El martes, a las seis de la tarde, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, estaba a más de 100 kilómetros de su oficina. Fue citado por la Comisión de Salud, que ese día sesiona en Valparaíso, para conocer los detalles de la situación que enfrenta Masvida.

Hoy, la isapre "de médicos" lleva seis días intervenida por el regulador, quien tomó este camino tras conocer que la auditora EY quitó el respaldo a los estados financieros auditados para 2015 y, según confidenciaron a la autoridad, no tenían seguridad de los revisados en 2014 y 2013.

Pavlovic determinó que Robert Rivas -quien también fuera el interventor de la Caja de Compensación La Araucana- lidere este proceso, asumiendo las funciones del directorio y la gerencia general. Por ello, ya estuvo en la casa matriz en Concepción y volverá el martes a esa ciudad. El objetivo es normalizar el funcionamiento para que se cumplan los contratos sin dejar de buscar una solución definitiva. El interventor ya se ha juntado con Southern Cross y Nexus, y lo hará mañana con Gamma.

El tiempo corre en su contra: la restricción para que los afiliados- que son hoy su mayor activo- se cambien de isapre termina justo cuando se tiene que presentar el ajuste de precios para este año.

La situación no es sencilla, Masvida concentraba a diciembre de 2016 casi el 17% de todos los afiliados al sistema. Sólo por cotizaciones recibe en torno a $ 30 mil millones mensuales. En febrero migraron 36 mil beneficiarios, por lo que el regulador, buscando evitar la fuga masiva de afiliados y, con ello, agudizar la crisis, instauró el "corralito" para los afiliados por un mes el 2 de marzo pasado.

Rol de la autoridad

"El problema de Masvida partió hace bastante tiempo. Cuando anunciaron por primera vez que requerían un socio estratégico, lo que fue hace más de un año, emitiendo la primera señal de que requerían capital", enfatiza el ex superintendente de isapres Héctor Sánchez.

Para Alejandro Ferreiro, ex regulador del sector, determinar si la actuación fue oportuna "es difícil de dimensionar, porque no sabemos cómo conspira el impacto que podría generar la proactividad pública de la autoridad frente al destino de la isapre. Sobre todo, porque el mayor riesgo es que se le caiga una empresa regulada, por lo que probablemente la prioridad sea buscar medios que permitan salvarla y colaborar lo más posible para que el problema no explote".

Ante este escenario, Ferreiro considera que decisiones como relajar las exigencias de los indicadores, el "no haberle echado leña al fuego" en tiempos de negociaciones, haciendo públicas sus dudas respecto de la isapre, puede responder a no querer "ser un factor que perturbe la opción de que esto se hubiese resuelto con un arreglo de mercado".

No obstante, Luis Romero, ex fiscalizador, cree que el proceso fue muy lento y que la isapre se intervino en una etapa casi terminal; aunque admite que "todos somos generales después de la batalla".

Pavlovic explicó ante los diputados que en enero de 2016 comenzó una supervigilancia especial, que terminó en septiembre con 45 observaciones a la isapre, entre los que cuentan la prohibición de traspasos de fondos entre empresas relacionadas. Además, detalló que la liberación de garantías terminó una vez que la isapre presentó déficits en este indicador por $ 23 mil millones.

El gran problema: los números

El actual regulador reconoció ante los congresistas que "las facultades de intervención de la superintendencia, para pedir información, se limitan a la isapre Masvida. No alcanzan al holding, más allá de la identificación evidente de los dueños. Mucha información que provee Masvida no estamos en condiciones de contrastarla".

Sánchez, en tanto, tiene la impresión de que el regulador "fiscalizaba los estados financieros en un contexto de normalidad, lo que no le permite detectar en forma oportuna los problemas que puede tener una empresa". Por ello, plantea que mientras uno de los posibles socios estratégicos se demoró tres meses en detectar los problemas, "un organismo fiscalizador, que tiene que estar encima y manejar los números igual o mejor que los propios dueños, no detectó en forma oportuna esta situación. Esa es mi preocupación".

Agrega que ello pudo haberse debido a un tema de recursos, de competencias internas, de herramientas e instrumentos de fiscalización financiera que sí han desarrollado otros reguladores, pero que probablemente no la de salud.

No obstante, los ex reguladores concuerdan en que al fiscalizador no le faltan atribuciones, teniendo incluso la facultad de intervenir una isapre.

Ante esto, Sánchez considera que no hay que perder de vista que las superintendencias son organismos eminentemente técnicos y no políticos, independientes y profesionales. Por ello, cree que las competencias de la superintendencia son perfectibles, sobre todo en cuanto a capacidad de regulación de la situación financiera. No obstante, advierte que "a futuro hay que tomar una decisión, de si esta fiscalización continúa a cargo de la Superintendencia de Salud o se podría trasladar a la SVS, por ejemplo".

Romero, en cambio, propone que los superintendentes sean elegidos por Alta Dirección Pública y ratificados por el Senado.

Escenario delicado

Ferreiro advierte que "no sabemos hasta dónde ha sido precisa la información que Masvida ha entregado al regulador. Lo que hizo el auditor al retirar la firma a los estados financieros es reconocer que 'le metieron un gol'. Esto es esbozo de irregularidades por parte de quienes elaboraron los estados financieros de Masvida, pero también de cierta torpeza del auditor financiero. Esto es especulativo, porque no sabemos qué está pasando más allá de lo que se lee en los diarios".

En tanto, Sánchez advierte que existe la posibilidad de que "pudiera haberse entregado una información tremendamente bien estructurada y no correcta, que pueda haber inducido a un error del fiscalizador de no detectar oportunamente este problema". En este caso, enfatiza, las sanciones deben ser ejemplificadoras para evitar que a futuro se repita una situación de esta naturaleza.