Un número significativo de transferencias de detenidos en Guantánamo se encuentra en preparación, indicó este jueves un alto responsable del gobierno estadounidense, anunciando un "progreso sustancial este año" como para poder lograr el cierre de esa prisión.
"Hay un número significativo de transferencias en varias etapas de preparación y estimo que se verá un progreso sustancial este año", dijo el responsable estadounidense, en medio de la polémica generada por la liberación de cinco prisioneros talibanes canjeados por el soldado norteamericano Bowe Bergdahl, capturado en Afganistán.
Aún restan 149 presos en Guantánamo, una cárcel que el presidente Barack Obama se comprometió a cerrar cuando era candidato a la Casa Blanca.
De esos 149, ya se aprobó la liberación de 78 de ellos sin cargos. El grupo, que incluye a 58 yemeníes y cuatro afganos, está a la espera de una transferencia fuera de prisión. La administración está intentando encontrar países que los reciban, ya que muchos no pueden ser enviados a sus hogares por temores sobre la seguridad estadounidense o porque allí serían perseguidos.
"Estamos muy satisfechos con el progreso que estamos haciendo en las transferencias al exterior", agregó el funcionario bajo condición de anonimato. No obstante, se negó a dar detalles de las discusiones con otros países para preservar las negociaciones.
"De los 71 que no han sido aprobados para ser transferidos, hay 10 que de hecho enfrentan cargos en el sistema de corte militar", explicó el funcionario. Esto incluye a Khaled Cheikh Mohammed, autoproclamado arquitecto de los atentados del 11 de setiembre de 2001, y sus seguidores.
Los otros 61 prisioneros han sido divididos en dos grupos: 38 están detenidos de manera ininterrumpida y reúnen los requisitos necesarios para que sus casos sean revisados, mientras que otros 23 ya han sido referidos a la fiscalía.
La prisión ubicada en la bahía cubana fue abierta en enero de 2002, durante el gobierno de George W. Bush. Los intentos de Obama de cerrar la cárcel hasta ahora han fracasado por la negativa del Congreso a permitir la transferencia de los detenidos a prisiones en suelo estadounidense para que los enjuicie un tribunal federal.
