Tras el receso del verano, el Ministerio del Trabajo retoma los temas pendientes y en especial los que más fricción generan entre empresariado y sindicatos.
Uno de ellos es el proyecto que regula el uso de varias razones sociales en las empresas, práctica conocida como multi RUT, que lleva cuatro meses en estudio por parte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Pese a las diferencias que despierta, el equipo de la ministra Evelyn Matthei retomó los contactos para lograr un texto consensuado que llevar al Congreso antes del 21 de mayo y los abogados de la CPC y CUT se han reunido por el tema en oficinas de la cartera.
Su idea es cumplir con el compromiso que tomó en su primera cuenta pública el Presidente Sebastián Piñera, de legislar en el tema en su primer año de mandato.
Las mismas fuentes explican que Matthei impulsará la iniciativa sólo con un principio de acuerdo CUT-CPC en los puntos gruesos, a fin de evitar un revés político que complique otras apuestas clave en la agenda social del gobierno como la extensión del posnatal y la eliminación de la cotización en salud para los jubilados, que será anunciado la próxima semana.
Puntos de discordia
El borrador busca que trabajadores de empresas vinculadas negocien colectivamente. Para eso define como una sola firma a dos o más empresas que, estando unidas entre sí, presenten tres condiciones: "Tengan el mismo giro de actividad, se comporten como un único empleador en el ejercicio del poder de dirección laboral y se encuentre vinculadas permanentemente entre sí, a través de una gestión común respecto de políticas laborales, operacionales o comerciales", cita el texto.
Pero hay reparos. La CPC rechaza la modificación que se plantea al artículo 507 del Código del Trabajo, donde se señala que quien use subterfugios para ocultar, disfrazar o alterar "su individualización o patrimonio" para eludir leyes laborales y previsionales será multado con 10 a 300 UTM (de $ 377.940 a $ 11.338.200). Hoy la sanción es de 10 a 150 UTM ($ 5.669.100).
Tampoco están de acuerdo con que se proponga que ante el uso de multi RUT para eludir un derecho laboral, un trabajador o sindicato vayan directo a los tribunales laborales sin necesidad de acudir previamente a la Dirección del Trabajo (DT).
En la CUT, en tanto, no hay opción de acuerdo si las multas no suben y se saca del texto la posibilidad de que el trabajador lleve a su empleador a la justicia sin intermediación de la DT.
Tampoco están de acuerdo con el planteamiento del borrador en el sentido de que al sancionar el uso de múltiples razones sociales y restringirlas para la negociación colectiva se busque ampliar los temas de negociación hacia los salarios y jornadas especiales distintas a las que permite la ley.
El jueves último estaba programada una reunión entre la ministra Matthei y el presidente de la CUT, Arturo Martínez, pero se postergó y podría tener lugar en las próximas dos semanas.
