se desató luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- asumiera el 30 de marzo las funciones del Parlamento.
La decisión -anulada parcialmente tras un fuerte rechazo internacional- provocó la irrupción de Estados Unidos en el conflicto.
El Tesoro norteamericano impuso sanciones económicas a ocho magistrados del TSJ y el presidente Donald Trump calificó la situación de Venezuela como una "vergüenza para la humanidad".
En los últimos días se multiplicaron las muertes por heridas de bala en hechos vinculados con las protestas.
Las protestas tomaron combustible con la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores controlados por el oficialismo.
La crisis también alcanza a filas del chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, opinó que esa iniciativa agravaría la crisis, según una carta enviada al gobierno y difundida por la prensa local.
La oposición rechaza la Constituyente por considerar que busca evitar elecciones. Sin embargo, Maduro ha garantizado que en 2018 habrá comicios presidenciales, como ordena la ley.
Aún están pendientes los de gobernadores, que debieron realizarse en 2016.
Maduro insiste en que la Constituyente "es el camino para la paz, el diálogo y el consenso", mientras que la oposición sólo propone "violencia y muerte".
