Duras sanciones contra los médicos que extiendan licencias falsas incluye el proyecto de ley sobre esta materia que tiene listo el Ministerio de Salud. La regulación, que será ingresada el martes 15 de diciembre al Parlamento, se presentará luego de que la Superintendencia de Seguridad Social denunciara a 86 médicos, por emitir unas 500 mil licencias fraudulentas en los últimos cuatro años.

La normativa, a la que tuvo acceso La Tercera, incluye mayores atribuciones en lo penal para los tribunales que revisan los casos: se establece que cuando un doctor sea formalizado, quedará impedido de emitir licencias durante la investigación. Si es condenado, la suspensión durará toda la sentencia.

La subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, quien ha coordinado la iniciativa junto a un equipo multisectorial, adelantó que una de las penas más graves se aplicará cuando se presenten casos de reincidencia en estas prácticas irregulares: se inhabilitará al médico en forma perpetua para otorgar los beneficios.

No es todo. Los doctores deberán ser solidariamente responsables "del reembolso de los montos que hagan perder al Fisco, lo que hasta ahora no está contemplado en la normativa", explica Vega. En el sistema público, los permisos son financiados por todos los cotizantes. El medio millón de licencias fraudulentas detectadas tuvo un costo de $ 42 mil millones.

El proyecto establece, también, facultades especiales para las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), que podrán suspender la venta de formularios de licencias cuando un profesional no colabore con una investigación en su contra.

La iniciativa, además, explicita que los pacientes que reciban licencias falsas tendrán penas de cárcel similares a las de los profesionales (de 61 días a tres años).

El proyecto también incluye que exista una sanción de tipo administrativa por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. Este organismo podrá investigar casos a petición de las secretarías regionales ministeriales de Salud, de Fonasa, de las Compin y de otras entidades de salud. Concluidas esas indagaciones, el organismo podrá cursar multas que van entre 10 y 100 UF (hasta $ 2,1 millones) y la suspensión para otorgar estos permisos.

La iniciativa estipula, también, que los infractores sean eliminados del Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Salud.

DEBATE
El director del Instituto Salud y Futuro de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, explica que la regulación es necesaria debido a la histórica falta de control en el sector público, que ha llevado a un alza de 80% de permisos entre 1998 y 2008, versus el sector privado. "La supervisión debe fortalecerse. Las cifras indican que la supervisión en el sector privado redunda en que hay sólo un 15% de aumento de tasa por este concepto en 10 años", añade.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mariano Ruiz Esquide, comenta que, además de las penas, el proyecto también debe incluir otras áreas. "No queremos sólo sanciones en este proyecto para quienes cometen ilícitos, sino que cambios, como que se elimine el no pago de los tres primeros días de licencia, debido a que ello incentiva que pacientes pidan un mayor período".

Marco Antonio Núñez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, apoya el aumento de fiscalización, pero explica que es partidario de que se incorpore la licencia electrónica en el proyecto. Asegura que un mecanismo de este tipo dará más transparencia e indicará quién entrega permisos, cuántos son y quiénes los reciben.