Este lunes 23 de diciembre vence el plazo para que las centrales termoeléctricas tengan en operación y certificados sus sistemas de monitoreo de emisiones. Y la mayoría no lo logrará.

Entre las principales empresas generadoras reconocen que hay preocupación por el tema, ya que los incumplimientos podrían derivar en formulación de cargos, sanciones e, incluso, multas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a aquellas que no cuenten con los denominados CEMS (sistemas de certificación de monitoreo de emisiones, por su sigla en inglés).

El tema fue tratado en la "cumbre eléctrica" que se realizó en La Moneda, el jueves, y el mismo Presidente Piñera se habría comprometido a buscar "una vía de solución al problema", aunque sin aclarar cuál sería.

El problema que enfrentan las generadoras tiene que ver con la complejidad del proceso para certificar las emisiones, dicen fuentes del sector eléctrico. En 2010, cuando se emitió el DS 13, que regulaba las emisiones de diversos contaminantes en la industria termoeléctrica, se determinó que las centrales nuevas tenían que cumplir con la norma antes de operar, mientras que las que estaban en operación tenían tres años para hacerlo, a través de la instalación de diversos equipos para abatir las emisiones y un sistema de monitoreo de las mismas, que debía reportar resultados a la autoridad ambiental de forma trimestral.

Llegó el plazo y casi el 90% de las centrales no ha logrado obtener esa certificación, pese a que la industria ha realizado inversiones por unos US$ 600 millones en estos tres años para adecuar sus operaciones a los límites de emisión de material particulado (MP), NOx, SO2 y Hg (mercurio).

La razón de la demora, comentan las fuentes, tiene que ver con la complejidad del proceso, que requiere que una central opere durante 20 días consecutivos para calibrar los equipos con que se deben medir las emisiones. Estas deben ser certificadas por empresas especializadas.

A esto se suma que la SMA, que emitió la normativa en enero de este año, habría cambiado algunos de los criterios durante el proceso, provocando nuevos retrasos. Asimismo, las empresas autorizadas para realizar las certificaciones (sólo habría cuatro de ellas para cubrir la demanda de unas 39 centrales) no serían suficientes en el mercado, y los insumos requeridos se deben mandar a fabricar a EE.UU.

Entre las generadoras señalan que el tema se ha conversado con la SMA, a fin de que ésta tome en cuenta estos factores al momento de realizar fiscalizaciones, aunque no descartan que más de alguna empresa deba enfrentar cargos o multas por el incumplimiento.

El proceso de mayor complejidad se registrará en marzo, cuando las generadoras deban remitir la información de sus emisiones horarias de material particulado durante el trimestre a la SMA. Si no cuentan con la certificación y calibración de los equipos, no podrán demostrar que sus emisiones cumplen con la ley, lo que las haría caer en incumplimientos graves, arriesgando multas e, incluso, paralización de sus operaciones.