"Yo cierro mi colegio porque me obligan", es la frase que se repite entre los sostenedores que afirman que, si el proyecto de fin al lucro, copago y selección se mantiene en su forma actual, no tendrán otra alternativa que dejar las aulas sin niños.

En su mayoría son establecimientos pequeños, ubicados en sectores periféricos y que atienden a niños de distintos sectores socioeconómicos y con capacidades educativas especiales.

Se trata al menos de 41 colegios (ver lista), con un total de 33 mil alumnos, que han anunciado su cierre si no se modifican las condiciones de la iniciativa del gobierno. Más allá de un tema de platas y de recuperar inversiones, "tenemos proyectos educativos, sueños y ganas de aportar en la educación de los niños", afirma Patricio Saavedra, sostenedor del Colegio San Agustín de El Bosque. Añade que "sólo nos dan dos alternativas: cerrar o transformarnos en particulares pagados".

"Instalamos nuestros colegios cuando las calles eran de barro, cuando en los sectores periféricos no había nada, ahí estuvimos nosotros", agrega Juan Araneda, representante legal del Colegio Balmaceda de Peñaflor.

Durante la tarde de ayer, una decena de los sostenedores que ya anunciaron su cierre se reunieron en el centro de Santiago para contar sus experiencias. Uno de los factores en común es la frase "el dueño de mi colegio es el banco", porque, según explican, se trata de establecimientos que fueron levantados mediante créditos y, en algunos casos, para responder a las exigencias de la Jornada Escolar Completa.

Los sostenedores que reconocen la posibilidad de cierre cuentan que decidieron hacer pública esta lista de colegios afectados ante los constantes cuestionamientos desde el gobierno con respecto a la real posibilidad de cierre de colegios.

"Estamos defendiendo un proyecto educativo y no un negocio, como han querido hacer parecer", plantea uno de los sostenedores del Colegio Polivalente La Alborada, de Puente Alto, Hernán Saldaña. En su caso se trata de un proyecto creado por él y otros dos profesores normalistas, junto a dos familiares. Al respecto, cuenta que el colegio se emplaza en un terreno de 15 mil metros cuadrados, que fue tasado por el banco en dos mil millones de pesos y asegura que "si quisiera venderlo una inmobiliaria me daría mucho más que eso, pero yo estoy dando la pelea por los niños, por mis alumnos, porque sólo nosotros como educadores y sus padres los podemos defender".

MINEDUC

Tras conocer el planteamiento de los sostenedores, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, dijo que "estar tomando decisiones a esta altura es un poco precipitado". Recordó que el proyecto aún está en trámite y dijo que es posible que los sostenedores no estén teniendo la información clara.

"Por un lado, hacemos un llamado a informarse y a tener calma al momento de tomar decisiones. El proyecto busca asegurar el derecho a la educación, pero también establece muchas formas de transición hacia un sistema educativo donde tengamos al lucro fuera de la educación".

Quiroga indicó que "el proyecto establece plazos para que los sostenedores puedan decidir; tenemos que debatir como sociedad, ponernos de acuerdo e informarnos".

Respecto de la compra de los inmuebles donde funcionan los colegios, la subsecretaria señaló que "si familias o personas individuales han puesto patrimonio personal, el proyecto considera mecanismos para que puedan recuperar su patrimonio".