Las cámaras de seguridad de la cárcel de Rancagua captaron hace un año cómo funcionarios de Gendarmería golpeaban con palos a unos reos, tras sacarlos de sus celdas, y los llevaban al centro del patio. Allí los agredieron con bastones y puntapiés, mientras los condenados estaban de rodillas.

La dura golpiza, dada a conocer públicamente este miércoles 20 de agosto, es sólo uno de los 450 casos de sumarios administrativos en los últimos 10 años por violencia de uniformados en contra de presos en centros penitenciarios.

A través de un requerimiento presentado por La Tercera mediante Ley de Transparencia, Gendarmería hizo un recuento de los uniformados sumariados por "agresiones contra reclusos" desde 2003 hasta la fecha. De los 450 casos registrados, 308 de ellos están cerrados y 142 siguen vigentes (ver infografía). De esas causas resueltas, 182 terminaron sin sanción: hubo 151 sobreseimientos, 23 absoluciones y ocho casos sin medidas disciplinarias. Esto significa que en un 59% de los casos no hubo culpables.

Además, hubo 120 procesos con sanciones, siendo en su mayoría multas (76), seguidas por censuras (24) y suspensiones (17), llegando sólo a dictaminar tres destituciones durante los últimos 10 años de servicio. Respecto del grado de los involucrados en estos hechos, corresponden a cabos, sargentos, gendarmes, suboficiales, tenientes, capitanes, mayores, alcaides, técnicos y vigilantes.

De acuerdo al coronel José Maldonado, vocero de Gendarmería, los casos se refieren a denuncias de agresión a internos que la misma institución formaliza a través de la investigación. "Gendarmería no ampara ni protege este tipo de situaciones, todo lo contrario. Cada vez que llega una denuncia, se inician los procesos de indagación", señaló.

Consultado sobre por qué la mayoría de las causas terminó sin castigo, dijo que se debe a que "en más de la mitad de los casos no se logra establecer que el hecho sea verídico, que tenga elementos de prueba suficientes para establecer responsabilidad administrativa. Los procesos son abiertos y transparentes".

Sin embargo, indicó que les alarma la cantidad de casos denunciados. "No nos deja contentos la cifra. Cualquier atropello a los derechos humanos es un hecho de suma preocupación", dijo. Así, informó que se está implementando una modificación al plan maestro institucional, el cual tiene que ver con emergencias en los penales, "para garantizar la vida e integridad física de los internos por sobre otras consideraciones. Antiguamente, el objetivo era evitar la fuga". Además, señaló que se está modificando la malla curricular de la Escuela de Gendarmería.

CUESTIONAMIENTOS

"Las cifras dan cuenta de que hay altos grados de impunidad en Gendarmería", dijo ayer Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mientras viajaba de Santiago a la cárcel de Rancagua. Allí se reunió con la seremi de Justicia de la región, Yosselin Moyano; el defensor regional de O'Higgins, Alberto Ortega, y autoridades locales de Gendarmería, para discutir sobre la violencia contra reos en las cárceles.

Fries criticó que la mayoría de los efectivos sancionados fueran penados sólo con multa. "Esto cuestiona la forma en que se traduce la pena. Hay un grado de tolerancia, que lo único que está haciendo es fomentar la reproducción de actos de tortura", señaló. Según Fries, se están haciendo visitas a todas las instituciones de seguridad, entre ellas, Gendarmería y Carabineros, que están constatando la falta de controles internos respecto del actuar de los funcionarios. "Estamos preocupados, lo que pasó en la cárcel de Rancagua no es un hecho aislado. Como instituto hemos presentado 10 querellas por tortura y una de las denuncias más constantes es justamente la de los familiares de personas privadas de libertad", dijo.

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., Amerigo Incalcaterra, también expresó preocupación a raíz del video del penal de Rancagua difundido esta semana. "Que una persona sea privada de su libertad por cometer un delito no es justificación para que sus derechos humanos sean violados. Por el contrario, cuando una persona es privada de su libertad, el Estado, además, es responsable de su bienestar e integridad", dijo.

Incalcaterra pidió una investigación pronta sobre este caso, y que los responsables sean llevados ante la justicia. "Es preocupante que a un año de lo sucedido, las autoridades no hayan avanzado en determinar las responsabilidades materiales e institucionales en estos hechos", indicó.