El oficio enviado por Gendarmería también expone las cifras de las participantes en el programa de atención a mujeres embarazadas y con hijos lactantes en recintos carcelarios. Hasta septiembre de 2016, 118 mujeres permanecían junto a sus hijos menores de dos años, y 62 estaban embarazadas.
El caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhán, interna que en octubre tuvo a su hija engrillada en una clínica de Concepción, puso en la palestra las condiciones que enfrentan las mujeres en esta situación.
Ante esto, Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, pide flexibilizar la privación de libertad en estos casos y un "centro de acogida que tenga espacios que las ayuden en su rehabilitación".
Román sostiene que se debería priorizar el estado de la mujer y su hijo, por encima del cumplimiento de la pena efectiva en recintos penitenciarios. "Aquellas condenadas por delitos de tráfico, por ejemplo, sería ideal que cumplan su condena en un arresto domiciliario, podemos tenerlas en alguna situación mucho mejor de las que hoy están".
La dirigente gremial agrega que "no se debe descuidar a estas mujeres", pese a que estén condenadas por diversos delitos: "El Estado, que es pionero en derechos maternos, no debiera permitir que la mujer embarazada o lactante haga su condena en la misma situación que un hombre".
El escrito de Gendarmería aclara que en 2016 había 29 establecimientos penitenciarios con secciones materno-infantiles.
De ellos, el C.D.P. de la ciudad de Calama presentaba un estado de infraestructura "deficiente", según el informe.
El Presupuesto 2017 para este programa está cifrado en $ 1.136.768.000, cuya principal utilización en 2016 osciló entre la mejora de infraestructura y la contratación a honorarios de "un equipo operativo permanente de 30 profesionales repartidos en duplas regionales".
Estos actuarían en el trato directo con las internas que son madres y sus hijos.
