"Uno quisiera vivir de otra forma, pero estamos obligados. Debemos tener un espacio en qué ampararnos". El testimonio es de Saint Luc Lamontage, ciudadano haitiano que llegó a Chile hace un año y tres meses.

Lucas, como lo llaman sus cercanos, es parte de las casi 100 personas que habitaban la vivienda de calle Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central, que se incendió la tarde del miércoles pasado. Sin embargo, el hacinamiento es una experiencia que se comparte en al menos 350 viviendas de tres comunas: Independencia, Estación Central y Santiago. En esta última se contabilizan 5.880 extranjeros que alojan bajo estas condiciones. Según cifras proporcionadas por el municipio, estas personas se distribuyen en 84 "arriendos o subarriendos abusivos" al interior de la comuna.

En Estación Central, en tanto, se detectaron 120 inmuebles con estas características en sólo un kilómetro cuadrado, correspondiente a la Población Nogales, en el sector sur de la comuna. En el caso de Independencia, se han reconocido 157, de las cuales cinco han sido regularizadas y ocho, desalojadas.

Un hecho que exhibe nuevamente la realidad a la que se exponen los indocumentados, quienes deben conformarse con espacios compartidos y carentes de condiciones de habitabilidad, que los exponen a diversos riesgos y la incertidumbre ante un posible desalojo.

En el caso de la vivienda siniestrada, según explica Lamontage, las instalaciones eléctricas y sanitarias eran "todas mal hechas por el mismo dueño", dado que el supuesto propietario -quien se había tomado el terreno fiscal, según dijo el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado- intervenía cada vez que necesitaba aumentar la capacidad del inmueble.

Según explica Lamontage, el recinto estaba compuesto de 27 habitaciones. Cada una de ellas compartida hasta por más de tres personas. En el caso del ciudadano haitiano, lo hacía con otros cuatros compatriotas. El arrendatario, añade, les adaptó un espacio propio con dos dormitorios -separados con planchas de madera- y una "salita". Todo ello no sobrepasaba los 10 metros cuadrados y les significaba un pago mensual de $ 200.000.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, enfatiza en la necesidad de avanzar en herramientas para detectar estos casos, al sostener que pese a "tener catastro de las viviendas que están siendo habitadas, no existe una ley de subarrendamiento que nos permita fiscalizar".

Para el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se debe transparentar esta actividad. "Si alguien subarrienda y tiene a 30 familias viviendo al interior, eso no es subarriendo , es una actividad comercial que tiene que declarar impuestos".

Aspecto en que coincide el jefe comunal de Independencia, Gonzalo Durán. "Se trata de una actividad económica encubierta, necesitamos facultades para declarar eso y exigir las condiciones para que tengan patente ".