Máximo Pacheco, empresario, ex directivo de una de las mayores empresas forestales del mundo y actual ministro de Energía, confiesa que al principio, cuando la Presidenta Bachelet le ofreció el cargo, pensó que se trataba de una compleja cartera técnico sectorial. Pero cuando la gente lo empezó a parar en la calle y le decía que ahora era "el ministro de la cuenta de luz", cambió de opinión: "Este es un ministerio más bien social", pensó. Pero las semanas de paulatino empoderamiento, la lectura de todos los informes, textos y documentos que se han escrito sobre la crítica situación energética de Chile, y las múltiples reuniones con actores de la industria y la sociedad, le han llevado a concluir que se trata de un ministerio bastante más político. "Porque el Estado y este ministerio no han sido capaces de articular las voluntades que se requieren para construir los consensos. En este sector estamos llenos de todo tipo de vetos: territoriales, indígenas, ambientales, ideológicos", señala.

Por eso defiende un rol más activo del Estado en la construcción de una agenda energética que permita tener la generación suficiente, a menores costos y mayor competencia. "Hay gente que me advierte de no pasarme una línea del rol subsidiario del Estado, una línea que como gobierno ya pasamos y todos aquellos que votaron por la Presidenta Bachelet", advierte.

Entrevistado en Qué Pasa en enero de 2013 usted decía que "una de las deudas del gobierno de Sebastián Piñera ha sido resolver el déficit energético". ¿La solución a este problema pasa efectivamente por las manos del Ejecutivo? ¿Usted lo puede resolver?

No tengo ninguna duda de que este país basó su estrategia energética en creer que esto se podía desarrollar solamente con el sector privado, dejando al Estado y al Ministerio de Energía como un espectador sentado en la tribuna. Eso nos ha costado caro, porque estamos en una situación extraordinariamente crítica en materia de déficit de infraestructura energética. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía, que además se ha agravado seriamente en los últimos cuatro años. No hay ningún país del mundo que piense que se puede hacer política energética ni desarrollar una estrategia energética sin un rol activo del Estado.

¿Tiene el Estado las herramientas para desarrollar esa estrategia o requiere nuevas atribuciones?

Pienso que las tiene, pero no las queríamos usar, tal vez por prejuicios, razones ideológicas o por temor. El Estado tiene todas las herramientas necesarias para planificar el desarrollo energético y voy a dar un ejemplo. A fines del año pasado, en el Congreso se aprobó una ley que establece que al año 2025, el 20% de la matriz de electricidad tiene que provenir de fuentes de energía renovables no convencionales. Eso es exactamente lo que al Estado le corresponde hacer. Primero, dar su visión. Segundo, planificar. Tercero, crear las condiciones para que consigamos esas metas. Dejar esto al simple ejercicio de las fuerzas del mercado no funcionó. Incluso pensamos que dejando ausente al Estado íbamos a conseguir la energía suficiente, a costos razonables y con un mercado competitivo. Mire el resultado: no tenemos energía suficiente ni costos razonables y somos un país donde la Fiscalía Nacional Económica ha declarado a los sectores salud y energía como sus principales focos de atención.

En ese rol más activo que asigna al Estado en energía, ¿incluiría intervención directa en generación, transmisión o distribución?

El Estado tiene un primer rol que jugar en la planificación que necesita este sector para contar con una estrategia relacionada a un servicio público. El Estado debe dar una visión y monitorear cómo se va desarrollando esta estrategia. El hecho de que la Presidenta Bachelet comprometa, entre las primeras 50 medidas de su gobierno, una agenda de energía que se pondrá en marcha a contar de 2014, que compatibilizará las necesidades de producción y el respeto del medioambiente, constituye una señal muy clara de que nosotros, como Ministerio de Energía, vamos a sentarnos en la mesa y participaremos proactivamente en esta discusión. Yo, en lo personal, intentaré ser un gran articulador de acuerdos.

¿No teme que cuatro años sea un período muy breve para una agenda tan ambiciosa? Después de todo, el gobierno anterior también elaboró una estrategia nacional de energía, pero consiguió pocos avances.

Una de las cosas que más me ha impresionado en estas seis semanas, desde que se anunció mi designación como ministro de Energía, es que en este sector está casi todo diagnosticado. Es de los sectores de la sociedad chilena, tal vez por su tamaño y relevancia, donde se han hecho todos los posibles estudios y consultorías técnicas y jurídicas. Lo que aquí falta es que construyamos los consensos. No es suficiente que se prepare un documento de estrategia nacional a 30 años si no se ha conversado con la sociedad. No fue una estrategia que asumiera, como base, que estos son procesos sociales. No es una definición técnica. Los técnicos en Chile están completamente de acuerdo.

O sea que a este ministerio le ha faltado política.

Yo aspiro a ser un hombre que escuche, que ayude a articular los acuerdos. Esto se los dije a los integrantes de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria que me visitaron esta semana: aspiro a ser un catalizador, capaz de producir una transformación catalítica. Y esa, según la definición, es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. No pretendo que las personas cambien su opinión, lo que sí me parece muy importante es que busquemos las áreas donde hay consenso y empecemos a desentrampar esta discusión. Este país necesita el desarrollo de la infraestructura energética. Menciono un solo dato: cuando la Presidenta Bachelet deja el gobierno en marzo de 2010, había en el Sistema Interconectado Central (SIC) centrales eléctricas en construcción por más de dos mil megawatts. El ex Presidente Piñera entrega a la Presidenta Bachelet el gobierno con 1.300 megawatts en centrales en construcción. Este país necesita todos los años 450 megawatts adicionales para sostener las necesidades de la población y la industria. El gobierno del ex Presidente Piñera no solamente no aumentó el número de proyectos necesarios para sostener una demanda creciente, sino que se comió la mitad de la despensa. ¿Qué país puede aspirar a crecer sin la base del crecimiento, como es la energía? ¿Cómo podemos estar tranquilos con este cuadro? Además, de los proyectos en construcción, hay un número significativo de centrales de energías renovables no convencionales, que tienen como factor de planta cercano a un 25%. No es lo mismo estar construyendo centrales con factor de planta de 90% que centrales que las podemos usar cuando hay sol o viento. Son muy importantes de construir en el mix del portafolio de generación, pero aquí quiero decirlo con todas sus letras: el legado del ex Presidente Piñera en materia energética es unánimemente muy pobre y lamentable.

Una de las razones a las que apelan las autoridades anteriores para explicar este déficit es la llamada judicialización de proyectos. ¿Qué relevancia le asigna?

En el ánimo de alguien que pretende ayudar a calmar los ánimos y construir consensos, no quiero centrar mi discurso en enrostrar ni culpar a nadie. Lo que sí quiero constatar es que esto es lo que estamos recibiendo. Cuando no hay canales institucionales, la sociedad termina manifestando sus opiniones de distinta manera: a través de la justicia, la calle, etc. Para que nosotros tengamos una estrategia energética necesitamos validarla socialmente. Aquí hay muchas discusiones pendientes: he mencionado los problemas territoriales, indígenas, ideológicos. Pero no vamos a conseguir destrabar esta discusión sin confianzas. Soy un convencido de que el crecimiento económico tiene dos pilares: la energía y la confianza. Los países que se han desarrollado, y está comprobado, son aquellos donde existe confianza y esta se expresa en las instituciones. El crecimiento futuro de Chile pasa por recuperar la confianza de la sociedad para tratar estos temas de la manera más adecuada posible.

¿Cómo hacerlo cuando los actores se muestran en posiciones tan distintas? Por un lado están quienes rechazan las energías de base, como las termoeléctricas, y otros que las plantean como la única solución para el corto plazo.

Lo primero es producir la conversación. Una de las cosas que me ha llamado la atención en estas semanas es que estos grupos están completamente cerrados, a pesar de que todas las personas me dicen que este es un gran tema estratégico que Chile necesita resolver con un criterio de país. He tenido reuniones, por ejemplo, con los rectores de las universidades de Chile y Católica y les pregunté: ¿dónde están las universidades si este es un tema tan estratégico? ¿Cómo conseguimos que las universidades chilenas se transformen en plataformas para generar estas conversaciones? El miércoles estuve en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Energía, y ahí les comenté que una de las cosas que más me ha impresionado es que desde el primer día que se conoció mi nombramiento la gente me dice: valiente usted, el problemita en que se metió. Y los diputados me reconocieron que aquí hay un problema y que es prioritario resolverlo.

Sara Larraín, tras salir de una reunión con usted, dijo textual que, "al ministro le quedó claro que el desarrollo eléctrico no puede seguir siendo sólo con fines de lucro". ¿De verdad le quedó claro eso? ¿Hay un problema con el lucro en el sector energético?

El sector privado en Chile es el responsable principal del desarrollo de los proyectos. Chile tenía una empresa estatal, que era Endesa, que se privatizó y dividió en generación, transmisión y distribución para tener energía suficiente, a precios razonables y un mercado competitivo. Crear competencia fue uno de los objetivos de la regulación que se estableció previo a esa privatización. Pero esa es una tarea pendiente. Uno de los pilares de nuestra estrategia necesariamente será el introducir más competencia en este mercado, no sólo de nuevas tecnologías, sino también de nuevos actores. Vamos a buscar la forma, a través de las bases de licitación que administra la Comisión Nacional de Energía, de dar un fuerte impulso a la rebaja de las barreras, de manera de asegurar la entrada de nuevos actores, nuevas tecnologías y, de esta manera, construir una matriz energética más diversificada.

Vuelvo a una pregunta que quedó pendiente, ¿en esa función, podría el Estado cumplir un rol activo como un actor más?

El programa de gobierno no considera formar una empresa de energía. Es muy importante que en esta discusión no construyamos ni caricaturas ni fantasmas. Es muy importante que la gente no escuche lo que quiere escuchar, sino lo que estamos diciendo.

Pero el programa sí asigna un rol clave a Enap, ¿cuál sería ese papel?

Déjeme decirle algo sobre Enap. Yo soy el presidente del directorio de Enap. Me reuní antes, en el marco del proceso de traspaso, con el presidente saliente de la empresa y el gerente general. Antes de que me mostraran una presentación, les hice una pregunta: ¿cuál es el índice de frecuencia de accidentes que tiene esta empresa? Y me informaron que era de 4,5. Que el año 2013 hubo tres accidentes fatales y 86 accidentes con tiempos perdidos. Les dije que para mí, como presidente de esta compañía, la primera prioridad es terminar con los accidentes. Hoy en el mundo las empresas modernas tienen cero accidentes. Porque no es moralmente aceptable reclutar gente para que corra riesgos de vida o accidentes en su trabajo.

Como tampoco tiene sentido tener una empresa con cero accidentes, pero que no es rentable.

Mi experiencia como ejecutivo de empresas es que la fundación sobre la cual una empresa se crea es la seguridad laboral. Es cuando usted tiene bases sólidas en materia de seguridad laboral que usted comienza a ver que esa es una empresa sólida en mantención, productividad, organización y clima laboral.

Por cierto, pero no basta con eso. La empresa tiene que tener un objetivo.

En esta materia no se va a equivocar conmigo: esta será la prioridad número uno para Enap. Este fin de semana estaré en Magallanes para reunirme con dirigentes sociales, políticos y ciudadanos. Magallanes es una zona extraordinariamente especial en Chile. Sabemos, además, que Enap es muy importante en esa zona. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos de exploración para buscar formas de conseguir que el país no tenga la dependencia que tiene hoy en combustibles fósiles. Somos el país más pobre de América Latina en recursos energéticos de base. Este es un elemento central de nuestro diagnóstico.

Pero usted dijo que los diagnósticos están todos hechos y sobre nuestro potencial de combustibles fósiles también y no son auspiciosos.

Pero hemos ido aumentando significativamente el presupuesto para exploraciones de Enap...

Sin mayores resultados...

Bueno, pero usted sabe que en estas materias las cosas pasan de un día para otro. Porque sin resultados mayores fue lo que le pasó a Escondida por muchos años, hasta que de repente pinchó algo extraordinario.

Pero vuelvo al rol activo que el programa asigna a Enap, ¿incluye -por ejemplo- usarla de herramienta para introducir competencia en algún mercado? ¿Tiene un proyecto de generación, por ejemplo?

Pero ese proyecto surge porque Enap necesita energía para sus propias operaciones a un costo más barato que el actual. Enap es una empresa que hoy está jugando, por ejemplo, con todos los terminales de GNL. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que dispongamos del GNL que necesitamos en Chile, a través de la ampliación de los puertos que tenemos o de otros puertos y abriendo el acceso al GNL para otros actores.

El acceso está abierto, pero depende de contratos de largo plazo, porque quienes invirtieron grandes sumas defienden sus intereses frente a quienes utilizan las instalaciones sin haber asumido los costos de inversión.

El costo de inversión se puede perfectamente incorporar a la tarifa. Usted no necesita usar ese argumento, porque en realidad esconde otra realidad: que el club quiere seguir siendo cerrado. A través de política pública, de nuestras instalaciones y de la gestión de este ministerio, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para introducir más competencia y no solamente al mercado de electricidad, también al mercado del gas.

Vuelvo a su descripción sobre el desarrollo del mercado eléctrico en Chile y me quedo con la sensación de que describe una suerte de laissez faire, donde el Estado no tuvo ninguna injerencia, cuando en realidad estamos hablando de un sector regulado.

Regulado no. Aquí la generación está parcialmente regulada, la transmisión y la distribución están reguladas. No está regulado el gas. No sé si hay otro país donde el gas no esté tarificado.

Pero tampoco podemos decir que el Estado no tuvo ninguna participación. Hubo fijaciones de precios, señales de precios que impactaron en las inversiones.

Lo que quiero decir es que nosotros, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de que aquí necesitamos repensar esto y hacerlo de alguna manera diferente.

Usted ha dicho que la discusión no debe centrarse en HidroAysén, pero ese proyecto sigue dominando la agenda. En la misma entrevista de marzo de 2013 usted dijo que "HidroAysén no está muerto" y este año señaló que "HidroAysén es un proyecto que tiene muchas dudas". ¿Qué frase lo interpreta mejor ahora?

La frase primera me parece perfectamente comprensible. En ese momento el senador Allamand había declarado que HidroAysén era un proyecto muerto y yo comenté que aún estaba en todo el proceso de discusión y aprobación de sus permisos. Lo que dije fue una cosa obvia: que estaba dentro de un canal institucional. Esa frase no corresponde sacarla del contexto. El proyecto está todavía viviendo todo el proceso institucional de aprobación.

¿En 60 días se resuelve, definitivamente, el futuro de HidroAysén?

El Consejo de Ministros es la instancia final para revisar el proceso administrativo del proyecto en todas sus etapas. El Consejo de Ministros del gobierno anterior decidió que 17 reclamaciones no eran atendibles y que respecto de 18 reclamaciones, para mejor resolver, debía hacerse un par de estudios. Uno de los estudios solicitados se refiere al impacto de este proyecto en el cauce del río. ¡Pero si es un proyecto hidroeléctrico! ¿Vamos a necesitar resolver el tamaño del muro y cuántas turbinas necesita? El estudio que se pidió no es de ingeniería de detalle o ingeniería básica, es un estudio de ingeniería conceptual. Esa decisión debía ser declarada inválida, porque tiene un viso de ilegalidad. Nosotros, como última instancia, somos responsables de resolver si se ha seguido todo el proceso administrativo, no podemos empezar a tomar unas reclamaciones y otras no, debemos analizar las reclamaciones en su conjunto. Esta fue una chambonada y, por lo tanto, lo que hemos hecho es volver este proyecto a su cauce normal.

¿No está prejuzgado el proyecto, considerando las declaraciones suyas y de la propia Presidenta?

No y por eso es que en 60 días vamos a ir al fondo del proyecto. Vamos a ver el conjunto de reclamaciones en su mérito y resolver si ese proyecto, en función de las reclamaciones, puede o no ser aprobado.

¿Pero usted cree que HidroAysén, con todo el impacto ciudadano que ha generado, tiene opción de ser aprobado?

A mí lo único que me importa es que soy miembro de ese consejo y no me voy a inhabilitar con mi voto en esa decisión por anticipar mi opinión. Sí puedo garantizar que pondré todo mi esfuerzo para meterme en el fondo del proyecto, basado en todos los estudios que se han hecho, para tomar una decisión junto a mis colegas del Consejo de Ministros. Y no nos vamos a tomar dos años y medio para hacer eso.

En otras palabras, respeto de la institucionalidad de punta a cabo.

Hemos vuelto, finalmente, este proyecto a ese cauce.

Hago la afirmación por el impacto que tuvo en el sector la intervención del gobierno anterior en el caso Barrancones.

Eso en Chile pegó muy fuerte. Un frenazo de las inversiones en el sector eléctrico. Ese fue un punto de inflexión, que hizo un tremendo daño a la institucionalidad. Uno de los problemas que tenemos en este sector es el debilitamiento de la institucionalidad y ello impacta por dos lados: a los inversionistas, que no entienden por qué no se cumplen los procesos establecidos, y por el lado de la sociedad en su conjunto, que quiere certeza de que los proyectos se aprueban tras una evaluación ambiental conforme a las normas, siguiendo todos los procesos y estudios y respetando la opinión de las comunidades. Es importante que todos convengamos en que la gestión social y ambiental en Chile debe ser mejorada y, en este caso, hay una tremenda responsabilidad de la empresa privada.

Usted hizo referencia a la cantidad de proyectos aprobados durante la administración anterior de Bachelet. La mayoría fueron termoeléctricos, una opción que despierta muchas críticas de sectores ambientalistas.

La historia dice que en 2004 teníamos un gas barato, cuyo suministro se cortó. Hubo que poner en acción un plan de emergencia y construir capacidad instalada de reemplazo. Pero obviamente, ahora debemos tener una revisión del tipo de matriz energética que queremos para Chile, que incluya, de manera equilibrada, las distintas fuentes para generar energía eléctrica y que cuidemos muchísimo el costo al cual Chile va a tener la electricidad, porque esto impacta en los presupuestos de las familias, en las empresas y en el crecimiento económico. Para las empresas no hay impuesto más alto que un alto costo de la energía.

¿Le perturba lo que ha visto en materia de conflictos al interior de la Nueva Mayoría y que han quedado reflejados en los problemas de instalación del nuevo gobierno y nombramiento de algunas autoridades?

La verdad es que me llama mucho más la atención la habilidad que hemos tenido en Chile para construir una nueva coalición. Cuando hace cuatro años se perdió el gobierno mucha gente decía que sería una travesía por el desierto que duraría una década, por lo menos. Creo que una vez más se ha demostrado que tenemos el talento político suficiente y la capacidad para construir una coalición muy amplia, y es bueno que así sea, donde ha habido un recambio generacional evidente. Me admira más eso que los incidentes que no van a lo realmente sustancial.