Una serie de diligencias ha llevado adelante la Fiscalía Centro Norte en la investigación por las presuntas irregularidades en las pensiones entregadas a oficiales y funcionarios de Gendarmería.
Este caso partió a mediados del año pasado cuando se reveló que la ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myriam Olate, recibía una pensión por parte de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) superior a $ 5 millones, lo que activó una serie de instancias investigadoras desarrolladas por la Cámara de Diputados, la Contraloría y el Ministerio Público.
El principal cuestionamiento vino desde el órgano contralor, el que estableció que las jubilaciones de Gendarmería se debían regir por el tope aplicado a los funcionarios públicos civiles que llega a las 60UF ($ 1,5 millones), en el caso de que no efectuaran funciones en recintos penales. Finalmente, tanto a Olate como a una serie de funcionarios se les rebajó la pensión a ese tope y además se ordenó a Dipreca que fuera pasada al sistema de AFP, donde según cálculos de La Tercera, debería recibir un monto cercano a los $ 400 mil mensuales.
Balance
Un informe de Dipreca, presentado ante la comisión investigadora de la Cámara y que es parte de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, reveló los montos de las jubilaciones pagadas por el organismo.
En el texto se precisa que hasta agosto de 2016, existían 65 mil 862 personas que recibían pensiones y montepíos, jubilaciones destinadas a viudas de los funcionarios.
Según el documento, quienes reciben mayores pensiones son Carabineros, la PDI y Gendarmería -los que desempeñan sus funciones expuestos a un alto riesgo personal-, además de los funcionarios de Dipreca. De todos ellos, más del 90% percibe pensiones de hasta $ 1 millón 500 mil. Luego hay un tramo de 2.410 personas que reciben entre $ 1 millón y medio y $ 2 millones.
Posteriormente, el informe consigna que hay 1.469 ex funcionarios que obtienen pensiones de entre $ 2 y $ 2 millones y medio.
De ahí en adelante, aparecen 460 jubilaciones cuyos montos se enmarcan entre $ 3 y $ 3,5 millones y siete superiores a $5,5 millones. En total, son 3.254 personas cuyos montos superan los $ 2 millones.
En su declaración ante la fiscalía, el director de Dipreca, Jaime Gatica, explicó que el promedio de pensiones de Gendarmería para sus distintos estamentos siempre es superior a las otras reparticiones. "Y en el caso de los oficiales es mayor aún, pues mientras los de Gendarmería percibieron pensiones promedio superiores a $ 4 millones, los oficiales de Carabineros percibieron pensiones de $ 1 millón 700 mil promedio y los oficiales de la PDI un promedio de $ 1 millón 900 mil", detalló.
Consultado por la razón que explica que las jubilaciones promedio de Gendarmería sean superiores a las de otras reparticiones, precisó: "Esto se debe a la forma en que se calcula su remuneración imponible, en particular, hay cuatro asignaciones que explican diferencias que se aplican a Gendarmería, pero no a las otras reparticiones y que son la profesional, de modernización, de funciones críticas y de responsabilidad superior".
Posturas
Tras conocer la información, parlamentarios de la comisión investigadora sobre el tema de las jubilaciones en el servicio a cargo de los recintos penales, pidieron aclarar esta situación.
"Claramente aquí hay una situación irregular que no solo afecta a un servicio público o institución, sino que este es un tema recurrente, habitual, y que perfectamente no solo podría ser constitutivo de delito, sino que demuestra que aquí hubo una falta de control, fiscalización y una negligencia inexcusable de parte de los responsables", afirmó Gustavo Hasbún (UDI).
Respecto a que siete personas reciban pensiones superiores a los $ 5 millones y medio, dijo que no es normal que "nadie se haya dado cuenta".
Por lo tanto, agregó, "aquí debieran haber muchas más personas involucradas y perfectamente podríamos estar en presencia de una asociación ilícita para defraudar al Fisco, porque se puede entender que no haya existido eficiencia en el control de la fiscalización, pero esta negligencia no solo es inexcusable, sino que es sospechosa a la luz de los antecedentes que hemos logrado conocer y que demostrarían claramente de que esto es prácticamente un fraude".
En tanto, el presidente de la instancia parlamentaria, Leonardo Soto (PS), comentó que "esta es una información que ciertamente produce mucha sorpresa e indignación en la ciudadanía". Y añadió que "la próxima semana, a más tardar el miércoles, la comisión investigadora va a evacuar su informe a la Cámara de Diputados, haciendo propuestas concretas para acabar con estas injusticias y abusos".
En ese contexto, el diputado Jaime Pilowsky (DC) reveló que "una de las recomendaciones que haremos es la necesidad de actualizar y modernizar la legislación, evitando estas resoluciones de Dipreca que no se ajustan a los dictámenes del órgano contralor". Y agregó que "hay que dotar a la Contraloría de más y mejores recursos y de mecanismos para poder auditar de mejor forma a los distintos organismos estatales. Eso requiere mayores recursos y no hemos tenido voluntad política para aquello".
