Dentro de las aristas que aparecieron en el complejo caso Masvida, una serie de millonarios contratos acaparó la atención de los socios médicos en las últimas semanas. Se trata de la compra y posterior arriendo del edificio corporativo donde funcionaba el Diario El Sur de Concepción, por parte de Inmobiliaria Hualpén. Esta firma fue creada en febrero de 2013 por Patagonia Capital, representada por Matías Kunstman, socio junto a Edmundo Soto, de SCK Abogados, la misma empresa que asesoró a EMV hasta el fallido proceso de Southern Cross.

En Inmobiliaria Hualpén, el renunciado presidente de Empresas Masvida, Claudio Santander, y el gerente general, Erwin Sariego, figuraban como representantes para la celebración de contratos de compraventa. De hecho, de acuerdo con las escrituras del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, el 13 de marzo de ese mismo año -a menos de un mes de su constitución- la Inmobiliaria, representada por Santander y Sariego, compró el edificio de El Sur, de 10.229 metros cuadrados, en 129 mil UF (equivalente en ese momento a unos $ 2.900 millones).

Según el documento, el pago se hizo en efectivo a San Antonio S.A, empresa ligada a la familia Maira -ex dueña de Diario El Sur-, siendo una de sus representantes en la compraventa, Amalia Maira, esposa del actual director de EMV, Ricardo Burmeister.

Siete meses después, en octubre de igual año, pero esta vez bajo la representación de José Baüerle, la misma Inmobiliaria Hualpén le arrendó el inmueble a Clínica Universitaria de Concepción -la segunda más grande de EMV-, representada por Santander y, otro de su círculo cercano, Óscar Torrealba. El arriendo se fijó en 1.500 UF (unos $ 34 millones de esa fecha) mensuales los primeros 7 meses, y 2.000 UF desde el octavo mes, lo que equivale a unos $ 67 millones actuales.

Cabe consignar que, en medio de estas operaciones, en junio de 2013 la Inmobiliaria Hualpén modificó su propiedad, pasando el 100% de sus acciones a MV Financial Service Group, firma cuyos socios son EMV (72%) e Infovida, también vinculadas a la dirección de Santander y Erwin Sariego y que hoy está siendo investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

Adicionalmente, documentos de septiembre de 2015 dan cuenta del involucramiento con este inmueble por parte del Fondo de Inversión Privado Biobío Renta Inmobiliaria, entidad que solicitó un préstamo por 95.670,16 UF, unos $ 2.400 millones de la época, dejando en garantía el edificio de Diario El Sur comprado en 2013.

Según consta en textos notariales del crédito, este fondo y su firma representante ante el banco, AD Capital, fueron a su vez representadas por Rodrigo Amézaga y Cristián Steffens. Ambos ejecutivos son también los administradores del fondo privado dueño hoy del Centro Médico Manuel Montt, tras comprar a MV Clínical el 48% de la propiedad que tenía en el establecimiento, el 21 de febrero de este año, en pleno proceso de la fallida operación con Gamma Capital.

Amézaga y Steffens tienen una conocida trayectoria como captadores de inversiones. Amézaga fue gerente general de BCI Corredores de Bolsa y Steffens fue gerente de varias empresas de Socofar -matriz de Cruz Verde, del cual fue socio y director- y también fue director ejecutivo de Salcobrand. Y junto a Matías Kunstman, que fue socio del área de impuestos de KPMG, tuvieron un rol clave en la reconfiguración patrimonial de Jorge Yarur hace algunos años.

Según un documento de marzo de 2014, dentro de los aportantes al Fondo de Inversión Privado Biobío Renta Inmobiliaria figuran Inversiones JBH (10,07%), FIP Beta (6,24%), Inversiones Santa Teresa (23,26%), Inversiones Tauro (27,02%) y MV Clínical (33,40%).

Conflictos

La coincidencia de los nombres detrás de los contratos de arriendo entre la CUC y del centro Médico Manuel Montt, con los respectivos FIP representados por AD Capital y las millonarias cifras de pagos que albergaban, fueron parte de los temas que llamaron la atención de los expertos de Southern Cross cuando estaban en pleno proceso de análisis de la empresa en 2016, según comentan cercanos a estas negociaciones.

De hecho, el logro de un nuevo contrato de arriendo para ambos FIP, en condiciones más favorables al holding, era parte de las condiciones precedentes que no llegaron a cumplirse por falta de entrega de información clara por parte de la empresa, y que llevaron a la caída del acuerdo.

Cercamos al proceso sostienen que el precio pagado en ambos arriendos superaba en hasta tres veces el valor de mercado y que los contratos estaban planteados no como simples arriendos, sino que incorporaban incluso promesas de venta. Algo parecido a contratos de Leasing o créditos, pero a tasas extremadamente elevadas, cercanas a UF+14%. SC en su propuesta proponía renegociar los contratos a una tasa de interés UF+5,5%.